Durante 2013, los cerca de 300 inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social que hay en Andalucía llevaron a cabo 40.399 inspecciones destinadas a aflorar empleo irregular en empresas. El resultado es sorprendente: “En torno al 23% de ellas dan resultado de fraude en empleo irregular”, asegura un responsable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). O lo que es lo mismo, una de cada cuatro empresas inspeccionadas mantiene trabajadores sin dar de alta, cotizando por menos horas de las que en realidad trabaja con contratos que no se corresponden con la realidad, etcétera, etcétera, etcétera.
El año pasado, según explica la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ese 23% de fraude descubierto “supuso aflorar 15.634 empleos no declarados, un 12,3% más que en 2012. Ha sido un trabajo importantísimo y un esfuerzo enorme”.
La muestra para realizar el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), considerado como muy fiable en términos estadísticos, fue de 2.500 entrevistas realizadas en 239 municipios y 49 provincias españolas. Aún así, desde la ITSS se apresuran a explicar que ese 23% de empleo irregular detectado en sus 40.000 inspecciones en las ocho provincias andaluzas “no es extrapolable”.
Entonces, ¿cuál es el nivel de empleo irregular? “No se sabe exactamente el empleo irregular, y no hay forma de saberlo en este país. Los inspectores pensamos que hay mucho más fraude del que detectamos, pero en ello hay sin duda un componente de deformación profesional. Somos incapaces de saberlo. Lo que es cierto es que lo hay, tanto en la pequeña como en la mediana y gran empresa”, responden desde la ITSS.
A Federico Duran, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Córdoba, y hasta hace unos meses máximo responsable del departamente laboral del bufete Garrigues, uno de los más importantes en la defensa de los intereses de las grandes empresas, no parece sorprenderle: “Un 23% parece mucho. Pero coincide con la cifra que se da de economía sumergida”.
En cambio el también catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón, sí se reconoce “sorprendido” de lo elevado de la cifra, y coincide en que “sería arriesgado extrapolarla”, porque “la encuesta, en parte, está segada en la medida en que han seleccionado el tipo de empresas en que creen que encontrarán fraude”.
Hostelería y comercio
¿Dónde, pues, hay más fraude? Todos, expertos, sindicalistas e inspectores, coinciden en que lo que más está creciendo no es el fraude total, es decir, el de trabajadores sin dar de alta, sino el parcial. “El trabajo a tiempo parcial se ha convertido en un instrumento que no es de flexibilidad, sino que esconde la gran bolsa de fraude. Habría que investigar por qué dos millones de personas tienen contratos de dos horas. ¿Quién trabaja dos horas en España?”, se pregunta un inspector de trabajo que prefiere mantener el anonimato.
De hecho, ya están en ello. Pastora Filigrana, activista social y abogada laboralista de la cooperativa Jarsia Abogados, explica que, en su experiencia, trabajadores con contratos a tiempo parcial que trabajan “jornadas de ocho, diez, o doce horas, es algo muy común en el sector de la hostelería. También se ve en el comercio”. Para Filigrana, “lo primero que llama la atención es la normalidad con la que ocurre, y lo interiorizado que lo tienen los trabajadores”.
Pues este año, según explica el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, el Plan de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para Andalucía durante 2014 prevé realizar 42.581 inspecciones en busca de empleo irregular, “que se centrarán especialmente en el comercio, la hostelería, los servicios y la construcción”. Exactamente, 8.082 inspecciones, la mayor parte, en la hostelería, y 7.170 en el comercio. Y ya a una gran distancia, 4.370 inspecciones se llevarán a cabo en el sector servicios, y 3.500 en la construcción.
A ello hay que sumar, añade Maldonado, que de las 13.110 inspecciones que se realizarán contra el fraude a la Seguridad Social, “cerca de 3.400 estarán centradas en el fraude en la contratación, con el objetivo último de potenciar la transformación de contratos temporales en indefinidos”.
Horas extraordinarias
El catedrático Cruz Villalón encuentra en la Encuesta de Población Activa (EPA) la prueba de que hoy día el fraude no es tanto por no cotizar a la Seguridad Social, como por trabajadores dados de alta pero cotizando por menos horas de las que realmente están trabajando. Así, explica que el número de 16,5 millones de trabajadores dados de alta según la Seguridad Social “casi coincide plenamente” con la cifra de asalariados que da la EPA. “Y la EPA refleja tanto el empleo regular como el irregular. Por lo tanto si hay coincidencia entre EPA y afiliados en alta, significa que hay poco empleo irregular absoluto y hay muchísimo empleo irregular parcial”, concluye.
Además, explica Cruz Villalón, la EPA del último cuatrimestre refleja también que se ha disparado el número de horas extraordinarias no retribuidas realizadas por los trabajadores: “De modo que, en un año, ha aumentado del orden del 23% los trabajadores que realizan horas extraordinarias que no se le pagan, y si no se le pagan, menos todavía se cotiza por ellas”. (Ver gráfico)
Efectivamente, a finales de 2012, un total de 322.400 trabajadores declaraban en la EPA realizar horas extraordinarias no pagadas. Al terminar 2013 esa cifra había subido hasta los 418.800. Es decir, un 23% más, que se traduce en 100.000 trabajadores más en España haciendo horas extraordinarias sin cobrarlas. “El porcentaje de trabajadores que realiza horas extraordinarias sin cobrarlas, sobre el total de los que hacen horas extraordinarias, ha crecido en un año del 55 al 58%”, añade Cruz Villalón.
Cruz se suma a la opinión extendida entre los expertos de que el actual repunte en el empleo irregular está directamente relacionado con el inicio del fin de la recesión: “Las empresas tienen más encargos de trabajo y, por tanto, necesitan más horas. Pero los ingresos económicos son a posteriori; ¿qué hacen? explotan al que tienen, incrementando las horas extra que no les pagan, o contratando a tiempo parcial y exigiendo más horas de las pactadas para que el coste sea menor”.
Decreto tiempo parcial
El Gobierno de Mariano Rajoy es plenamente consciente de ello. De hecho, su última reforma de las normas laborales, un decreto publicado el pasado 20 de diciembre de 2013, flexibiliza aún más la contratación a tiempo parcial, con el fin de potenciarla.
“De paso, también flexibiliza las horas extraordinarias y las complementarias, con lo que cada vez más trabajadores que están contratados tres o cuatro horas realizan en realidad jornadas completas de trabajo”, advierte la secretaria de Empleo de CCOO Andalucía, Nuria López Marín. Tiene claro que esta reforma del contrato a tiempo parcial supone “dos vueltas de tuerca más a la precarización de la reforma laboral”, porque “se obliga a la gente a echar más horas de la cuenta, y, aunque la gente las echa porque necesita comer, pagar la hipoteca, la escuela de los niños…, cobra mucho menos de lo que tendría que cobrar según el convenio colectivo, y además no cotiza por ellas”.
Rosalía Martín, portavoz de IU en la Comisión de Economía del Parlamento Andaluz, utilizó hace pocos días parecidos argumentos en el debate sobre el Plan de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2014. “En un contexto de 1.050.000 trabajadores parados según el INE, y 1.400.000 según la EPA, casi 450.000 hogares con todos sus miembros en paro en Andalucía, un 30% de la población andaluza que vive en situación de pobreza moderada… Esa gente son carne de cañón para que los empresarios desaprensivos los utilicen en la economía sumergida”.
Desde la ITSS opinan lo mismo: “La gente, ante el miedo a perder su puesto de trabajo, no se moja”, explica otro inspector de Trabajo que pide no desvelar su nombre: “Antes, cuando un inspector llegaba a una empresa, tenía de su parte a los trabajadores, que colaboraban. Luego, sólo los trabajadores fijos. Ahora no colabora nadie, porque todos tienen pánico a perder su empleo”.
La abogada laboralista Pastora Filigrana va un paso más allá: “Lo único que queda es la vía judicial; el problema es que los juicios se están señalando para 2017 en un procedimiento ordinario. Posiblemente, vayas a terminar la relación laboral mucho antes de que se vea el asunto en los tribunales”.
Descuelgues e inaplicaciones
La consecuencia de esa indefensión de los trabajadores es que las relaciones laborales se han dado la vuelta como un calcetín. “Antes eran los trabajadores los que armaban una plataforma reivindicativa y pedían mejoras salariales. Ahora es al revés, la plataforma reivindicativa es empresarial: O aceptas una reducción de salario…”, explica el inspector de Trabajo. Y añade: “Como consecuencia de la Reforma Laboral, los descuelgues de los convenios provinciales están teniendo un éxito extraordinario”.
Antes todas las empresas de un sector pagaban lo mismo, el salario publicado en el convenio provincial. Pero ahora, explica el inspector, “cada empresa puede pagar un salario diferente, sin que ni siquiera se publique en un boletín oficial. No se sabe cuál es”. Es más, la reforma laboral no sólo hizo posible el descuelgue prácticamente sin límites de cualquier convenio por parte de las empresas, sino que permite que su inaplicación afecte a todos los aspectos de las condiciones laborales, no sólo al salario.
Desde CCOO, Nuria López pone números a las palabras del inspector de Trabajo: “En 2012 se presentaron ante la Autoridad Laboral en Andalucía 246 acuerdos de inaplicación de convenios colectivos vigentes, mientras que en 2013 ascendió hasta los 699”. Un 184% más. Todo un 'éxito extraordinario' que tuvo como consecuencia que 13.000 trabajadores andaluces vieran dañadas sus condiciones laborales.
Lo que es aún peor, los sectores más afectados por esta reducción legal de las condiciones laborales de los trabajadores, coinciden con aquellos sectores más afectados por el fraude y el empleo irregular, el comercio y la hostelería. (ver tabla).
Precisamente los dos sectores en los que se basa el primer sector económico andaluz, el turismo.