El candidato a la reelección en el ayuntamiento de La Viñuela (Málaga), José Juan Jiménez, aparece en el cartel informando al votante: “We are like you. Somos como tú”. Le va la reelección en el bilingüismo: 512 de 1.484 electores en La Viñuela son extranjeros, todos ellos procedentes de países de la Unión Europea. Jiménez lidera el PSOE y va acompañado de Ria O'Brien, en el número 4 de su lista; también el PP incorpora dos extranjeros. Pero Ciudadanos se lleva la palma: su lista está encabezada por Phillip Smalley, al que siguen Fernando Montero y una ristra de apellidos británicos: Miles, Munns, Jenkinson, Lynch, Proud y Reynolds.
Todos son socios de Save Our Homes Axarquía (SOHA), una asociación de propietarios de viviendas irregulares a la que el partido de Albert Rivera ha prestado sus siglas. El portavoz, Mario Blancke, se presenta como cabeza de lista en Alcaucín (491 de 1.709 electores) y Bernd Krause es el número 2 en Canillas de Aceituno (111 de 1.248).
SOHA decidió concurrir a las elecciones municipales con Ciudadanos antes de comprobar su ascenso fulgurante en las encuestas. La presidenta de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (“nuestra asociación hermana en Almería”) se unió en enero al PSOE de Albox, así que entendieron que ya contaban con influencia entre los socialistas. No les pusieron condiciones y entendieron que encajaban en el proyecto. Sin embargo, Blancke matiza: “Siempre vamos a ser gente rebelde. La disciplina de partido la entendemos como algo relativo. Nos sentimos bastante libres y si hay algo en lo que no estamos de acuerdo lo vamos a luchar”.
Belga y enfermero de profesión, lleva 25 años en España, los suficientes para pedir “la multa” al camarero del bar. Los últimos cuatro ha sido concejal en el ayuntamiento de Alcaucín, como independiente de Los Verdes. Dicen que fue el primer edil de Urbanismo que nada más entrar pidió la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) y que se ha tomado muy a pecho su trabajo. Se valora su tenacidad. Le iba la casa en ello: “He comprobado que desde las instituciones se te abren las puertas mucho más fácilmente”.
Sin embargo, un problema no hace programa. “Por supuesto que no. Tenemos también propuestas de empleo”. Phillip Smalley, candidato a la alcaldía en La Viñuela y presidente de SOHA, destaca el potencial que ofrece la zona para el turismo de tercera edad y la atención de personas con discapacidad.
“La incorporación de extranjeros entre los candidatos es una forma de granjearse la atención por parte de los partidos autóctonos (…) de los electores potenciales de la misma nacionalidad o condición foránea”, destacaba un informe firmado en 2011 por Rafael Durán y Ángel Rodríguez, investigadores del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones de la Universidad de Málaga.
El mismo documento destaca que la tasa de abstención de los extranjeros es más alta que entre los españoles. A veces no manejan el idioma o son residentes a tiempo parcial. Además, deben seguir un proceso de registro para votar por primera vez, y en ocasiones no se sienten concernidos por la política local. 463.765 tienen derecho a voto en estas elecciones.
La asociación como catalizador del voto
La asociación como catalizador del votoEn los bares de La Viñuela se habla de papas y naranjas a un lado y de la reciente victoria tory en las elecciones británicas, al otro. En casi todas las mesas se escucha inglés. “Tapas: un euro. Mirar dentro/Look inside”. En la gasolinera, un cartel ilustrado con un Quijote convoca a una explicación de la influencia de los políticos municipales, recordando que Blancke logró entrar en el equipo de gobierno en 2011 y Smalley no. Convoca SOHA. Debajo hay otro anuncio en inglés: “We have hundreds of villas for sale” (cientos de cortijos en venta).
SOHA surgió en 2006, justo después de la primera sentencia firme que declaraba la nulidad de una licencia urbanística como las concedidas durante años por los ayuntamientos. La nulidad implica, en principio, el derribo de la vivienda. Ni los abogados informaban de la irregularidad de construir en terreno no urbanizable, ni los notarios lo advertían, ni la Junta de Andalucía, con potestad sancionadora, ponía trabas. “La Junta de Andalucía tomaba fotos aéreas. A estas alturas ya nadie lo niega: todos vieron lo que pasaba y nadie lo paró”, recuerda Blancke. Todos ganaron con la ceguera. La Junta de Andalucía calcula que hay entre 300.000 y 500.000 viviendas irregulares y Blancke cree que hay unas 1.000 viviendas afectadas en su pueblo.
Blancke explica que el colectivo suele votar en bloque sin que le importe demasiado la ideología. Si esta tesis se cumple, cuenta incluso con opciones de alzarse con la victoria. “Bueno, esto es lo que ingleses llaman wishful thinking. Soñar un poco… Porque hay gente del colectivo europeos que no nos va a votar”.
Para compensarlo, los candidatos de Ciudadanos tratan de convencer al nativo enfatizando que después de tantos años en España son tan españoles como el que más. Sin embargo, asumen que hay quien los ve con desconfianza. Algunos de los carteles de Smalley en La Viñuela están arrancados. “¿Todos los candidatos hablan español?”. “Bueno, unos mejor que otros…”, concede.
El nativo trata de acercarse al foráneo, que trata de acercarse al nativo. “We are like you”, dice el cartel del PSOE. “Llevo 25 años en España y mis raíces ya están aquí; además, el resto de nuestros candidatos son españoles, gente del pueblo. No todos somos bichos raros”, replica Blancke mientras se ríe de su ocurrencia.
Unas 1.000 viviendas en Alcaucín están en suelo no urbanizable y su existencia en riesgo, según los cálculos de Mario Blancke. 350 de ellas han sido catalogadas como asentamiento y quedarán salvadas por el próximo PGOU. El resto seguirá siendo, por ahora, ilegal y estará expuesto al derribo. El Decreto dictado en 2012 por la Junta de Andalucía es, según Blancke, un “arma de doble filo”, porque contiene la obligación para los municipios de realizar un inventario de las viviendas, lo que implicaría que muchas de ellas puedan ser declaradas como asimiladas a fuera de ordenación y sus licencias anuladas. El artículo 319.3 del Código Penal obliga a los municipios a indemnizar a los propietarios de buena fe y eso es algo que “ningún pueblo de Andalucía puede asumir. Hablamos de miles de millones. Es imposible. Hay que buscar una solución razonable”.
“Los ayuntamientos temen las demoliciones”, reconoce, así que prefieren guardar la orden en un cajón y ejecutar únicamente los derribos de viviendas construidas sin ninguna licencia o aquellas sin terminar. Blancke pide un cambio legislativo para acabar con la inseguridad. Sabe que la solución no satisfará a todos, y que es probable que no deje contento a ninguno, empezando por propietarios y ecologistas. “¿Puede que algún chorizo se beneficie? Es probable. Yo no puedo poner la mano en el fuego por los demás, pero yo no he pagado ninguna comisión a nadie”.