Crónica de una expulsión pactada

El pasado 27 de octubre once parlamentarias de Adelante Andalucía descubrimos que, con total desconocimiento por nuestra parte, se había presentado en la Mesa del Parlamento un escrito donde se pedía el cese de ocho de nosotras por parte de Podemos, ejecutado por la portavoz de IU Inmaculada Nieto. No entendemos nada. Las once diputadas que firmamos este artículo defendemos el mismo proyecto político, que no es otro que el programa con el que nos presentamos a las elecciones, pero la solicitud de expulsión incluye solo a ocho de nosotras. La única explicación posible es el intento de maquillar mediáticamente el golpe antidemocrático que supone que seis diputadas echen a once de su propio grupo parlamentario.

Juristas expertos nos tranquilizan, nos dicen que semejante petición no tiene recorrido jurídico y que la Mesa no aceptará algo que es contrario a derecho. Sin embargo, para nuestra sorpresa y en un acuerdo político inimaginable, el escrito se admite a trámite tras la votación favorable de Vox, PP y PSOE y la abstención de Cs, a pesar de que el Letrado del Parlamento se posiciona en contra desde el primer momento. Este hecho ha supuesto la incertidumbre a cada decisión postergada en la mesa durante días y semanas, con la consecuente privación del normal ejercicio de nuestra actividad parlamentaria, la imposibilidad de defender iniciativas que se han quedado congeladas y la cancelación de reuniones con colectivos ya cerradas o por cerrar. Todo esto, además, en el momento de presentación y debate de los presupuestos, es decir, en un momento clave donde las políticas de las derechas en Andalucía continúan avanzando en medio de una pandemia de consecuencias desgarradoras para nuestra tierra que sin duda debería centrar toda nuestra dedicación. Esta situación es, por tanto, no sólo un perjuicio para las diputadas afectadas, sino que supone un atentado contra la calidad democrática de representatividad de las andaluzas en el parlamento, debilitando a la oposición.

Mientras todo esto sucede, jurídicamente la situación es cristalina. Las decisiones se postergan en el tiempo porque no hay mimbres jurídicos para echarnos de nuestro grupo parlamentario. El Letrado hace un informe recogiendo la irregularidad que supondría nuestra expulsión del grupo parlamentario, donde dice taxativamente que si llegara a ejecutarse se estaría incumpliendo el artículo 23 de la Constitución. Hasta sentencias previas del Tribunal Constitucional nos dan la razón. Está claro que hay quienes son “constitucionalistas” solo algunas veces. La acusación de transfuguismo no se sostiene. Seguimos defendiendo el programa con el que nos presentamos, seguimos desarrollando las políticas de Adelante Andalucía, en el mismo Grupo parlamentario y fieles a los papeles con los que nos presentamos. Esto pone de manifiesto que es un conflicto político y no jurídico lo que lleva a la portavoz Inmaculada Nieto a expulsarnos unilateralmente del grupo parlamentario a petición de Podemos. 

Cuando se hace evidente que nuestra expulsión carece de toda cobertura jurídica, entran en escena las maniobras políticas, los acuerdos de despacho que se cuecen en base a un intercambio de intereses. A medida que avanzan los acontecimientos, vamos tomando conciencia de que la operación para nuestra expulsión se inicia realmente este verano, el 29 de julio cuando, tras diez años sin hacerlo, se vuelve a reunir la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo. En el camino, la Senadora de Adelante Andalucía, Pilar González, solicita formar parte de la Comisión, tal y como tendría derecho al ser una fuerza con representación en las Cortes, pero el representante de Unidas Podemos se empeña a fondo en evitarlo y es excluida. Hay fuerzas políticas que muestran su disconformidad con esta exclusión incomprensible y que observan atónitas cómo los cambios que se proponen introducir en el pacto no buscan mejorar una herramienta sin duda necesaria, sino confeccionar un traje a medida. Un traje que consiste en retorcer la definición del transfuguismo para que encaje a pies juntillas en nuestro caso. Necesitan maquillar de legitimidad una decisión que a todas luces no solo es ilegal, sino también antidemocrática. PSOE y Unidas Podemos insisten en cerrarlo cuanto antes, aunque no haya unanimidad. Hay prisa en aprobarlo porque hay prisa en utilizarlo.

Que nuestra expulsión se haya cocinado en Madrid y haya condicionado un pacto de ámbito estatal entre los grandes partidos del régimen, hasta el punto de despacharlo en dos reuniones apresuradas tras una década sin reunirse y con casi la mitad de los partidos en desacuerdo, puede parecer una exageración. Pero la explicación está en que lo sucedido va mucho más allá de la expulsión de once diputadas de un grupo parlamentario. Es un intento desesperado de enterrar un proyecto colectivo con futuro que trasciende la representación institucional. Un proyecto que nació bajo la premisa de situar a Andalucía y sus problemas específicos en el centro de su preocupación y de su acción política, en lugar de considerarla un mero caladero de votos a disposición de lo que decidan las direcciones de los partidos en Madrid. Nos negábamos y nos negamos a conformarnos con apuntalar en el futuro gobierno de la Junta de Andalucía a un PSOE que durante 37 años ha sido el principal responsable de ahogar las esperanzas de un pueblo azotado por la dependencia económica, el desempleo, la emigración y el expolio cultural.

Entendemos que haya compañeras de IU y de Podemos que ya no compartan estos planteamientos sobre los que un día levantamos un proyecto común, la realidad política es cambiante y las diferencias estratégicas son legítimas. Lo que no se debería haber producido nunca es lo que estamos viviendo estas semanas: un intento de atajar las diferencias políticas por medio de una purga pactada a traición con adversarios políticos, incluida la extrema derecha. 

Tránsfuga es quien, anteponiendo sus intereses particulares, se cambia de bando a cambio de favores, de dinero o de poder. No es nuestro caso, no ha habido ni una sola iniciativa, ni una sola declaración pública por nuestra parte que se salga del código ético ni del programa político del que nos dotamos cuando construimos Adelante Andalucía. Si de algo no se nos puede acusar es de haber cambiado de posiciones políticas. Dentro y fuera del Parlamento hacemos lo que siempre dijimos que haríamos. Y quizás sea ese el problema.

El pasado 27 de octubre once parlamentarias de Adelante Andalucía descubrimos que, con total desconocimiento por nuestra parte, se había presentado en la Mesa del Parlamento un escrito donde se pedía el cese de ocho de nosotras por parte de Podemos, ejecutado por la portavoz de IU Inmaculada Nieto. No entendemos nada. Las once diputadas que firmamos este artículo defendemos el mismo proyecto político, que no es otro que el programa con el que nos presentamos a las elecciones, pero la solicitud de expulsión incluye solo a ocho de nosotras. La única explicación posible es el intento de maquillar mediáticamente el golpe antidemocrático que supone que seis diputadas echen a once de su propio grupo parlamentario.

Juristas expertos nos tranquilizan, nos dicen que semejante petición no tiene recorrido jurídico y que la Mesa no aceptará algo que es contrario a derecho. Sin embargo, para nuestra sorpresa y en un acuerdo político inimaginable, el escrito se admite a trámite tras la votación favorable de Vox, PP y PSOE y la abstención de Cs, a pesar de que el Letrado del Parlamento se posiciona en contra desde el primer momento. Este hecho ha supuesto la incertidumbre a cada decisión postergada en la mesa durante días y semanas, con la consecuente privación del normal ejercicio de nuestra actividad parlamentaria, la imposibilidad de defender iniciativas que se han quedado congeladas y la cancelación de reuniones con colectivos ya cerradas o por cerrar. Todo esto, además, en el momento de presentación y debate de los presupuestos, es decir, en un momento clave donde las políticas de las derechas en Andalucía continúan avanzando en medio de una pandemia de consecuencias desgarradoras para nuestra tierra que sin duda debería centrar toda nuestra dedicación. Esta situación es, por tanto, no sólo un perjuicio para las diputadas afectadas, sino que supone un atentado contra la calidad democrática de representatividad de las andaluzas en el parlamento, debilitando a la oposición.