No es título de un cuento. Se trata de una tragedia inconclusa. Es una ilustración en la página negra de la reagrupación familiar de las personas migrantes. El niño de la maleta se llama Abou y tiene 8 años. Nació en Costa de Marfil.
Fátima se acercaba titubeante al puesto fronterizo de El Tarajal (Ceuta) entre Marruecos y España. Iba arrastrando una maleta. Se había propuesto pasarla al otro lado, a España. La maleta no le pesaba, había echado todo el valor que puede tener una joven de 19 años, había que aparentar naturalidad, un gesto rutinario, pero el miedo la atenazaba. A cada paso que iba dando en la cola, las figuras de los guardias civiles se iban agrandando y se hacían más terribles. Un minuto... y el triunfo o el fracaso total.
En el momento decisivo no pudo dominar sus gestos, la conciencia de gravedad de lo que estaba haciendo la denunció y la maleta pasó al escáner. El contenido de la maleta quedó en evidencia, en posición fetal se encontraba Abou. A Fátima se le hundió la vida. Hora y media más tarde, procedente de Marruecos, llegó al puesto fronterizo un costamarfileño que trataba de pasar a España. Varias coincidencias llevaron a la sospecha y el interrogatorio, al reconocimiento de la verdad: Alí Abou Ouettara admitió ser el padre del niño de la maleta.
Alí y Fátima quedaron detenidos y el pequeño Abou, en el Área de Menores de Ceuta. La noticia, de inmediato, encontró espacio en todos los medios de España por sus tintes rocambolescos, no porque dejara patente una tragedia familiar y una grave injusticia de la Administración española.
Luego se supo que Alí vivía en España desde 2007, había logrado permiso de residencia en 2013, estaba trabajando percibiendo nómina de 1.200 euros mensuales y tiene su domicilio en Las Palmas. También que su esposa Lucie y una hija se encuentran en Fuerteventura y dos hijos tenían su domicilio en Costa de Marfil: uno de ellos Abou, el niño de la maleta. Asimismo se ha sabido que Alí y Lucie habían solicitado a la Administración la reagrupación familiar de su hijo Abou y que les había sido denegada por no poder justificar el alto grado de solvencia económica que exige la legislación. En 50 euros estuvo la diferencia en el último intento de reagrupación.
También se sabe, por su madre Lucie, que el pequeño Abou padece paludismo y que los padres han tenido un interés especial de traerle a su tutela porque las condiciones en que se encontraba en Costa de Marfil acentuaban la enfermedad. “No quiere ir a la escuela y siempre pide vernos”, explicaba la madre abundando en que es un niño de naturaleza débil.
El remate provisional de la situación lo ha puesto el Juzgado de Instrucción nº 5 de Ceuta, encarcelando a Alí en base a tipificar su actuación como “tráfico de inmigrantes”, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, con agravante de haber puesto en riesgo la vida de un menor. Alí puede ser sentenciado con una pena de 8 años de prisión. Lucie ha defendido a su marido ante los periodistas: “Mi marido no es ningún criminal”, “es una buena persona, quiere a sus hijos y ha trabajado mucho” y manifestando que sólo anhelaba “recuperar a la familia”. Afirmaba: “Soy una buena mujer, huérfana y siempre he dado todo por mis hijos”.
El mundo al revés. Es momento de echarse las manos a la cabeza y preguntarse: ¿Cómo puede entenderse que sea delito la acción de un padre que trata de atraer a su hijo de 8 años a su tutela y cobijo? ¿Cómo no entender que a ese padre se le ha obligado a aceptar el concurso de Fátima y un procedimiento de reagrupación peligroso y penoso como el de la maleta?
¿Quién puede dudar del amor del padre a su hijo? ¿Cómo puede aceptarse que un procedimiento tan extremo, tomado a la fuerza ante la negativa de la Administación a la reagrupación, pueda aplicarse como agravante de una pena tan injusta? La Administración pregona que los derechos del niño deben tener un valor prevalente ¿Qué le ha hecho al pequeño Abou alejándolo de su padre encarcelado? La Administración pregona el valor de la familia, sin embargo desestructura la de Alí y Lucie cuando tratan de conseguir la reagrupación por la vía legal, e impedida ésta, por la vía de la heroicidad.
En definitiva: ¿Cuáles son y dónde están los derechos de los trabajadores extranjeros Alí y Lucie? ¿Dónde queda el bien del niño Abou? ¿Cómo puede decir el Gobierno de España que la culpa en este caso la tiene Alí Abou por haber confiado la reagrupación a las mafias? ¿No ha sido su Administración la que le ha obligado a ello? ¿Cuándo en su política migratoria, va a dejar la patraña de las mafias y va a asumir su propia responsabilidad?
Estamos ante un sinsentido, ante un disparate inhumano, ante una gran injusticia empapada en crueldad. Pero lo extremadamente grave es que el caso de Abou, el niño de la maleta, no es un caso único. Ha salido a flote por sus ribetes pintorescos. No obstante, la realidad es que un número muy alto de familias de personas migrantes en España se encuentran desgajadas y desestructuradas por una legislación que hace casi imposible la reagrupación familiar.
Es una situación silente pero muy real. Se vive dolorosamente pero de forma callada. No sale a los medios como una muerte en el Mediterráneo aunque sólo sea noticia de un día. Se vive individualmente o en familia y no entra en programas reivindicativos.
Hay que echar la culpa a una legislación, pero hay que tener en cuenta que ésta nace y se sustenta en unas políticas migratorias utilitaristas que, por ser así, resultan xenófobas. El inmigrante interesa como mera mano de obra. Es admitido mientras aporte riqueza; es rechazado cuando, a juicio del gobernante, supone una carga para la economía. Sigue siendo válida la frase: “Pedí trabajadores y me trajisteis personas”.
Estas consideraciones están en la urdimbre de la legislación de extranjería y muy en concreto en lo relativo a la reagrupación familiar. Niños, ancianos y enfermos no aportan riqueza y sí detraen de las prestaciones sociales. En consecuencia, se levanta un muro legislativo para impedir su entrada en España. Un muro que también produce mucho sufrimiento y obliga a tomar rutas alternativas que, si no llevan a la muerte, sí pueden llevar a la cárcel o a la destrucción familiar. Esto, ni más ni menos, es lo que le ha ocurrido a Alí, Lucie, Abou y familia.
No son de reseñar aquí todos los requisitos exigidos por la Administración para la reagrupación familiar. Constituyen una larga y penosa lista. Cabe resaltar la acreditación de solvencia económica suficiente para mantener a la persona a reagrupar. ¿En qué cuantía? Depende del número de miembros de la unidad familiar. Para demostrar lo muy exigente que es la legislación con los inmigrantes es muy válido el caso de Alí: en su trabajo ganaba 1.200 euros al mes. Su solicitud de reagrupación familiar fue denegada conforme a la ley que le exigía acreditar ingresos mensuales de 1.331 euros.
Aquí está la causa que les llevó a tomar ese camino alternativo que tan caro les ha costado a esta familia de personas inmigrantes. Si siempre ha sido difícil para un inmigrante acreditar el nivel de ingresos exigidos, hoy la caída de salarios y las nuevas condiciones laborales lo hacen mucho más difícil. Para conseguir la reagrupación familiar, los inmigrantes están obligados a demostrar un nivel de ingresos que no lo alcanza la mayoría de los trabajadores autóctonos.
Estamos ante una legislación claramente injusta e inhumana, que por ser así, justificaría la desobediencia civil.
El art. 16.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: “La familia es la unidad fundamental y natural de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. El Estado español está obligado a someter su legislación a estas líneas directrices. El haber firmado esta declaración se lo impone.
Ante las situaciones dolorosas que está creando dicha legislación, es obligado exigir que no se juzgue como delincuentes a quienes, siendo objeto de su dureza desmesurada, se han visto obligados, por el bien de hijos y familia, a arriesgarse en caminos alternativos. Es de Justicia para Alí, Lucie, Abou y familia.
Tanto dolor como produce esta normativa no debe dejar indiferente a nadie, pero deben sentirse especialmente responsables el Gobierno de España, el Defensor del Pueblo, el Congreso de los Diputados, el Fiscal General del Estado y el Parlamento Europeo.
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