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Andalucía federal

Antonio Manuel Rodríguez

Profesor Derecho Civil UCO. Coordinador Laboratorio Jurídico sobre Desahucios de la Universidad de Córdoba. Presidente Federación Ateneos de Andalucía. Patrono de la Fundación Blas Infante. Escritor y activista. —

Entre la infinidad de incertidumbres que genera el referéndum del primero de octubre, una de las pocas certezas es que los gobiernos de Catalunya y España se están comportando como el caballo y el lobo en las aventuras del barón de Münchhausen. El caballo tiraba del trineo cuando el lobo saltó por encima del barón, clavó sus fauces en la grupa y lo fue devorando hasta terminar ocupando su puesto. El Gobierno de España se considera caballo y considera lobo al catalán. Y para éste, la percepción es la contraria. En verdad, poco importa quién sea lobo o caballo si al final arrastran el trineo hacia el mismo destino: engordar sus respectivos intereses políticos, mientras algunos aprovechan el ruido para esconder sus miserias. En medio, como siempre, el pueblo. El único que debiera llevar las riendas.

Una abrumadora mayoría del pueblo catalán quiere expresar su voluntad democráticamente. Su aspiración es legítima y la ha demostrado en reiteradas ocasiones de una manera elocuente, pacífica y ejemplar. Como hizo el pueblo andaluz aquel 4 de diciembre de 1977, cuando exigió en las calles su derecho a decidir para acceder a la autonomía plena en idénticas condiciones que las denominadas “nacionalidades históricas”.

La movilización ciudadana generó un problema de Estado hasta el extremo de condicionar la redacción de la Constitución y forzar el infame art. 151 que abrió las puertas al referéndum del 28F. Reivindicar ambas fechas claves en la historia de Andalucía y de la transición democrática, no es un ejercicio de melancolía sino de vanguardia por dos razones: pone sobre la mesa un precedente constitucional para una reforma que permita votar con todas las garantías al pueblo de Catalunya; y levanta acta de la identidad jurídica y política de Andalucía como línea roja ante una necesaria modificación del modelo territorial del Estado.   

Mi identidad es el conjunto de cualidades que no me hace idéntico a nadie y por la que soy reconocido por los demás: junto a mi condición biológica, familiar o profesional, me considero andaluz, ecologista, feminista, radicaldemócrata o de izquierda. A los pueblos les ocurre lo mismo. Están transidos de múltiples líneas identitarias como la cultural, social, política o jurídica. Aunque Andalucía las reúne en su totalidad (algunas desde tiempo inmemorial), quiero detenerme en la última por su extraordinaria relevancia en lo que pueda pasar a partir del dos de octubre. No porque sea la más importante, sino porque nadie que presuma de ser demócrata se atrevería a negar nuestro “patrimonio constitucional”, resultante de las movilizaciones del 4D y del referéndum del 28F, cristalizado en dos estatutos refrendados por el pueblo andaluz, además de un parlamento, instituciones, ordenamiento jurídico y elecciones propias. Así pues, Andalucía es un sujeto federal por derecho propio, no importa el modelo territorial que quiera adoptarse.

 ¿Y eso qué significa? La Andalucía federal de ahora equivale a la autonomía de entonces. La diferencia es que no es destino sino punto de partida. No se trata de una utopía que perseguir, sino de una realidad que reconocer. Pero que, al igual que ocurrió con la autonomía, se convertirá en un significante vacío sino va cargada de verdad, de un cambio de modelo productivo sostenible fundado en la soberanía energética y alimentaria, de la protección de nuestro patrimonio ecológico y cultural como legado identitario, de empoderamiento ciudadano y feminista, de un territorio descolonizado de bases militares y cementerios nucleares, o de hacienda propia y solidaridad fiscal para garantizar nuestros derechos sociales, sin duda, la identidad más auténtica de Andalucía. La que explica por qué sacamos la verdiblanca en las manifestaciones. Y la que explica por qué dejamos de creer en ella cuando ondea en los actos oficiales. Andalucía y reivindicación social están cosidas como el alma al pellejo.

 

El barón de Münchhausen ató su caballo a una especie de tocón de árbol que sobresalía de la nieve y se echó a dormir. Cuando abrió los ojos, la nieve se había derretido y el caballo colgaba del campanario. Me niego a creer que estos 40 años fueron un mal sueño del que despertaremos con la autonomía por las nubes como el caballo del barón. Vivimos en una sociedad compleja y globalizada. No podemos seguir utilizando con el mismo sentido conceptos políticos del siglo XIX en pleno siglo XXI. Ni podemos negar que existen interdependencias con otros sujetos de distinto nivel, de la misma manera que éstos no pueden negar nuestra identidad política conseguida democráticamente. A todos nos une el respeto por la diferencia para entendernos en un nuevo pacto constituyente. Pero, como mínimo, desde una Andalucía Federal. Antes de que nos coma el lobo.

Entre la infinidad de incertidumbres que genera el referéndum del primero de octubre, una de las pocas certezas es que los gobiernos de Catalunya y España se están comportando como el caballo y el lobo en las aventuras del barón de Münchhausen. El caballo tiraba del trineo cuando el lobo saltó por encima del barón, clavó sus fauces en la grupa y lo fue devorando hasta terminar ocupando su puesto. El Gobierno de España se considera caballo y considera lobo al catalán. Y para éste, la percepción es la contraria. En verdad, poco importa quién sea lobo o caballo si al final arrastran el trineo hacia el mismo destino: engordar sus respectivos intereses políticos, mientras algunos aprovechan el ruido para esconder sus miserias. En medio, como siempre, el pueblo. El único que debiera llevar las riendas.

Una abrumadora mayoría del pueblo catalán quiere expresar su voluntad democráticamente. Su aspiración es legítima y la ha demostrado en reiteradas ocasiones de una manera elocuente, pacífica y ejemplar. Como hizo el pueblo andaluz aquel 4 de diciembre de 1977, cuando exigió en las calles su derecho a decidir para acceder a la autonomía plena en idénticas condiciones que las denominadas “nacionalidades históricas”.