En defensa de un sistema de financiación autonómica redistributivo que blinde los servicios públicos

El tradicional homenaje a Blas Infante en el aniversario de su asesinato por los fascistas se celebra este año con la música de fondo de la financiación autonómica. El acuerdo entre PSC y ERC para formalizar la investidura de Illa en Cataluña ha (re)abierto el debate sobre el modelo de financiación autonómica que es también un debate sobre el modelo de país. Se hace con una aritmética parlamentaria compleja tanto en Parlament de Catalunya como en el Congreso de los Diputados. La investidura de Illa y la estabilidad del gobierno de coalición están detrás del debate abierto, pero dada la enjundia del asunto, las propuestas de modelo de financiación (y de modelo de país al que apunten) deben tratar de abstraerse de dichas derivadas porque las consecuencias son a largo plazo.

Durante la Primera República española no se consiguió aprobar el Proyecto de Constitución Federal de 1873 pero se apuntó a la senda federalista que debía transitar la organización territorial del país. Bien queda reflejada en la Constitución Federal de Antequera de 1883, en plena restauración borbónica, y con más contundencia en el Manifiesto andalucista de Córdoba de 1919, en la crisis de dicha restauración, que recogía las reivindicaciones llevadas meses antes a la Sociedad de Naciones.

También se plasmó en el Proyecto de Estatuto de Gobierno Autónomo de Andalucía durante la Segunda República pero, al igual que la Constitución de 1873, tampoco sería aprobado. Andalucía no tuvo Estatuto hasta 1981, después arrancarlo, por la “vía rápida” a golpe de movilización popular. Manuel José García Caparrós es Hijo Predilecto de Andalucía y un recordatorio de que a Andalucía nunca se le ha regalado nada.

La descentralización y el federalismo, el acuerdo entre partes y, por tanto, el reconocimiento de las mismas ha sido la histórica aspiración de Andalucía en la manera de integrarse en la organización territorial de España

En definitiva, la descentralización y el federalismo, el acuerdo entre partes y, por tanto, el reconocimiento de las mismas ha sido la histórica aspiración de Andalucía en la manera de integrarse en la organización territorial de España. Pero desde una concepción de nuestra singularidad anclada en razones culturales y asumiendo la necesidad de poner en el centro del debate federal las cuestiones económicas y sociales de Andalucía, y la remoción de los obstáculos que no facilitaron, ni facilitan al día de hoy, una plena convergencia con el conjunto del país.

Las capas populares no se identificaron con un nacionalismo esencialista sino, como decía Blas Infante: “un nacionalismo internacionalista, universalista, lo contrario de todos aquellos nacionalismos inspirados por el Principio Europeo”.

Hoy hemos de aprovechar el debate abierto sobre la financiación autonómica para abordar ese debate amplio sobre modelo de país y organización territorial que no se circunscribe solo a Cataluña. Es más, el foco debe ponerse más en las periferias económicas maltratadas secularmente. Y las respuestas deben responder a la clase trabajadora ofreciéndole más igualdad social y equilibrio territorial mediante políticas redistributivas entre clases y mecanismos de compensación y de reequilibrio territorial, necesarios para garantizar estabilidad real al modelo territorial federal.

Porque el periodo histórico presente es el de la gran divergencia por desigualdad social. Hay una enorme ofensiva global desigualitarista desde los años setenta cuyo principal objetivo es acabar con los mecanismos de redistribución y, en nuestro país, el desequilibrio territorial es un factor que acrecienta la desigualdad social.

Andalucía lidera las tasas de desigualdad de la UE. No es una condena divina, es fruto de un modelo económico y productivo español que en su reparto de roles asignó a Andalucía el de periferia

Andalucía lidera las tasas de desigualdad de la UE. No es una condena divina, es fruto de un modelo económico y productivo español que en su reparto de roles asignó a Andalucía el de periferia. Pudo no haber sido así, pero en la conformación del estado liberal en España se desplegaron políticas económicas que favorecieron antes a unos territorios que a otros. Y la oligarquía terrateniente andaluza no tuvo empacho en tener como compensación mano de obra barata hasta decir basta. Invito a observar el Mapa de los ferrocarriles de España de 1917 en la Biblioteca Nacional. La red ferroviaria nos dice mucho de qué modelo de país se inició en el siglo XIX y se extendió al siglo XX: centralista (todo pasa por Madrid) y asimétrico (gran desarrollo en las periferias industrializadas como Euskadi y Cataluña).

El mapa de hoy del PIB per cápita por comunidades autónomas coloca a Madrid, Euskadi y Cataluña por encima de la media del país, debajo de la cual está Andalucía, Extremadura y otras comunidades autónomas. Ese Estado y ese modelo económico y productivo que se estaba conformando en el XIX fue provocando desequilibrios territoriales y sociales de los cuales somos herederos y que toca poner en cuestión.

No faltaron las polémicas en los inicios del estado liberal español entre los propios republicanos federalistas andaluces, que demandaban más librecambismo para favorecer la industria exportadora andaluza, frente a las políticas proteccionistas que se impusieron para favorecer a la industria catalana y a la siderurgia vasca que defendía el federalismo septentrional. Como por todos es sabido, el flujo de mano de obra desde las periferias a las regiones industrializadas ha sido una constante histórica y presente. Mano de obra que genera riqueza con su trabajo.

Digo todo esto, no por hacer un listado de agravios históricos sino para constatar tres consideraciones que se deben tener en cuenta en el debate sobre la financiación autonómica.

Cualquier modelo de financiación debe tender a superar las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales en el conjunto del país

La primera es que cualquier modelo de financiación debe tender a superar las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales en el conjunto del país. Esto es solo posible si se acompaña a la reforma del sistema de financiación en clave federal con una profunda reforma fiscal en clave progresiva, capaz de revertir las políticas de las últimas décadas.

Y, en este sentido, remar a contracorriente de las políticas desgualitaristas que van laminando las políticas redistributivas. Ejemplo de ello es el dumping fiscal promovido por Ayuso y Moreno Bonilla.

La segunda es que la depredación del litoral andaluz por el negocio inmobiliario, el vaciamiento demográfico de amplias zonas en favor de Madrid, el desierto ferroviario en Extremadura o que Navarra y País Vasco lideren el ranking de bienestar son fenómenos producto del modelo económico y productivo español que genera desigualdades sociales y territoriales y roles de centro/periferia.

La tercera es que Andalucía siempre ha defendido la descentralización y la federalidad. Queremos pactos y reconocimiento de todas las partes en un Estado plurinacional. Y defenderemos aquellos pactos que repercutan en reducir las brechas territoriales y sociales. El modelo de financiación ha de ser una herramienta al servicio del bienestar del conjunto de la clase trabajadora, viva donde viva.

Por ello nos remitimos al acuerdo del Parlamento Andaluz de 2018 que hoy pisotea el Partido Popular a golpe de exoneraciones de impuestos a los grandes patrimonios. Un acuerdo que podría aportar a la concepción de la reforma del sistema de financiación para el conjunto de comunidades autónomas y que se inspira profundamente en los pilares de justicia social e igualdad que están en la base de nuestro Estatuto de Autonomía.

El objetivo del sistema de financiación autonómico es garantizar a todas las comunidades los recursos suficientes para el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales y para que su acceso universal permita avanzar en justicia social e igualdad real entre toda la ciudadanía, venga uno de la familia que venga o del barrio que venga. Esto es posible solo asumiendo las necesidades específicas de los territorios en virtud de múltiples factores geográficos, sociales y económicos.

Son las necesidades territoriales que tienen que determinar los recursos necesarios para esto, no su aportación tributaria. Esto es evidente que vale en términos de clases pero también en términos de territorios. Y es justo el espíritu de solidaridad interterritorial que sustenta y facilita cualquier acuerdo sobre el modelo territorial coherente con nuestra Constitución y nuestro Estatuto.

No se antoja buena idea un modelo en el que una comunidad enriquecida (y con el domicilio fiscal de buena parte de las grandes empresas que hacen negocio en todo el país) recaudase todos los impuestos, aunque se diga que se ajustarían cuentas

Lo que sabemos del acuerdo entre PSC y ERC pone en duda que dichas pretensiones sean posibles. Queda mucho detalle por conocer, pero no se antoja buena idea un modelo en el que una comunidad enriquecida (y con el domicilio fiscal de buena parte de las grandes empresas que hacen negocio en todo el país) recaudase todos los impuestos, aunque se diga que se ajustarían cuentas.

Ya durante la transición se dio la tentación de regionalizar el sur y confederalizar el norte, el tufo viene de antiguo. Sí corresponde hacer una reforma del sistema de financiación que garantice la suficiencia de recursos a todas las comunidades autónomas, para que atiendan a las necesidades sociales de la población y que no queden infrafinanciados en ninguna comunidad, recauden lo que recauden, introducir variables que garanticen la equidad, así como impedir las políticas fiscales que promueven el dumping fiscal.

Ciertamente, el meollo del asunto está en la política fiscal, todavía lejos de las finalidades del artículo 31 de la Constitución. Solo resolviendo bien el problema de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado y el aumento de la recaudación por la vía de una fiscalidad justa y progresiva se puede acometer una reforma de la financiación autonómica que satisfaga las necesidades de los territorios, que no son otros que los de la ciudadanía que los habita.

Pareciera que el PSOE, lejos de atreverse a afrontar ese desafío de hacer pagar más a quienes más tienen (y más se enriquecen a costa del resto) prefiere coger el camino “fácil”. Sabe que para una reforma fiscal progresiva se va a encontrar con toda la derecha, independentista y españolista, y con las grandes empresas en frente, y prefiere hacer un mal apaño de consecuencias imprevisibles. La descentralización no puede poner en riesgo la redistribución de rentas entre clases y territorios sino hacerla efectiva. 

Toni Valero es coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso

El tradicional homenaje a Blas Infante en el aniversario de su asesinato por los fascistas se celebra este año con la música de fondo de la financiación autonómica. El acuerdo entre PSC y ERC para formalizar la investidura de Illa en Cataluña ha (re)abierto el debate sobre el modelo de financiación autonómica que es también un debate sobre el modelo de país. Se hace con una aritmética parlamentaria compleja tanto en Parlament de Catalunya como en el Congreso de los Diputados. La investidura de Illa y la estabilidad del gobierno de coalición están detrás del debate abierto, pero dada la enjundia del asunto, las propuestas de modelo de financiación (y de modelo de país al que apunten) deben tratar de abstraerse de dichas derivadas porque las consecuencias son a largo plazo.

Durante la Primera República española no se consiguió aprobar el Proyecto de Constitución Federal de 1873 pero se apuntó a la senda federalista que debía transitar la organización territorial del país. Bien queda reflejada en la Constitución Federal de Antequera de 1883, en plena restauración borbónica, y con más contundencia en el Manifiesto andalucista de Córdoba de 1919, en la crisis de dicha restauración, que recogía las reivindicaciones llevadas meses antes a la Sociedad de Naciones.