Por una Europa de progreso que no deje a nadie atrás

Ir a votar el próximo domingo es fundamental para que sigamos avanzando en derechos y no se produzca una involución. Si la ultraderecha consigue más poder en Europa, volveremos a los recortes y a las políticas de austeridad que tanto daño hicieron durante la anterior crisis financiera.

Aunque los organismos europeos puedan sonarnos algo lejanos, no lo son; sus decisiones afectan directamente a nuestras vidas, las de los andaluces y andaluzas. Más de la mitad de las leyes aprobadas en España en los últimos cinco años derivan de directrices europeas, y muchas afectan decisivamente a Andalucía, como las relacionadas con las ayudas a la agricultura y al medio rural, la protección del medio ambiente y el bienestar animal, la digiltalización, la estabilización de los empleados públicos, la conciliación familiar, el desarrollo ferroviario, los incentivos al transporte... Pero, sobre todo, los fondos de más 500.000 millones de euros para reactivar la economía, proteger a las personas trabajadoras y a las empresas, y superar la crisis socioeconómica derivada de la pandemia de COVID, de los que 140.000 millones están llegando a España. Gracias a ellos, nuestro país está a la cabeza del crecimiento económico de la Unión Europea (UE) con un aumento del PIB del 0,7% en el primer trimestre, frente al 0,3% comunitario; el paro está en cifras de prepandemia y hoy, hay más trabajadores activos que nunca en España, 21,3 millones.

Los países del sur, llamados despectivamente por los neoliberales europeos PIG, durante la crisis de deuda de 2010 a 2012 (España, Italia, Portugal, Grecia y también Irlanda) han dado la vuelta a la tortilla, y ahora son los que tiran de la economía europea

Son políticas expansivas que, impulsadas por Gobiernos como el español, desarrolladas por la Comisión Europea, y por iniciativas progresistas en el Parlamento Europeo están permitiendo a Europa superar una compleja situación de problemas y conflictos que podría habernos llevado a una profunda recesión. Si hacemos un poco de memoria, en los últimos cinco años hemos superado una pandemia, un período de extrema inflación, una escasez de componentes electrónicos, una crisis energética y de precios de la luz por la falta de gas, y estamos en pleno proceso de recuperación de otras consecuencias derivadas de la invasión rusa en Ucrania, como la escasez de cereales, o del cambio climático, como la sequía.

Los países del sur, llamados despectivamente por los neoliberales europeos PIG, durante la crisis de deuda de 2010 a 2012 (España, Italia, Portugal, Grecia y también Irlanda) han dado la vuelta a la tortilla, y ahora son los que tiran de la economía europea.

Esta vez, avalado por informes económicos y no ideológicos, de la Comisión Europea, el Gobierno español ha podido afrontar la crisis que se venía encima con diálogo social, entendimiento con patronal y sindicatos, asumiendo propuestas para proteger a la ciudadanía.

En vez de despidos se pusieron en marcha los ERTE, que suspendían los contratos hasta que las condiciones pudieran normalizarse. Se creó el Ingreso Mínimo Vital. La Reforma Laboral ha permitido hacer indefinidas a 3,5 millones de personas trabajadoras, y ha subido el salario de las que dependían de un convenio de empresa al pasar a depender del convenio sectorial.

Las reiteradas subidas del SMI han facilitado el cumplimiento del mandato constitucional de la redistribución justa de la riqueza, y han reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y no han supuesto más paro, ni más cierre de empresas, sino más poder adquisitivo para las personas trabajadoras, con más consumo y reactivación de la economía.

Europa ha avalado la Reforma de las Pensiones y el actual sistema de revalorización con el IPC reconociendo que es sostenible. Igualmente, ha respaldado la Ley Rider, que ha permitido a decenas de miles de mensajeros tener un contrato regulado.

Quedan muchos asuntos pendientes que mejorar. Como el precio del despido, en lo que la UE nos ha dado la razón, pero hay que desarrollarlo legalmente. También debemos seguir negociando la reducción de la jornada laboral hasta llegar a las 35 horas semanales y, más adelante, a las 32

Pero quedan muchos asuntos pendientes que mejorar. Como el precio del despido, en lo que la UE nos ha dado la razón, pero hay que desarrollarlo legalmente. También debemos seguir negociando la reducción de la jornada laboral hasta llegar a las 35 horas semanales y, más adelante, a las 32.

Nuestro voto, el próximo domingo, va a decidir si queremos una Europa social, inclusiva, igualitaria y con derechos para todos y todas, o si ponemos aún más en riesgo los servicios públicos: si la sanidad pública va mal, con una ultraderecha fuerte en Europa irá peor; están en riesgo los planes para evitar la siniestralidad laboral, una lacra que ya ha matado a 56 personas trabajadoras en lo que llevamos de año en Andalucía; están en peligro las medidas laborales por la igualdad de oportunidades; por la igualdad salarial; contra la discriminación a trabajadores LGTBI; en defensa del medio ambiente; contra la pobreza y exclusión social; por una vivienda digna, accesible para todos y contra el sinhogarismo; por el derecho al agua como bien público y no especulativo; y para superar la pobreza energética. 

Los avances sociales conseguidos estos últimos cinco años, en estos ámbitos, gracias a las propuestas y reivindicaciones sindicales, a los partidos de progreso, y a los acuerdos de diálogo social, están en peligro.

La derecha europea, en esta campaña, no ha ocultado su disponibilidad para negociar con una parte de la ultraderecha, si fuera necesario, para dirigir las instituciones europeas. Y las medidas de la ultraderecha se parecen mucho en todo el mundo: neoliberalismo salvaje, la motosierra de Milei para acabar con los servicios públicos o cualquier medida social; símbolos fascistas sin rubor y noticias falsas, si son necesarias, para eliminar al contrincante, incluyendo el intento de utilizar otras instituciones del estado, como la Justicia.

Todas las trabajadoras y trabajadores europeos debemos votar con responsabilidad el próximo 9 de junio, porque nos jugamos mantener un modelo de Europa social e igualitario, o facilitar uno ultraliberal y privatizador de los servicios públicos. 

El sindicalismo europeo debe continuar siendo una voz clave en la negociación colectiva, garantizando que todas las personas trabajadoras disfruten de derechos laborales justos y de una representación adecuada en la lucha contra las políticas que buscan desmantelar estos derechos fundamentales.

El próximo domingo te la juegas. Vota más escudo social, más y mejores servicios públicos, más empleo y derechos laborales. Por Andalucía, por España, por Europa.

Ir a votar el próximo domingo es fundamental para que sigamos avanzando en derechos y no se produzca una involución. Si la ultraderecha consigue más poder en Europa, volveremos a los recortes y a las políticas de austeridad que tanto daño hicieron durante la anterior crisis financiera.

Aunque los organismos europeos puedan sonarnos algo lejanos, no lo son; sus decisiones afectan directamente a nuestras vidas, las de los andaluces y andaluzas. Más de la mitad de las leyes aprobadas en España en los últimos cinco años derivan de directrices europeas, y muchas afectan decisivamente a Andalucía, como las relacionadas con las ayudas a la agricultura y al medio rural, la protección del medio ambiente y el bienestar animal, la digiltalización, la estabilización de los empleados públicos, la conciliación familiar, el desarrollo ferroviario, los incentivos al transporte... Pero, sobre todo, los fondos de más 500.000 millones de euros para reactivar la economía, proteger a las personas trabajadoras y a las empresas, y superar la crisis socioeconómica derivada de la pandemia de COVID, de los que 140.000 millones están llegando a España. Gracias a ellos, nuestro país está a la cabeza del crecimiento económico de la Unión Europea (UE) con un aumento del PIB del 0,7% en el primer trimestre, frente al 0,3% comunitario; el paro está en cifras de prepandemia y hoy, hay más trabajadores activos que nunca en España, 21,3 millones.