Hace unos años, en un plató de televisión, un mediático economista liberal intentó entregarme en horario de máxima audiencia el famoso libro Sobre la libertad, de John Stuart Mill. Intentaba con este gesto teatralizado estigmatizar a la izquierda como enemiga de “la libertad”. Evidentemente decliné su envenenado ofrecimiento.
Aquel gesto no tenía nada que ver con la literatura o el afán divulgador de aquel economista. Tenía que ver con el intento de apropiarse del término “libertad”, justo lo que está tratando de hacer el Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andalucía renombrando el Decreto Imbroda de escolarización como decreto de la “libertad de elección”.
No es una práctica nueva. Son desgraciadamente habituales los liberticidios en nombre de la libertad. Quizá el más cínico y conocido fue el de la Operación Libertad Duradera, nombre con el que el gobierno de EEUU de Bush blanqueaba su operación de guerra en Afganistán. Antes se había denominado Justicia infinita y ambas se enmarcaban en su lucha contra el Eje del Mal… maestros de la resignificación.
La resignificación es un ejercicio dialéctico. Cuando a una guerra la denominamos Justicia Infinita estamos intentando trasladar que es una guerra justa, pero al mismo tiempo la justicia deja de ser lo que era al identificarse también con la guerra. Esta operación discursiva sólo es posible con lo que llamamos significantes vacíos, aquellos que tienen connotaciones positivas o negativas pero cuyas definiciones son esquivas, imprecisas en cierta medida, objeto de discusión y disputa. Hay muchos términos similares en disputa en la batalla cultural por apropiarse de las etiquetas clave del imaginario social. El constitucionalismo es un término del que la derecha pretende expulsar al PSOE y Podemos; la casta era uno de esos significantes vacíos que usaba Podemos en sus orígenes para agrupar al PSOE y PP; la ultraderecha quiere apellidar como “intrafamiliar” la violencia contra las mujeres; el feminismo tiene una concreción en disputa que se discute incluso entre los distintos sectores del propio Gobierno, a sabiendas de que es una etiqueta ganadora en el campo electoral en disputa entre Podemos y el PSOE; y un sinnúmero de significantes positivos y negativos más en constante resignificación como el terrorismo, la paz, el bien, el mal...
El problema no es sólo el cinismo que esta operación suele encarnar, sino que en demasiadas ocasiones esta batalla cultural está hurtando debates de fondo a los ciudadanos.
Y es obvio que hay un debate entre educación pública y concertada, un debate entre quienes apuestan por el sálvese quien pueda, el Estado mínimo y la privatización de los servicios públicos y quienes pensamos que las mejores sociedades son aquellas que apuestan por la igualdad de oportunidades garantizando educación, salud y vivienda a todos los ciudadanos.
Deberíamos poder mirar al debate de frente. Este es un debate que llevado al extremo paradójicamente tiene que ver precisamente con la libertad, pero no en el sentido demagógico en el que lo utiliza el Gobierno andaluz, sino en el sentido más profundo y complejo del término, el que nos planteaba Isaiah Berlin cuando diferenciaba entre libertad negativa como ausencia de obstáculos a la voluntad individual y libertad positiva, la que describe la capacidad de cada individuo para desarrollar y determinar su destino.
La primera, la ausencia de normas, la que promociona el gobierno de PP y C's apoyado por Vox con esta ley nos devuelve al salvaje oeste, a la ley del más fuerte, que en su versión s.XXI es la ley del que más tenga. La segunda acepción nos recuerda que sólo somos plenamente libres cuando contamos con capacidades y oportunidades para realizarnos.
El corazón de la función social de la escuela pública es precisamente ese, dotarnos en igualdad de acceso a la capacidad y oportunidad de realizarnos, o lo que es lo mismo, garantizar las condiciones mínimas de todos los andaluces para elegir en libertad ser lo que quieran ser.
Por usar una metáfora sencilla. Un carril bus ¿coarta mi libertad individual porque no puedo usarlo con mi coche, o más bien garantiza la libertad de acceso y movimiento de todos al facilitar un sistema de transporte universal, accesible y eficaz? Cuando los recursos son escasos la libertad de unos pocos cercena la libertad de los muchos.
Con el decreto Imbroda y en nombre de la libertad, la suya, la de los que tienen más recursos, la derecha andaluza pretende sencillamente segregar y discriminar. Frente a un Gobierno que apuesta por una libertad que se parece demasiado al capricho, los andaluces y andaluzas no podemos sino salir a las calles a defender las oportunidades de los más vulnerables, los menores, y entre ellos los menores con menos recursos; a defender en fin las raíces mismas de la libertad.
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