¡Ya está bien! La derecha española complace al franquismo

Según la Ley Andaluza 02/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en su artículo 17 establece el 14 de junio como el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura en Andalucía.

Se espera una vez más que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía abandone la desconsideración que demuestra permanentemente con la Ley y, a su vez, con las víctimas de la represión franquista y de sus familiares cono así lo demuestra con la dejación de las obligaciones y actuaciones que les dicta la vigente ley de Memoria andaluza, sólo paliadas por las iniciativas de colectivos de familiares y del Gobierno de España amparadas por la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática.

No han sido pocos los desplantes a los que ha sometido a las víctimas de la represión franquista y sus familias desde la llegada de las derechas al Gobierno de Andalucía como se puede recordar. Cierre de oficinas de atención a víctimas en las distintas delegaciones provinciales de la Junta, abandono de los programas de formación del profesorado en lo referente al estudio de la Guerra Civil, la Dictadura y la represión franquista; así como la interrupción de la modificación de los contenidos curriculares para la introducción de temas referentes a esto como indican las leyes memorialista de Andalucía y la del Estado; freno de los trabajos de localización y exhumación en fosas comunes y de identificación genética de restos, … por citar algunos de los numerosos ejemplos que demuestran el desinterés que tiene el Gobierno andaluz por cumplir y hacer cumplir la Ley 02/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Pero centrándonos en el capítulo de acciones de homenaje y recuerdo a las víctimas de la Guerra y la Dictadura, hay que decir que tras la irrupción de los partidos de derechas durante la legislatura pasada en el ejecutivo andaluz estos actos han desaparecido de la agenda política de las diferentes Consejerías a pesar de que en noviembre de 2021 más de 5.000  personas, entre víctimas, familiares y memorialistas denunciaron públicamente en las calles de Sevilla el abandono del Gobierno Andaluz de la citada Ley Andaluza y de las políticas de recuperación de la memoria histórica y democrática.

Durante los días 10 y 20 de noviembre pasados pudimos presenciar directa y personalmente hechos que ni creíamos que pudieran repetirse a estas alturas

Con esto, desaparecieron cualquier rastro de actos oficiales de recuerdo y homenaje a las víctimas, ni tampoco se llevaron a cabo en el ámbito escolar a pesar de que desde la Consejería de Educación dirigida por el socio de Gobierno, Ciudadanos, se dieron las oportunas instrucciones para que se acometieran, cosa que no se acompañó de un seguimiento quedando por tanto en el olvido aquellas instrucciones.

En cambio, si pusieron especial empeño desde la Consejería de Cultura, donde habían retornada unas mutiladas competencias en políticas memorialistas, en cuestionar, dilatar y entorpecer la salida del genocida Queipo de Llano del lugar preeminente con exposición pública que tenía su sepulcro en la Basílica de la Macarena, actuando una vez de forma contradictoria a lo marcado en la ley andaluza de Memoria. Suerte que la posterior intervención del Estado aplicando la recién aprobada ley estatal de Memoria, fue la que consiguió la exhumación de los restos de Queipo y del General Auditor de Guerra Francisco Bohórquez el pasado 3 de noviembre y su posterior traslado a otro lugar.

En esa ambigüedad con respecto al franquismo es donde se ha movido la derecha española desde la Transición hasta nuestros días que siempre se ha traducido en un permanente “blanqueo” de las atrocidades franquistas durante la Guerra y la Dictadura, tolerando cualquier manifestación de exaltación de aquel “glorioso” Movimiento Nacional y de sus victimarios y el desentendimiento absoluto del dolor de las víctimas y sus familiares, incluso obviando las leyes.

Pero con la aprobación entrada en vigor de la nueva ley estatal de Memoria Democrática, la creación de una Secretaría de Estado y de una Fiscalía Especial de Memoria Democrática, ha provocado un cambio radical del escenario. Y en este nuevo contexto, la Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica y Democrática (COAND-MHD), la entidad memorialista más importante de Andalucía ha decidido y anunciado que actuará directamente o a través sus entidades federadas ante cualquier incumplimiento de la normativa vigente sobre Memoria Democrática tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito estatal.

Por poner un ejemplo reciente, durante los días 10 y 20 de noviembre pasados pudimos presenciar directa y personalmente hechos que ni creíamos que pudieran repetirse a estas alturas y que, como familiares de víctimas del golpe de estado de 1936, de la guerra que provocó y de la posterior dictadura franquista, nos llenó de estupor y de dolor.

En las calles de Madrid asistimos con perplejidad y pudimos ver directamente como un grupo de manifestantes exaltaban las organizaciones que sustentaron la criminal represión de un régimen que asesinó y represalió a personas por el mero hecho de sus ideas a favor de un sistema democrático legítimamente constituido. Luciendo toda la simbología de la Falange, con sus camisas azules, sus himnos y banderas, exaltaban a la organización que en alarde de sus siglas colaboró y ejecutó en toda España el más macabro plan de exterminio de compatriotas.

En el Valle de Cuelgamuros, en la mañana del 20 de noviembre, volvieron a repetirse actos tan dolorosos, en los que los asistentes entonaban el “Cara al sol” con el brazo derecho levantado y extendido a modo de saludo fascista, y en los que hubo discursos de los propios organizadores donde se proclamó que “no hay ley que prohíba ensalzar a los héroes, por eso estamos aquí”. O en la Plaza de Oriente, donde se glorificaba al dictador con “Vivas a Franco”.

No hubo atisbo alguno de que sus organizadores adoptaran medida alguna para para impedirlo o poner fin a su realización, dándole por el contrario la mayor divulgación y publicidad.

Estos actos de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de enaltecimiento de sus dirigentes y de las organizaciones que participaron activamente en el sistema represivo, sustentando al régimen dictatorial, se hacen en sangrante menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y no hubo atisbo alguno de que sus organizadores adoptaran medida alguna para para impedirlo o poner fin a su realización, dándole por el contrario la mayor divulgación y publicidad.

Lo que supuso a nuestro juicio una clara y reiterada provocación a víctimas y familiares en esa exaltación de los autores y directores de un macabro plan para acabar con un modelo de Estado legitimado en las urnas y que venía garantizando la alternancia democrática en el Gobierno como fue el de la II República Española y con el Gobierno entonces vigente del Frente Popular que salió de las últimas elecciones legislativas de febrero de 1936.

Con estos actos de exaltación se produce una clara muestra de reconocimiento precisamente de los culpables de aquel golpe de estado militar protagonizado por una banda de militares traidores del Ejército de España durante la IIª República y que fue promovido e impulsado por los sectores más retrógrados y conservadores de la sociedad española del momento (en el ámbito social, religioso, militar, político y económico). Una sociedad que previa y recientemente había elegido libertad, democracia, progreso, justicia e igualdad.

Este vergonzante golpe militar fascista se convirtió en uno de los episodios más tristes de la historia reciente de este país que fue, además, apoyado por el nazismo alemán y el fascismo italiano de Mussolini, los cuales utilizaron junto al ejército sublevado de Franco el territorio nacional y su población como banco de pruebas de las técnicas de guerra y de represión que luego fueron utilizadas durante la posterior II Guerra Mundial. Esto es: el autoproclamado “salvador de España” masacrando a sus propios compatriotas.

Así se acabó para décadas posteriores con el sistema democrático, de progreso y de libertades que había alumbrado la aniquilada II República Española. Como también acabó con la vida y la libertad de muchas personas inocentes de España, especialmente y mayoritariamente los más ilustrados o los pertenecientes a los sectores más vulnerables y desfavorecidos: los trabajadores y trabajadoras de este país y sus familias.

Sin olvidar a los que se identificaban con los principios y valores republicanos, ni a las mujeres ni a los que manifestaban una personalidad sexo-afectiva diferente a lo que los represores señalaban como “normalidad”, mal entendida por supuesto. A todos estos le fue aplicado un proceso cruel y desproporcionado de exterminio ideológico exentos de garantías procesales que en la mayoría de los casos se producían de forma extrajudicial, una persecución sistemática por las mismas razones y una política carcelaria brutal en prisiones masificadas o campos de concentración en todo el territorio español en los que entrar solía ser sinónimo de muerte.

120.000 desaparecidos, 300.000 expedientes de responsabilidades políticas, 2.400 fosas comunes, 20.000 muertos en prisiones, 1 millón de personas sometidas a trabajo esclavo en campos de concentración, 60.000 bebés robados a sus padres biológicos, 700.000 exiliados y/o refugiados, depuración de profesionales, apartheid sanitario, incautación de bienes familiares,… fue una parte del triste balance de esta cruel política represiva fascista y cuya mayor responsabilidad recaía en la figura de Francisco Franco.

Pretender en estos tiempos revisar la historia blanqueando estas atrocidades, perpetuando el olvido injusto de sus víctimas, exaltando y homenajeando a sus culpables no solo supone una falta de respeto y de humanidad ante las víctimas de esta brutal represión y sus familias sino que también hace peligrar el derecho de las nuevas generaciones a conocer la verdad de lo que ocurrió durante aquel período y de establecer las oportunas garantías para que nunca se vuelvan a repetir sucesos similares.

Solo aquella tradición que tenga en cuenta la memoria puede aportar una mirada nueva y creativa a los problemas contemporáneos

Se trata sencillamente de reparar el daño causado y hacer justicia con las víctimas que desgraciadamente sufrieron aquella crueldad y que en la mayoría de los casos fueron condenadas también al olvido eterno.

Homenajear a los verdaderos culpables de estas atrocidades o, simplemente, ponerse de perfil ante esos relatos y realidades de las víctimas que comienzan a resurgir no hace más que mutilar la historia reciente de este país desde un revisionismo perverso que obvia el sufrimiento y la dignidad dañada de los que sufrieron directamente la represión franquista.

Porque sólo aquella tradición que tenga en cuenta la memoria puede aportar una mirada nueva y creativa a los problemas contemporáneos, puesto que defiende una justicia que se apoya en esa memoria y rescate a los vencidos siempre ocultos tras el implacable muro de los vencedores.

Recurrir a la memoria no es estar contra el futuro, sino que es una posibilidad de construcción de futuro. El pueblo que olvida o desconoce su pasado está condenado a repetirlo.

“La memoria es una lectura moral del pasado, no sólo quiere contar hechos, sino que busca el sentido de ellos, el sentido que tiene que tener el pasado para nosotros. Por eso mismo, el que recuerda, de alguna manera, se siente interpelado por la responsabilidad de ese pasado.”  (Reyes Mate, 2016).

El concepto de Memoria es algo enigmático que incomoda para algunos porque tiene que ver con lo olvidado. Nos hace ver sobre qué está construido nuestro presente, que hay debajo de él, todo el sufrimiento, todo el sufrimiento anónimo de las víctimas y, en consecuencia, es un concepto molesto.

La memoria se enfrenta a la historia, la historia es el relato oficial, la memoria es, en el fondo, la experiencia de los vencidos.

Así pues, el deber de memoria nos debe hacer repensar todo a la luz de la experiencia de barbarie para evitar que se repita y también para, de alguna manera, hacer justicia a las víctimas del pasado.

Por lo tanto, el deber de memoria no consiste en recordar sino tener en cuenta lo que hemos hecho y qué henos aprendido para que no se repita. Para nada poniendo el énfasis en el victimario y su castigo, sino en la víctima y su reparación. La memoria, por tanto, no debería disgustar a nadie, sino interesar a todos.

Creemos que ésta debe ser objeto de un pacto de Estado, sin discusión, porque lo único que importa ahí es la ética y la verdad.

Por todo eso, mantenerse al margen y desentendiéndose del sufrimiento de las víctimas y de sus familias y de la grave regresión que se provocó con los principios democráticos tras la II República por la irrupción en España de esos militares fascistas, no sería otra cosa que un grave error que cometeríamos como ciudadanos al eludir la responsabilidad de transmitir a las generaciones más jóvenes la verdad de lo que ocurrió durante el golpe militar y la posterior Dictadura, puesto que son ellas las encargadas de preservar la democracia y la libertad en un futuro que les pertenece.

Pero, además, cuando se produce la exaltación pública de los victimarios ante el dolor y el olvido de sus víctimas, como ocurrió, por ejemplo, el pasado 20 de noviembre, nos demuestra que el fanatismo, casi siempre, viene cargado de miseria y con ello, lejos de actuar con una actitud respetuosa y reparadora con el daño sufrido por las víctimas, no persiguen otra cosa que perpetuar un relato preñado de épica pero pervertido por la mano fascista de los represores.

Y este es un problema que debe comprometernos a todos porque en nada contribuye a `paliar el dolor sufrido y lo que no es menos grave, tampoco a la consolidación democrática y de libertades en nuestro país.

Según la Ley Andaluza 02/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en su artículo 17 establece el 14 de junio como el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura en Andalucía.

Se espera una vez más que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía abandone la desconsideración que demuestra permanentemente con la Ley y, a su vez, con las víctimas de la represión franquista y de sus familiares cono así lo demuestra con la dejación de las obligaciones y actuaciones que les dicta la vigente ley de Memoria andaluza, sólo paliadas por las iniciativas de colectivos de familiares y del Gobierno de España amparadas por la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática.