Andalucía, necesaria en el debate territorial

Uno de los grandes logros de la democracia española ha sido diseñar un modelo territorial capaz de integrar el pluralismo de la sociedad española y garantizar la cohesión social. La Constitución de 1978 fija las bases a partir de las cuales se desarrolla un sistema propio marcado por sucesivas etapas y en el que la política, desde los primeros años, desplegará su esencia como arte al servicio del bien común y el progreso social.

Con la unidad y la solidaridad como punto de partida, la igualdad se convierte en el punto de llegada. El proceso autonómico se desarrolla gracias a acuerdos y pactos políticos en los que Andalucía juega un papel determinante. Un recorrido por los grandes hitos en la construcción del Estado autonómico muestra el protagonismo de la autonomía andaluza expresado ya en diciembre de 1977 y, singularmente, con el referéndum celebrado el 28 de febrero de 1980 y la aprobación de un Estatuto de Autonomía equiparable al de las denominadas comunidades históricas.

Aquel momento constitutivo marcó el desarrollo de una autonomía fuerte, comprometida con la cohesión territorial que se ha consolidado a lo largo de estos años de funcionamiento del Estado autonómico. Entonces y ahora, desde Andalucía se impulsan y subrayan los principios constitucionales básicos sobre los que debe seguir organizándose el poder territorial: la autonomía política, la cohesión e integración social y la solidaridad.

La realidad actual refleja las carencias y distorsiones de un sistema que necesita una revisión al menos, de los mecanismos e instrumentos de relación institucional y competencial

La experiencia de estos años nos ha enseñado las ventajas de un gobierno compartido entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Pero también espacios de mejora. La realidad actual refleja las carencias y distorsiones de un sistema que necesita una revisión al menos, de los mecanismos e instrumentos de relación institucional y competencial. Y ello para lograr una gestión más eficaz, coordinada y leal de las demandas de la ciudadanía.

Los gobiernos (el estatal, los autonómicos y, cómo no, también los locales) deben contar con recursos económicos suficientes y sólidos instrumentos de cooperación entre los diferentes niveles de gobierno que garanticen una gestión coordinada y eficaz de los problemas sociales. Y la ciudadanía debe recibir de los poderes públicos respuestas claras y eficaces a sus demandas, de tal manera que los problemas sociales sean abordados y resueltos por quien mejor pueda ofrecer una solución en un sistema de gobierno compartido. Esta labor de revisión y mejora del modelo autonómico, no trata de reclamar más (más competencias o más recursos) para las Comunidades Autónomas, sino mejor. No más, sino mejor autogobierno. Un sistema de gobierno compartido ejercido por distintos niveles territoriales para ofrecer una respuesta institucional cercana y eficaz a la ciudadanía.

Y siempre con Andalucía, sobre los hombros de quienes desde una firme defensa de la cohesión social introdujeron la igualdad como punto de llegada del modelo territorial. Como hace más de cuatro décadas, Andalucía debe seguir siendo un actor principal en el debate territorial, impulsando avances y mejoras en el sistema autonómico. Y para eso, las técnicas federales son una herramienta clave y los principios y la cultura federal el camino.

Un debate basado en la voluntad de llegar a acuerdos que permita consolidar un marco común de convivencia en el que pueda reconocerse toda la ciudadanía en todas las partes del territorio

Esa sería la opción lógica, racional, atendiendo a los valores y principios estructurales de nuestro sistema constitucional y de la cultura democrática que lo sostiene. La integración del pluralismo, el respeto a la diversidad en un espacio común de convivencia cohesionado y solidario. Este es el marco constitucional de partida y el horizonte federalizante del Estado autonómico en la órbita de otros Estados y de la propia Unión Europea.

Es, además, la opción más equilibrada, alejada de propuestas rupturistas o antojos recentralizadores que laminan décadas de éxito de progreso y convivencia. Un debate sosegado y realista sobre el modelo territorial nos sitúa ante el camino del federalismo integrador pues moderadas son las premisas que sostienen sus presupuestos y permiten abordar ajustes para mejorar el funcionamiento del Estado autonómico y con ello, responder a las demandas de la sociedad española actual.

En definitiva, Andalucía debe participar en la definición de un proyecto territorial adecuado al contexto social actual. Comprender la España del presente exige plantear un debate democrático serio y profundo sobre nuestro modelo territorial. Un debate basado en la voluntad de llegar a acuerdos que permita consolidar un marco común de convivencia en el que pueda reconocerse toda la ciudadanía en todas las partes del territorio. Un futuro en clave federal donde Andalucía continúe con el protagonismo que hasta ahora ha tenido en el conjunto del Estado. Por eso, cuesta trabajo entender que el Parlamento andaluz haya rechazado la creación de una ponencia para actualizar la posición de Andalucía en el debate territorial.

Uno de los grandes logros de la democracia española ha sido diseñar un modelo territorial capaz de integrar el pluralismo de la sociedad española y garantizar la cohesión social. La Constitución de 1978 fija las bases a partir de las cuales se desarrolla un sistema propio marcado por sucesivas etapas y en el que la política, desde los primeros años, desplegará su esencia como arte al servicio del bien común y el progreso social.

Con la unidad y la solidaridad como punto de partida, la igualdad se convierte en el punto de llegada. El proceso autonómico se desarrolla gracias a acuerdos y pactos políticos en los que Andalucía juega un papel determinante. Un recorrido por los grandes hitos en la construcción del Estado autonómico muestra el protagonismo de la autonomía andaluza expresado ya en diciembre de 1977 y, singularmente, con el referéndum celebrado el 28 de febrero de 1980 y la aprobación de un Estatuto de Autonomía equiparable al de las denominadas comunidades históricas.