Se preguntaba José Fiscal, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía, cómo hacer para no tropezar dos veces en la misma piedra. Fue en la inauguración de las Jornadas Bases para un nuevo urbanismo en Andalucía.Bases para un nuevo urbanismo en Andalucía En vista del enfoque de dichas jornadas y de lo escuchado a la mayoría de los ponentes, tiene buenas razones el consejero para sentirse intranquilo.
De entrada, el título de las jornadas no guarda relación alguna con el contenido. En primer lugar, porque, salvo excepciones, no se habló del viejo urbanismo y sus consecuencias, lo cual parecería que debiera ser el primer paso para plantear una nueva dirección. En segundo lugar, porque, nuevamente salvo excepciones, los ponentes no ofrecieron ideas para dichas bases. El tema de discusión se limitó, salvo algunas voces críticas minoritarias, a la cuestión de cómo agilizar la legislación urbanística y su procedimiento para aprovechar los síntomas de reactivación económica y no perder inversiones de fondos internacionales. Muy preocupante, señor Fiscal.
De hecho, el precedente de las jornadas es la suscripción de un decálogo, promovido por la consejería, con medidas para agilizar la legislación urbanística para reactivar la economía y el “crecimiento sostenible”. Pues bien, ese decálogo plantea dos objetivos, pero sólo desarrolla uno. El primer objetivo es “el impulso de las medidas de flexibilización y agilización de los procedimientos e instrumentos urbanísticos”. El segundo es “la puesta en funcionamiento de iniciativas para un desarrollo urbano sostenible con el fin último de mejorar la calidad de vida, situando en el centro al ciudadano y desarrollando un urbanismo que aborde de la sostenibilidad y la entrada de las ciudades en la era de la información y el conocimiento”.
Comparto ambos objetivos, pero si los diez puntos se centran en el desarrollo del primero, nada dicen de cómo conseguir el segundo, y en dos de ellos se proponen medidas para agilizar la tramitación de actuaciones en suelo no urbanizable, me preocupo. ¿Ustedes no? ¿Usted no, señor Fiscal?
Imagino que usted será el más preocupado, porque es consciente, tal y como dijo en la inauguración, de que “la crisis económica nos ha hecho replantear las cosas” y que “tenemos que evitar las malas prácticas”. También es consciente de que para ello es necesario gestionar mejor la complejidad y dotarnos de una ley para todos. Aquí, en mis notas añadí: no sólo para los agentes económicos y sociales que han protagonizado hasta ahora la acción urbanística.
Usted, señor Fiscal, nos dijo que tenemos que hacer una lectura crítica de no pocas situaciones. Y yo anoté, ¿cuáles? Porque, aunque esperé escucharle alguna pista no nos dijo nada. Tomo nota no obstante de estas declaraciones como punto suficiente para empezar a profundizar en el tema, como usted nos pidió en la convocatoria de las jornadas, y plantear el modo de equilibrar en un nuevo decálogo, el desarrollo de los dos objetivos.
¿En qué consiste el viejo urbanismo y sus malas prácticas? Cualquier proceso participativo que nos permita deliberar y tomar decisiones bien fundamentadas, al conjunto de la ciudadanía, que disfrutamos o sufrimos las consecuencias de las políticas urbanas, de vivienda y de ordenación del territorio, tiene que partir de una base de información de calidad, transparente y fácilmente comprensible, algo ajeno a la cultura urbanística del viejo urbanismo.
En cuanto a falta de claridad baste transcribir la petición de los representantes de los colegios de abogados, registradores y notarios: hacer las leyes de modo que los juristas puedan entenderlas para que al menos alguien pueda luego explicarla al común de los ciudadanos. Creo que es necesario un paso más. El lenguaje urbanístico no puede ser accesible sólo para expertos, porque, aquí aporto mi primera tesis: no avanzaremos hacia un desarrollo urbano sostenible, centrado en el ciudadano, si no colocamos en el centro del proceso participativo al conjunto de la ciudadanía, volviendo al concepto griego que vincula el término ciudadano a sentirse responsable de los asuntos de la ciudad, de la polis. Señor Fiscal, o desbordamos el proceso participativo que ha diseñado la consejería o el resultado de la composición de fuerzas ayer presente en la sala será que volveremos a las andadas.
Para tener una idea detallada del diagnóstico sería recomendable empezar las siguientes jornadas, que se celebrarán sucesivamente en todas las provincias, leyendo este párrafo del informe 2009 de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz:
La casi totalidad de los planeamientos urbanísticos aprobados -que actualmente se consideran exponentes de modelos de crecimiento urbanístico insostenible, no sólo por las asociaciones ecologistas y por un amplio sector de la población cada vez más consciente de las consecuencias que la acción humana, en todos los órdenes, puede tener en el planeta, sino también por los propios responsables públicos de las administraciones con competencia territorial y urbanística- obtuvieron en su día el beneplácito de sus órganos más representativos, como son los plenos de los ayuntamientos, y la posterior aprobación, en los supuestos en que era de su competencia, de los órganos autonómicos, ya fueran las comisiones provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo, o la propia, entonces, Consejería de Obras Públicas y Transportes o de Política Territorial. Por ello, hemos RECOMENDADO que, con carácter previo a la aprobación municipal y, en su caso, autonómica de los planes urbanísticos se evalúen sus previsiones en términos ambientales y de sostenibilidad, así como de coherencia con la ordenación territorial aprobada y, en defecto de ésta, se tengan en cuenta las consecuencias de orden supramunicipal que el documento que se tramita pueda tener desde una perspectiva territorial. Es evidente que, en la actualidad, tal exigencia tiene naturaleza preceptiva a tenor de las previsiones de la LOUA y, más recientemente, de la LS 8/2007.
Y para que se entienda visualmente lo que quiere manifestar este párrafo, recomendamos que el representante de la consejería proyecte en la pantalla de la sala el Mapa del Viejo Urbanismo Insostenible que ha sido el desgraciado legado de casi cuatro décadas de competencias autonómicas en la materia. Si la consejería aún no lo ha elaborado le ofrecemos colaboración para hacerlo, porque sería un mapa que todo el mundo entendería y ayudaría a darle otro sesgo, mucho más ajustado a los retos a los que nos enfrentamos, al decálogo que necesitamos.
Un primer acercamiento a dicho mapa debería expresar la huella ecológica de Andalucía, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo. Sólo la huella ecológica de la aglomeración urbana de Sevilla ya desborda los límites de nuestro territorio: se necesita más superficie de la que tiene Andalucía para sostener a Sevilla. Para sostener el conjunto de Andalucía necesitamos cuatro Andalucía.
Esta situación no se va a poder sostener mucho tiempo y el objetivo del decálogo debería poner las bases para lograr equilibrar nuestra huella ecológica con nuestra bio-región. Para entrar en mayor detalle, sería muy importante proyectar en pantalla, con códigos gráficos bien expresivos, la ubicación de las urbanizaciones ilegales que los municipios y la Junta han dejado desarrollar desde 1979.
Contrastada con esa información, el mapa de los suelos urbanizables aprobados y no desarrollados en la totalidad de Andalucía, con el dato bien visible de la capacidad de absorber nueva población que tenemos y la correlación de este dato con nuestra dinámica de crecimiento demográfico. Para completar el mapa imagino que habrán pensado que es imprescindible ubicar las urbanizaciones desarrolladas y no edificadas y las 600.00 viviendas vacías de que dispone Andalucía, con especial atención a la proliferación de esqueletos de edificios fallidos.
Y ya para cerrar, sería muy importante ubicar en el mapa la demanda insatisfecha de vivienda municipio a municipio. Con ese mapa en la pantalla, me gustaría ver qué representante municipal, qué colegio profesional, de arquitectos o de ingenieros, que representante empresarial, se atreve, en la proclamada sociedad de la información y el conocimiento, a defender que el problema del viejo urbanismo es de falta de agilidad y flexibilidad para favorecer el crecimiento “sostenible”.
El problema del viejo urbanismo es de concepto, heredero del racionalismo cartesiano, ajeno a la complejidad. Pero, sobre todo, el problema es que la lógica de ordenación del territorio y de la ciudad, lejos de estar centrada en la sostenibilidad, la habitabilidad y el disfrute de las personas, ha quedado supeditado a formar parte del engranaje del capitalismo financiero internacional y su dinámica especulativa. Esa, y la falta de otras vías de financiación de los ayuntamientos, que se llevan la peor parte en el reparto de los impuestos, es la que ha empujado a los ayuntamientos a equilibrar sus balances poniendo en marcha la espiral especulativa urbanística.
Señor Fiscal, me temo que el nuevo urbanismo que se está fraguando sólo se va a diferenciar del viejo en que nos va a llevar con más agilidad y flexibilidad a tropezar de nuevo con la misma piedra. Pero estamos a tiempo de alinearnos con las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que promueve Europa y con la Agenda Urbana aprobada en la cumbre Hábitat III de Naciones Unidas para desarrollar el Objetivo 11 de los O.D.S.: lograr ciudades inclusivas, seguras, sostenibles y resilientes. Pero no lo haremos sin un buen diagnóstico del viejo urbanismo y el viejo modelo económico.
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