Montoro, Montero y Andalucía

En abril de 2016 Montoro envió una carta a once consejerías autonómicas de Hacienda para instarles a cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto. En el plazo de 15 días, estas comunidades debían aprobar la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos que garantizase el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. En Andalucía, Díaz acusó a Montoro de “intimidar a las comunidades autónomas”.

Hasta el presidente de Castilla y León, Herrera, del PP, afirmó entonces que no iban a presentar el plan que el ministro Montoro les había pedido porque ya no podían hacer más ajustes y estaba afectando a los servicios públicos. Por su parte, sus señorías del PP en Andalucía defendían a “su ministro”. Una diputada del PP lo expresaba así en debate parlamentario: “cumplir con el objetivo del déficit es cumplir, sin ninguna duda, con la buena marcha de la economía, pero también, con el empleo y con el mantenimiento del Estado del bienestar… A Andalucía, que tiene un presupuesto de más de treinta mil millones de euros, lo que se le pide es que esté conforme a la estabilidad presupuestaria”. Estas palabras bien podría firmarlas hoy Montero.

En octubre de 2018 Andalucía volvió a los mercados financieros internacionales, abandonando el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y en diciembre de 2019, la ministra de Hacienda en funciones, por carta, ha devuelto a la comunidad al FLA. El FLA es uno de los instrumentos de financiación previstos de las Comunidades Autónomas que pone a su disposición la administración central para que puedan pagar las deudas financieras privadas pendientes. Es decir, se trata de un mecanismo de refinanciación de la deuda preexistente de las autonomías; y de un instrumento que ha provocado la progresiva pérdida de autonomía política por parte de las comunidades adheridas por sus duras condiciones de adhesión.

Este instrumento no es, ni más ni menos, que una expresión de la insuficiente financiación de las comunidades. Lo era ayer, cuando el gobierno de Díaz pedía que Andalucía pudiera acudir a los mercados financieros internacionales y el FLA le parecía maravilloso al PP. Lo es hoy, cuando el gobierno de Moreno Bonilla quiere continuar en los mercados financieros internacionales y Montero lo devuelve al FLA. En ambos casos, clama al cielo la necesidad un nuevo modelo de financiación autonómica ante la insuficiencia global del actual y desfasado modelo.

La carta de Montoro de 2016 y la de Montero de 2019 se escriben bajo la misma carencia financiera del modelo de financiación autonómica y el mismo orden legal a que dio lugar la modificación del artículo constitucional 135. El momento en que los intereses de la deuda se antepusieron a los intereses de la ciudadanía supuso un punto de inflexión y el inicio del camino hacia el desamparo social que mucha gente siente en nuestro país. No hay nada más grave que los derechos pasaran a formar parte de un pasado nostálgico. Y los derechos se sustentan en presupuestos, y toman forma en los servicios públicos que nos hacen iguales. Da igual que esté Montoro o Montero si las normas que nos gobiernan son las mismas, porque la rigidez de las políticas económicas de austeridad y recortes sociales es directamente proporcional al ataque a los derechos humanos.

Cuanto más avanza la austeridad, más retrocede la democracia, encerrada en una jaula de normas jurídicas que se sitúan por encima de la soberanía política. La Unión Europea es un banco de pruebas al borde del fracaso, como está demostrando el Brexit, o el ascenso de la ultraderecha. La doctrina económica de falsa estabilidad presupuestaria y los objetivos de déficit desnaturaliza la  política fiscal, madre de la justicia social. Montoro ayer, y Montero hoy están gobernados por irrenunciables principios de austeridad, por encima de la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Estos son los principios que conducen a acuerdos económicos en contra de las decisiones democráticas de pueblos como el griego y que dan alas a las opciones excluyentes, las que hacen que la política deje de considerarse útil.

Los hechos vuelven a poner sobre la mesa dos cuestiones ineludibles, la necesaria reforma de los mecanismos de liquidez y de acceso al crédito; y la urgente reforma del sistema de financiación. Además, para que las fuerzas políticas progresistas comiencen a ganar espacio político hay que ir al origen y salir de la jaula económica que deja desamparada cada vez a más gente, con alternativas antiausteridad que permitan avanzar hacia un horizonte común más verde, más justo y más feminista.

En abril de 2016 Montoro envió una carta a once consejerías autonómicas de Hacienda para instarles a cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto. En el plazo de 15 días, estas comunidades debían aprobar la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos que garantizase el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. En Andalucía, Díaz acusó a Montoro de “intimidar a las comunidades autónomas”.

Hasta el presidente de Castilla y León, Herrera, del PP, afirmó entonces que no iban a presentar el plan que el ministro Montoro les había pedido porque ya no podían hacer más ajustes y estaba afectando a los servicios públicos. Por su parte, sus señorías del PP en Andalucía defendían a “su ministro”. Una diputada del PP lo expresaba así en debate parlamentario: “cumplir con el objetivo del déficit es cumplir, sin ninguna duda, con la buena marcha de la economía, pero también, con el empleo y con el mantenimiento del Estado del bienestar… A Andalucía, que tiene un presupuesto de más de treinta mil millones de euros, lo que se le pide es que esté conforme a la estabilidad presupuestaria”. Estas palabras bien podría firmarlas hoy Montero.