Desokupa la justicia

En los últimos años, la situación de la justicia en nuestro país no ha parado de empeorar. La parálisis forzosa, sufrida durante la pandemia de la Covid, y las huelgas de diversos sectores, reclamando (merecidas) subidas salariales, no han hecho más que colocar a la Administración de Justicia en una situación límite. Faltan juzgados y, a los que hay, les faltan medios personales y materiales. Falta, en definitiva, una política de Estado decidida a abordar con seriedad las necesidades de uno de sus tres Poderes, el que nos permite resolver nuestros conflictos de manera pacífica y democrática.

Mientras tanto, el ciudadano está dejando de creer en la justicia como una opción válida para resolver sus problemas. Y ese vacío, nos guste o no, es llenado por empresas como Desokupa. Es cierto que la alarma social en torno a la ocupación de viviendas es absolutamente desproporcionada, además de interesada. Pero también lo es que si un ciudadano medio sabe que puede tardar hasta 18 meses en hacer valer sus derechos ante un tribunal, está más expuesto y vulnerable a los mensajes que tratan de inocularle miedo.

A Desokupa le da igual. Los echa y listo. Te resuelve el problema. Un problema que debería ser resuelto en un juzgado que tenga en cuenta todas las circunstancias concurrentes. Un problema que compete, por suerte, al Estado.

Ante esa situación, muchos piensan que es más efectivo contratar a una empresa como Desokupa, que te resuelve el “problema” mucho antes. Y lo hace, además, sin ningún escrúpulo. Sin reparar en por qué el arrendatario no paga la renta, si lo hace por problemas económicos o por otra cuestión, si hay menores que podrían quedar en la calle, si se trata de una familia perteneciente a un colectivo vulnerable o si no tienen ningún sitio al que ir. A Desokupa le da igual. Los echa y listo. Te resuelve el problema. Un problema que debería ser resuelto en un juzgado que tenga en cuenta todas las circunstancias concurrentes. Un problema que compete, por suerte, al Estado.  

Hay que abordar ya el problema de la justicia y hacerlo de manera decidida, para que solo sea administrada por el poder judicial y no por empresas privadas y sin escrúpulos que pretenden okupar sus competencias. Porque, mientras la justicia siga degradándose, seguirán saliendo puntos ciegos, problemas sin resolver que gentes sin ética alguna aprovecharán para hacer negocio y, de paso, política, buscando crear alarma social para ganar dinero y elecciones.  

En los últimos años, la situación de la justicia en nuestro país no ha parado de empeorar. La parálisis forzosa, sufrida durante la pandemia de la Covid, y las huelgas de diversos sectores, reclamando (merecidas) subidas salariales, no han hecho más que colocar a la Administración de Justicia en una situación límite. Faltan juzgados y, a los que hay, les faltan medios personales y materiales. Falta, en definitiva, una política de Estado decidida a abordar con seriedad las necesidades de uno de sus tres Poderes, el que nos permite resolver nuestros conflictos de manera pacífica y democrática.

Mientras tanto, el ciudadano está dejando de creer en la justicia como una opción válida para resolver sus problemas. Y ese vacío, nos guste o no, es llenado por empresas como Desokupa. Es cierto que la alarma social en torno a la ocupación de viviendas es absolutamente desproporcionada, además de interesada. Pero también lo es que si un ciudadano medio sabe que puede tardar hasta 18 meses en hacer valer sus derechos ante un tribunal, está más expuesto y vulnerable a los mensajes que tratan de inocularle miedo.