Auditoras mercenarias

Una auditoría permite identificar errores cometidos en una organización y enmendarlos a tiempo para tomar medidas que permitan retomar el rumbo correcto en la empresa. Hay auditorías mercenarias que se hacen con el objetivo no de ayudar sino de cargarse una institución, aunque ello conlleve modificar y manipular lo que se ha encontrado en la misma. Este último es el caso de la auditoría que ha hecho Ernst & Young (EY) sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), una auditoría hecha por una auditora mercenaria (auditora que desempeña por otra entidad un servicio por el salario que le da) que pretende extinguir, sin ningún argumento, la EASP.

EY es una de las multinacionales dedicadas a los servicios profesionales más importantes a nivel mundial, con servicios de auditoría, finanzas, contabilidad, asesoría legal y asesoramiento empresarial, entre otros. Popularmente es conocida como una de las Big Four, es decir, una de las cuatro empresas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y la auditoría, junto a PricewaterhouseCoopers, Deloitte y KPMG. Y lógicamente ha estado entre las auditoras que ha elegido la Junta de Andalucía para auditar el sector público empresarial en el marco del acuerdo con Vox. Se licitaron para 3.004.424,16€ y a la firma EY se le adjudicó 1.335.840€, es decir, un 44% del total y entre ellas, la auditoría a la EASP. Primera curiosidad.

Ernst & Young, con sede en Londres, opera a nivel mundial, incluida España, donde ofrece servicios de seguros, fiscales, legales, transaccionales y de consultoría. Para ello se nutre de profesionales con amplia experiencia en el sector, así como de estudiantes y recién licenciados, según indica en su propia web. Y curiosamente entre los profesionales con experiencia aparece una lista de políticos del Partido Popular que, tras su etapa política en el Gobierno, decidieron retirarse al sector privado, concretamente a la Big Four. Un caso más de puertas giratorias en el que aparecen nombres como Juan Costa, Josep Piqué, Román Escolano, Juan Pablo Riesgo, Borja Sémper o Isabel García Tejerina. Y en Andalucía quien la dirige es el exconsejero de Hacienda Alberto García Valera que regresó a EY como socio director de Andalucía. Segunda curiosidad.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, argumentó durante una comparecencia parlamentaria que las auditorías licitadas por el Gobierno andaluz sobre el sector público autonómico “son auditorías operativas, no buscamos culpables, buscamos soluciones”. Y Vox reclamó su contribución a la iniciativa de las auditorías. En ese entorno, el consejero de Hacienda esgrimió que el trabajo de las auditorías sobre el sector público supone “dotarlo de objetividad cuando se toman decisiones” e insistió en que “no queremos tomar decisiones políticas, sino objetivas”. Y lo que hacen desde la Junta de Andalucía en esta auditoría a la EASP es decirles a la auditora que pongan en una hoja lo que ellos políticamente tiene que hacer pero que se base en un documento “objetivo” escrito por EY. Auditorías al dictado de la Junta. Tercera curiosidad.

¿No debería un resumen de la auditoría no añadir conclusiones que no aparecen en los resultados de la auditoría como ocurre en el el caso del informe de la EASP?

Cuarta curiosidad: EY realiza la auditoría de la Escuela Andaluza de Salud Pública y manipula sus resultados para, a petición de sus contratantes de la Junta (y del PP naturalmente), pegar una estocada (casi mortal) a una de las instituciones de más prestigio que hay en el sector público andaluz, si no la que más: la EASP. El proceso es muy sencillo. Se le adjudica la auditoría de la EASP a EY, la realiza, el informe es razonablemente bueno para la entidad, pero curiosamente aparece una hoja sin paginar, sin indexar y sin relación con el informe en el que se pide el cese de su actividad, la extinción de la entidad y el traspaso de recursos y actividades a otras entidades con mucho menos prestigio y trayectoria que la EASP: Increíble pero cierto. Y ¿cómo se consigue eso? Pues muy sencillo, Habrá que ver qué papel ha tenido en todo esto la interventora general de la Junta Amelia Martínez Sánchez, nombrada a propuesta del PP, que fue consejera de la Cámara de Cuentas, a propuesta del PP y que es la responsable de este contrato.

Hay que decir que según las normas de auditoría del sector público, las conclusiones y recomendaciones tendrán que guardar una relación lógica con los hechos presentados en el informe. Las conclusiones trascendentales tienen que estar debidamente fundamentadas en evidencia suficiente, pertinente y válida y dicha argumentación tiene que ser incluida en el informe. Tales afirmaciones exigen una argumentación, justificación, exposición de datos y del trabajo de análisis ejecutado, que avale este planteamiento a lo largo del informe, hecho que no se produce en absoluto en el informe de la EASP. ¿No debería un resumen de la auditoría no añadir conclusiones que no aparecen en los resultados de la auditoría como ocurre en el el caso del informe de la EASP?

Cuatro curiosidades en un mundo de puertas giratorias donde por ejemplo, Deloitte, una de las cuatro grandes auditoras mundiales, acumula una larga lista de polémicas y líos judiciales en el último lustro. Su historia reciente cuenta con numerosos nubarrones. Ante la Caja de Ahorros del Mediterráneo presentó unos beneficios de 201 millones de euros y el ICAC sancionó a la auditora con 2,4 millones de euros. BDO nunca puso en duda las cuentas de Pescanova y el juez Pablo Ruz imputó a BDO por un presunto delito de falseamiento de información financiera. EY, la consultora que hizo esta auditoría a la EASP, se vio arrastrada por el escándalo de la quiebra de la compañía alemana de pagos en línea Wirecard por sus deficiencia en la verificación de las cuentas. Y por último, el organismo regulador de la práctica auditora impuso tres sanciones muy graves a PWC, por 10,49 millones de euros por el incumplimiento del deber de independencia en relación con la elaboración de las cuentas de Aena. Muchas irregularidades de las auditoras en diversos proceso y en diversos momentos.

Y es que la corrupción pone en duda la figura de las auditoras. ¿Qué relación puede haber entre estos errores y el poder político? Las grandes firmas de consultoría y auditoría han engrosado desde hace años el mercado de fichajes de altos y ex altos cargos de las administraciones públicas. Sin duda, en el caso de la auditoría de la EASP encontramos una manipulación burda, una invención de una hoja sin relación al informe y una tergiversación increíble en beneficio solo de uno: el PP y sus políticas que no tienen a la salud pública en su objeto fundamental. Que pena que esto además ocurra en una pandemia. ¡Cuánta falta nos hace la Salud Pública! ¡Cuánto nos sobran las auditoras mercenarias del poder político! 

Una auditoría permite identificar errores cometidos en una organización y enmendarlos a tiempo para tomar medidas que permitan retomar el rumbo correcto en la empresa. Hay auditorías mercenarias que se hacen con el objetivo no de ayudar sino de cargarse una institución, aunque ello conlleve modificar y manipular lo que se ha encontrado en la misma. Este último es el caso de la auditoría que ha hecho Ernst & Young (EY) sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), una auditoría hecha por una auditora mercenaria (auditora que desempeña por otra entidad un servicio por el salario que le da) que pretende extinguir, sin ningún argumento, la EASP.

EY es una de las multinacionales dedicadas a los servicios profesionales más importantes a nivel mundial, con servicios de auditoría, finanzas, contabilidad, asesoría legal y asesoramiento empresarial, entre otros. Popularmente es conocida como una de las Big Four, es decir, una de las cuatro empresas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y la auditoría, junto a PricewaterhouseCoopers, Deloitte y KPMG. Y lógicamente ha estado entre las auditoras que ha elegido la Junta de Andalucía para auditar el sector público empresarial en el marco del acuerdo con Vox. Se licitaron para 3.004.424,16€ y a la firma EY se le adjudicó 1.335.840€, es decir, un 44% del total y entre ellas, la auditoría a la EASP. Primera curiosidad.