Un Estado fuerte es republicano, federal y laico

Los sistemas que generan estructuras de poder son el político (poder público) y el sistema económico (poder privado). El neoliberalismo consiguió, durante décadas, el predominio de las oligarquías y el mercado frente al Estado y la sociedad, provocando la desarticulación entre economía, poder público y comunidad en todas las escalas.

El resultado han sido crisis financieras globales, como la del 2008; el aumento de la desigualdad social interna y externa; la atomización de las sociedades; la precarización del trabajo y un desastre medioambiental que amenaza con la extinción masiva de las especies en la tierra, incluida la humana.

La respuesta a esta crisis multidimensional exige cambios estructurales sin precedentes por la intensidad y la velocidad de las transformaciones que hacen falta. Hoy más que nunca necesitamos un Estado democrático fuerte que sea capaz de liderar la transición ecológica para la justicia social.

Como dice Alba Rico, “un Estado fuerte es la libertad de expresión, los servicios públicos, los sindicatos, la sociedad civil, los movimientos sociales, los DDHH; un Estado fuerte es el que -más allá de la forma del régimen- protege una administración republicana independiente capaz de seguir los procedimientos al margen de amiguismos y sectarismos. No hay legitimidad democrática ni ejercicio democrático sin un Estado fuerte”.

La monarquía es sencillamente incompatible con la democracia que se sustenta en la idea de la igualdad política. No hay nada más contario a la igualdad política que la principal institución que representa al Estado se base en el principio de desigualdad

En España, la legitimidad democrática y el ejercicio democrático necesita de un triple refuerzo: república, federalismo y laicidad.

La monarquía es sencillamente incompatible con la democracia que se sustenta en la idea de la igualdad política. No hay nada más contario a la igualdad política que la principal institución que representa al Estado se base en el principio de desigualdad. Podrán intentar hacer todas las campañas para mejorar la imagen de la monarquía española, como la que están desplegando en torno a Leonor de Borbón, pero la realidad es tozuda, la impopularidad de la monarquía avanza de la mano de su fracaso. La impunidad con la que ha actuado Juan Carlos I cuestiona toda la institucionalidad monárquica. La falta de transparencia, los privilegios que extienden su inviolabilidad a cualquiera de sus actos, son las derivaciones de esta institución anacrónica basada en el principio de la discriminación por razón del nacimiento. La ciudadanía tiene el derecho a elegir como quiere que se establezca constitucionalmente la jefatura del Estado, y tarde o temprano lo conseguiremos.

En España el estado autonómico carece del mecanismo de articulación federal entre las Comunidades Autónomas y el estado. La ausencia de este mecanismo ha provocado una doble dinámica: una dinámica separatista que ha tomado especial trascendencia en Cataluña y una dinámica centralista impulsada por los partidos de la derecha estatal. Ambas dinámicas debilitan al Estado: una porque lo fragmenta, la otra porque lo desarticula.

El estado democrático y las comunidades políticas son las construcciones sociales que nos garantizan la vida y la convivencia pacífica, fundiéndose en un proyecto colectivo de país para garantizar la seguridad, la igualdad y la libertad en democracia.

Estado democrático pluralista y comunidad, lejos de ser realidades políticas antagónicas, establecen entre sí una dinámica virtuosa de modo que sin estado democrático y pluralista no hay comunidad sólida y sin comunidad no hay estado fuerte que pueda funcionar democráticamente.

Estado democrático pluralista y comunidad, lejos de ser realidades políticas antagónicas, establecen entre sí una dinámica virtuosa de modo que sin estado democrático y pluralista no hay comunidad sólida y sin comunidad no hay estado fuerte y democrático

La Andalucía del 4D y del 28F fue la que imprimió una dinámica federal frente a los nacionalismos y al centralismo excluyentes. La ausencia de Andalucía como sujeto político en la nueva disputa territorial, provoca una distorsión del equilibrio territorial que puede derivarse en una recuperación del proyecto radicalmente asimétrico que logramos frustrar con una movilización popular sin precedentes con el referéndum del 28F de 1980.

Toda forma de implantar un nuevo modelo territorial que no tenga en cuenta la solidaridad entre Comunidades será tan sólo la constatación de que tras los relatos sobre la plurinacionalidad asimilada al plurilingüismo solo se esconden proyectos para acrecentar la desigualdad y los privilegios.

La laicidad es una seña de identidad consustancial a la soberanía del poder civil, la libertad individual y la democracia. Cada persona es titular del derecho a la libertad ideológica y a sus propias convicciones y creencias. Por ello el ejercicio de la libertad de pensamiento y de conciencia tiene una enorme trascendencia pública. Ello exige que el Estado proporcione garantías y regule su ejercicio de forma constitucionalmente adecuada, garantizando su neutralidad con respecto a cualquier confesión religiosa.

En España estamos viviendo el escándalo por la impunidad con la que la Iglesia católica ha actuado para silenciar los miles de casos de pederastia, que el informe del Defensor del Pueblo ha cuantificado en unas 440.000 personas. Al igual que la impunidad de Juan Carlos I, tanto el hecho de que estos delitos hayan podido llevarse a cabo amparados en la negación o la minimización de los abusos, son un claro exponente de una situación estructural: la desigualdad genera injusticias endémicas porque sitúa a sus actores al margen del sistema democrático.

Por ello, es una tarea ineludible para el posible nuevo gobierno de coalición progresista la revisión de los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979; la reversión de las inmatriculaciones fraudulentas; eliminar los privilegios fiscales; dejar de financiar con fondos públicos la enseñanza privada y garantizar la neutralidad religiosa de los espacios y servicios públicos.

República, federalismo y laicismo son en última instancia expresiones de la correlación de fuerzas entre el poder político y las oligarquías, expresiones de la igualdad política frente a la desigualdad que es consustancial al poder económico.

El estado español, dominado tradicionalmente por las élites económicas y por la derecha política, no ha logrado construirse como un estado fuerte, reformar el modelo económico, crear un robusto sistema de bienestar y dotarse de una estructura plenamente democrática y pluralista. Las deficiencias del sistema económico y del sistema político provocan desigualdad, paro y destrucción ambiental, generando una insatisfacción ciudadana creciente que están aprovechando las fuerzas enemigas de la democracia.

Conquistar un estado republicano, federal y laico es un objetivo que deberían compartir todas las personas que defienden la democracia, pero hoy además es una necesidad si queremos un Estado fuerte que pueda impulsar la transición ecológica para la justicia social.

Los sistemas que generan estructuras de poder son el político (poder público) y el sistema económico (poder privado). El neoliberalismo consiguió, durante décadas, el predominio de las oligarquías y el mercado frente al Estado y la sociedad, provocando la desarticulación entre economía, poder público y comunidad en todas las escalas.

El resultado han sido crisis financieras globales, como la del 2008; el aumento de la desigualdad social interna y externa; la atomización de las sociedades; la precarización del trabajo y un desastre medioambiental que amenaza con la extinción masiva de las especies en la tierra, incluida la humana.