Andalucía no está en venta

Cinco años ya de gobiernos conservadores de Moreno Bonilla y Andalucía no sólo no avanza sino que se resiente de sus continuos ataques a los servicios públicos de nuestra tierra: 2000 aulas menos en la educación pública, la atención primaria desmantelada, privilegios fiscales a los ricos, megaproyectos plagados de degradación medioambiental, traspaso de fondos públicos a clínicas privadas... Tras su sonriente semblante se oculta una gestión ultraneoliberal barnizada con un adecuado fraude propagandístico para establecer el relato de la moderación y la normalidad: aquí no pasa nada, todo va bien. 

La realidad es que su gestión está impregnada del dogma neoliberal de desmantelar lo público para crear yacimientos de negocio para lo privado. Sus políticas están destinadas a hacer negocio con Andalucía, a ponerla en venta. Puede parecer una exageración polémica pero la testaturada realidad está ahí. Se ve, por ejemplo, en el incremento de los seguros privados de salud que ya alcanza a la cuarta parte de la población andaluza.  

Se ve, también, en la apuesta por megaproyectos que son auténticos atropellos medioambientales mientras que se anuncian cortes en el suministro de agua corriente para uso doméstico. Un bien tan preciado y tan escaso como es el agua necesita de una nueva cultura y una gestión racional, responsable y sostenible. Sin embargo, ante la sequía y los desafíos del cambio climático, Moreno Bonilla se decanta por crear nieve artificial en Sierra Nevada o alentar una embotelladora en el Valle de Lecrín, a escasos metros de la reserva natural de los Humedales de Padul, que según la propia Junta de Andalucía, es la mayor turbera de toda Europa Meriodional. 

Esta lógica de favorecer los negocios privados a costa de maltratar y reducir a la mínima expresión lo público, se sufre, sobre todo, en la sanidad y la educación públicas. Con la excusa de reducir las listas de espera, en vez de escuchar a la comunidad sanitaria que planteaba soluciones desde la sanidad pública para acometer el problema, el Partido Popular apostó por derivar a la sanidad privada la realización de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas por valor de 734 millones de euros. Una medida que los sindicatos ya denunciaron como ineficaz. Junto a esto, tenemos los conciertos con la sanidad privada como, por ejemplo, los 771 millones con Clínicas Pascual. 

Propiciar el negocio a los amiguetes es norma en la gestión de Moreno Bonilla, al tiempo que también inocula su veneno ideológico de extrema derecha

En la educación se repite el mismo mantra. Desde que llegó al gobierno andaluz, Moreno Bonilla ha accedido a cuatro nuevas universidades privadas, todas ellas muy criticadas por el Consejo de Rectores por incumplimiento de los estándares mínimos de calidad. Detrás de estos proyectos privados están fondos de inversión que han puesto en la educación superior su nuevo objetivo para aumentar su cuenta de resultados. El PP convierte así lo que debería ser la sede de la excelencia académica en un mero negocio, al tiempo que axfisia económicamente a las Universidades públicas andaluzas.  

Además, el PP se permitió impedir la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular para la bajada de las ratios en Primaria y Secundaria, avalada por 52.846 firmas. A día de hoy, ha suprimido 1.943 aulas públicas y las ratios recomendadas por instituciones estatales e internacionales se incumplen: sólo el 43´6% de las aulas de Infantil y Primaria y el 30% de las de Secundaria se ajustaría a los estándares mínimos exigidos por la comunidad educativa, denuncia el sindicato USTEA. La apuesta por la enseñanza concertada por parte del Gobierno de Moreno Bonilla es pública y notoria. No dejan de subir las subvenciones a la privada, 1.024 millones este año, mientras que la enseñanza pública se resiente del abandono oficial. Según datos de la propia consejera, la red de la concertada ha crecido desde 2018 un 22,5%.  

Propiciar el negocio a los amiguetes es norma en la gestión de Moreno Bonilla, al tiempo que también inocula su veneno ideológico de extrema derecha. ¿Exageración? Sólo hay que ver cómo se gestionó este año el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. El PP convenió con la ultraderechista Fundación Villacisneros y emitió una circular dando instrucciones para la celebración de esa efeméride, en un intento de imponer la agenda partidista del gobierno. Dicha fundación se opone al aborto y al matrimonio igualitario y se muestra orgullosa del pasado imperial de España y de la monarquía. La cosa no queda ahí. Son conocidas la subvenciones del Gobierno de Moreno Bonilla a la cruzada antiabortista. Más de 700.000 € recibirán este año para atormentar a las mujeres que se enfrentan a esa difícil situación. El carácter machista y antifeminista de este gobierno del Partido Popular instalado en Andalucía hace tiempo que asomó la patita. 

En cuanto a la mera gestión no pasa la nota de corte este gobierno. Lo hemos visto tanto en los fondos europeos como en el bono joven del alquiler. Hace un año saltó la noticia que Andalucía dejaba sin gastar el 95% de los 1.500 millones de fondos europeos ya incluidos en sus dos últimos Presupuestos. Un informe de la Cámara de Cuentas redujó al 5% la ejecución presupuestaria del dinero recibido de Bruselas en 2021 y 2022. En cuanto al bono joven, ya se prepara una denuncia colectiva contra la Junta de Andalucía por parte de la Plataforma de Afectados. Según este colectivo, hay resueltos más del 30% de los expedientes, pero las ayudas abonadas no llegan al 25%. Por cierto, unas ayudas que se plantearon con carácter de urgencia hace dos años.

Necesitamos que se dignifique la situación de los jornaleros y jornaleras andaluces y por eso presentamos una ley en el Congreso, cuya tramitación no llegó a completarse, pero que es una urgencia

En dependencia, la gestión no puede ser más nefasta. Triplica los plazos legales para la valoración de la dependencia: 600 días de demora para una valoración necesaria para recibir la prestación. El gobierno andaluz mira para otro lado en cuanto a sus obligaciones respecto a las licitaciones publicas de servicios externalizados. Lo vemos en las PTIS, en las limpiadores de los CADES, en multitud de servicios públicos externalizados. Lo que hoy estamos viendo en la Junta de Andalucía es una auténtica barbaridad donde el gobierno de Moreno Bonilla no sólo tiene responsabilidad en culpa in vigilando, al no vigilar el cumplimiento de los derechos laborales, sino también por culpa in eligendo al contratar empresas que continuamente incumplen la normativa de derechos laborales vigente. Las Administraciones públicas deben tomar las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores/as, así como el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes de aplicación. De igual modo, deberán ejercer una función de comprobación sobre el cumplimiento de estas circunstancias, durante la ejecución del contrato pero también en la fase de licitación, pudiendo comprobar la veracidad de las candidaturas de las empresas. 

Tenemos un gobierno que se viste con la bandera del apoyo a los autónomos y de defensa del campo andaluz. Pura hipocresía. Moreno Bonilla ha dejado sin ejecutar 400 millones de euros de fondos europeos destinados a ayudas dirigidas a autónomos y pymes. Y no podrá decir que fue un error y que no volverá a pasar, porque es reicindente. Es la segunda vez que el PP andaluz deja sin ayudas a autónomos y pymes. Y en cuanto al campo, raya la desvergüenza. No sólo han apoyado todos los tratados comerciales europeos que hunden nuestra agricultura por la competencia desleal de terceros, sino que además, junto a su socio Vox, no apoyaron la Ley de la Cadena Alimentaria, instrumento legal cuyo cumplimiento podría ayudar a conseguir un escenario de precios justos para nuestra agricultura y ganadería. 

Hay que cuidar nuestro medio rural y nos va la vida en ello. Gracias a un sector primario activo y emprendedor disponemos de una Andalucía rural viva y dinámica. Necesitamos que se dignifique la situación de los jornaleros y jornaleras andaluces y por eso presentamos una ley en el Congreso, cuya tramitación no llegó a completarse, pero que es una urgencia para elevar la calidad de vida de nuestros pueblos y comarcas. Es posible en Andalucía un sector primario con precios justos, mejores relaciones laborales, con una agricultura familiar y ecológica. El cambio climático y las sequías recurrentes pueden convertir, si no ponemos remedio, a nuestro medio rural en un desierto. Y evitarlo está en nuestras manos. Por eso, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional donde tumba un artículo clave de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) es un primer éxito para impedir que las políticas depredadoras del PP andaluz devoren nuestro medio rural. 

Estamos ante una mayoría parlamentaria que legisla contra la mayoría social de Andalucía y un gobierno que ejecuta políticas que favorecen los intereses de ciertas élites, lo que está haciendo un daño perverso al conjunto de Comunidad. Sin embargo, esta realidad no se percibe aún en la sociedad andaluza. Lo que sindicatos y movimientos sociales vienen denunciando desde hace cinco años no permea aún en el sentir colectivo. Y esto se debe, básicamente, a una manipulación informativa de libro que ocurre en nuestra tierra. No sólo están subvencionados los grandes grupos informativos sino que, además, como denuncia el Consejo Profesional, Canal Sur se ha convertido en Tele Bonilla. Es notoria la reducción del pluralismo político y el incremento notable de la manipulación informativa que se ha producido en los medios públicos andaluces. 

No podemos colocar Andalucía en el sitio que se merece sí no asumamos al 100% el espacio político, de gobierno y de autonomía que nos otorga nuestro estatuto

Por tanto, es una tarea para la izquierda coherente perserverar en la denuncia política y la movilización consciente. Este 28 de febrero saldremos de nuevo a la calle, pensando en ese 23,5% de andaluces y andaluzas que tienen dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca de su casa. Gritaremos por las calles de Sevilla recordando a ese 25,3% de andaluces y andaluzas a los que les cuesta pagar los suministros básicos de luz, agua y gas. 

En Andalucía tenemos razones de sobra para la protesta pacífica, responsable y contundente. Tenemos el triste record de pobreza estructural. Tres millones de andaluces y andaluzas están en riesgo de pobreza y exclusión social, 12 puntos más que la media de España. Y no voy a hablar del desempleo crónico y las tasas de precariedad. En todos, repito, todos, los parámetros sociales y económicos que estudiemos, Andalucía sale perjudicada respecto a las medias españolas y europeas. 

Y esto no es casualidad ni designio de un capricho natural. Es fruto de un modelo territorial donde Andalucía es dependiente en lo económico, subalterna en lo político y expropiada en lo cultural. Por eso, como dice nuestro himno toca poner a Andalucía en pie, reafirmarnos como nación, en primer lugar, para que podamos ser una Adalucía para los pueblos y la Humanidad. Toca defender nuestra Andalucía frente a este gobierno de depredadores y trileros que prometieron desmantelar el régimen clientelar del PSOE andaluz y lo único que han hecho es sustituirlo para fortalecerlo cambiando, eso sí, a los amiguetes. 

No podemos colocar Andalucía en el sitio que se merece sí no asumamos al 100% el espacio político, de gobierno y de autonomía que nos otorga nuestro estatuto. Por eso, siempre hemos apostado por ensanchar nuestro autogobierno, porque estamos convencidas que solo así podemos tener como andaluzas y andaluces la legitimidad de pedir el trato justo que merecemos como pueblo y como tierra. En ese sentido fuimos pioneros en la exigiencia al gobierno central de traspasar las competencias de las cercanías y media distancia para ir construyendo una red ferroviaria que vertebre el territorio, desde lo público, con perspectiva social y ecológica, para evitar la despoblación y contribuir al bienestar común. 

Toca tener voz propia en el debate territorial que existe en España porque, como hemos dicho desde siempre, la plurinacionalidad del estado no se concibe sin Andalucía. Necesitamos soberanía política real para poder poner en marcha políticas transformadoras que cambien en un sentido de progreso la realidad de Andalucía. Y para ello, Podemos contribuirá a ese esfuerzo colectivo junto a las mareas, los sindicatos y los movimientos sociales, desplegando una política de alianzas junto a los actores políticos que nos quieran acompañar en el proyecto de recuperar Andalucía para lo público, para el feminismo, por la paz, la libertad y la solidaridad.