El obsceno pacto entre el PP y el PNV (cuando el principio de equidad se pisotea con luz y taquígrafo)

El inicio de otro tipo de confrontación territorial: la de la desigualdad

El anuncio del acuerdo entre el PP y el PNV (y entre el Gobierno vasco y el Estado central) para que los 5 diputados del PNV apoyen los Presupuestos Generales del Estado para 2017 a cambio de ventajas económicas y financieras es mucho más que una indecencia política (apoyar a un Gobierno corrupto a cambio de privilegios) o una injusticia flagrante (prima el poder político de los 5 diputados del PNV frente a cualquier criterio de equidad). Es el preludio de una ruptura del consenso territorial que aún mantenía la opinión pública de los territorios más pobres.

El origen: las excepciones constitucionales

La democracia no conoce otros derechos e instituciones que los que libremente deciden dotarse la ciudadanía a través de la Constitución y las leyes. Sin embargo, en la Constitución del 78 se incrustaron derechos e instituciones que se reclamaban de una naturaleza “existencial o histórica”, es decir, inmutables por estar por encima de la voluntad de las personas que la han votado.

La disposición adicional primera dispone que “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”. Lo mismo sucede con la institución monárquica (“La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M: Don Juan Carlos I, legítimo heredero de la dinastía histórica” – artº 57.1-).

Como es evidente la apelación a los derechos históricos es una coartada para introducir elementos de desigualdad en la norma constituyente que se construye precisamente en función del principio de igualdad. Los viejos ecos de las consignas carlistas y de la derecha tradicionalista española, que siempre ha sido monárquica y católica antes que liberal (la constitución interna de Cánovas), resuenan en esta metafísica historicista junto al miedo al terrorismo de ETA.

Derechos históricos, concierto y cupo

Los derechos históricos forales se traducen en unas relaciones fiscales entre el País Vasco y Navarra con el Estado de naturaleza bilateral que la acercan a una estructura confederal: son los conciertos económicos. En el caso del País Vaso, las tres diputaciones forales son las encargadas de recaudar, a diferencia del resto de Comunidades, todos los impuestos en sus territorios. Esta circunstancia ha motivado que existan dos sistemas de financiación autonómica, uno para los territorios forales y otro para las demás Comunidades Autónomas.

El Cupo es la cantidad que el País Vasco tiene que pagar cada año al Estado por los servicios que este presta en su territorio por las competencias no transferidas (servicios diplomáticos, política de defensa o intereses de la deuda, entre otros gastos). El Cupo se revisa y negocia cada cinco años, aunque desde 2007 no se ha renovado por la falta de acuerdo entre el Estado y el Ejecutivo de Euskadi, ya que exige un consenso al tratarse de una relación bilateral.

El acuerdo, desde 1982, establecía que el País Vasco debe pagar al Estado el 6,24% del total de partidas presupuestarias de las competencias no transferidas (este porcentaje es del 1,6% para Navarra). Sin embargo, desde 1982, tanto el País Vasco como Navarra han crecido más que la media y sin embargo los porcentajes se mantienen inalterados desde hace 35 años, de forma que la capacidad fiscal de Euskadi está por encima de la media y, sin embargo, su aportación al sistema está por debajo del promedio. A pesar de ésto, el actual acuerdo entre PP y PNV reduce el cupo vasco no solo para el futuro, sino que, de hecho, también con carácter retroactivo.

Una financiación autonómica de régimen general a la medida de las Comunidades ricas

A grandes rasgos, el sistema de régimen general se basa en la transferencia de recursos de una cesta de impuesto cuyos rendimientos está en función de la capacidad fiscal de cada Comunidad Autónoma. El resultante global es insuficiente para financiar las competencias autonómicas. Además, la cuestión básica está en que las CC.AA. tienen una situación económica estructuralmente desigual. Por lo tanto, su capacidad fiscal es también desigual. El PIB de Andalucía es cerca de un 25% inferior a la media. Sin embargo, el tipo de competencias de las CC.AA. requiere gastos fijos (servicios públicos) que están en función del número de habitantes. Por lo tanto, hay CCAA que está sobrefinanciadas con respecto a la media y otras infrafinanciadas. Para corregir este desequilibrio se han creado determinados fondos de compensación que por su escasa cuantía no puede cumplir esta función y además hace muy complejo el sistema de financiación.

La cuestión es que con esa financiación no se corrigen los desequilibrios que vienen por causa de la estructura económica. Para que los territorios converjan hace falta una inversión adicional, hace falta financiación de capital. La Constitución prevé a estos efectos el FCI, pero es una fuente de financiación que se ha caído de la agenda porque quien pone la agenda son las CCAA con poder político, en particular País Vasco y Cataluña (por su potencia política) y Madrid (por la fuerza que le da la capitalidad).

Las consecuencias

Si este modelo aguantó durante los años de crecimiento, a partir del estallido de la crisis, lejos de propiciar la convergencia, está provocando niveles de desigualdad insoportables.

Por ejemplo, la tasa de paro en Andalucía llega hasta el 27%, mientras que la del País Vasco está en el 12% y la media del Estado es del 19% habiendo aumentado en puntos porcentuales tres veces más en Andalucía que en el País Vasco.

Estas diferencias en la tasa de paro son inconcebibles dentro de un mismo Estado y muestran las asimetrías tanto en la estructura económica como en la capacidad política. La traducción social de esta realidad es tremenda. La tasa de pobreza en Andalucía ha crecido en 8 puntos desde el inicio de la crisis mientras que en el País Vasco se ha mantenido igual. La explicación está en las diferencias en los sistemas de protección social gracias a la capacidad de financiación pública. En el País Vasco por ejemplo existe una renta básica de inserción mientras que en Andalucía, a pesar de estar contemplada en el Estatuto como un derecho, no se ha puesto en funcionamiento.

Un pacto contra la equidad

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son el instrumento más potente para cambiar el modelo económico. La más inquietante del proyecto para 2017 no es sólo la falta de interés por avanzar en un cambio en nuestro modelo productivo, sino que sigue una dirección opuesta, la de optar por la desinversión. No existe mayor ataque a las condiciones de vida y trabajo de las clases populares que el continuismo del modelo económico actual.

El pacto que ha firmado el PP con el PNV arrasa cualquier sentido de la justicia y muestra el desprecio de la derecha por los valores de igualdad y solidaridad. Al PNV no le ha importado sostener al Gobierno del PP, carcomido por la corrupción, a cambio de las contrapartidas contenidas en un documento de 36 puntos entre las que destacan la incorporación a las partidas presupuestarias de 3.300 millones en inversiones ferroviarias (AVE, cercanías y mercancías) hasta 2023 y la devolución por parte del Estado de 1.400 millones pagados por el Gobierno del País Vasco en la última década. Además, a partir de 2017, la cuantía a pagar será de 956 millones, con una rebaja anual de 569 millones frente a los 1.565 millones pagados en 2.016 que se quedarán en una transferencia de 816 por los descuentos progresivos de la devolución.

Frente a estas concesiones, para el resto de CC.AA. los PGE para 2.017 suponen un descenso de la inversión regionalizable que se rebaja desde los 11.128,2 millones en el pasado ejercicio a los 8.597 para estos PGE.

Además, su caída afecta a algunas CC.AA. más que a otras, lo que contribuye a acentuar las disparidades. Andalucía recibe 138€ por habitante mientras que Castilla y León, por ejemplo, recibe 405€.

El FCI, que es el instrumento que prevé la Constitución para luchar directamente contra la desigualdad territorial, tiene una consignación propuesta de 432,4 millones de euros. Esta cantidad es ridícula y desde luego no va a servir para corregir la dinámica de desigualad.

Un duro golpe para Andalucía

Estos PGE suponen un duro golpe para Andalucía que no tiene un Partido propio con representación en el Congreso que defienda nuestros intereses:

Los PGE incumplen las previsiones de financiación contenidas en el Estatuto de Autonomía ya que no incluyen la deuda del Estado con Andalucía de 2.228 millones por inversiones, desde 2008 a 2014.

Andalucía recibirá en 2017 un total de 1.156,76 millones correspondientes a la inversión real del Estado, lo que supone el 13,5% del total regionalizable (nuestra población reprsenta el 18%), y un 36,6% menos en comparación con los 1.825,24 millones presupuestados para 2016.

Proyectos tan determinantes como las conexiones ferroviarias de Almería y de Granada carecen de financiación.

Especial importancia tiene el olvido para con las infraestructuras del Campo de Gibraltar porque esta comarca soporta por un lado la condición de ser la que sufre la tasa de paro mayor del Estado y por otra la incertidumbre de las consecuencias del Brexit en sus relaciones con Gibraltar.

El Puerto de Algeciras, el más importante del Mediterráneo y uno de los cuatro más importantes de Europa, líder en España en el tráfico de contenedores con cerca de 100 millones de toneladas transportadas durante 2016, es el nodo en el que deben coincidir los dos corredores europeos, tanto el Mediterráneo como el Atlántico y su posible conexión con la red de alta velocidad de Marruecos, por lo que se trata de un proyecto de “Estado” para Andalucía.E l Gobierno del PP ha destinado 5.084 millones de euros en sus presupuestos entre 2012 y 2016 para obras ferroviarias del corredor mediterráneo a su paso por Valencia, Cataluña y Murcia, pero olvida a Andalucía. Los PGE sólo incluyen una partida de 20 millones de euros para ejecutar actuaciones en la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Esta infraestructura requiere todavía una inversión de 1.179 millones.

¿Hacia una recomposición del pacto territorial entre las élites económicas?

La distribución de los recursos públicos del Estado, ante la falta de una estructura federal cooperativa que permita la participación multilateral de las Comunidades Autónomas, se hace por criterios partidistas en función de las necesidades de apoyo que tiene el gobierno del PP para obtener los votos necesarios para aprobar estos presupuestos.

Andalucía está en un bucle: aumenta su desigualdad por carecer de poder político efectivo y carece de poder político efectivo porque estamos en una situación de desigualdad y no tenemos recursos sociales frente a una élites económicas y políticas que siempre han optado por la subalternidad ante el centralismo para garantizar su posición de poder aunque lo ejerzan de forma delegada.

Además, este escándalo se da en un entorno de crisis del sistema bipartidista estatal, de crisis estructural global y de confrontación del soberanismo catalán con el Gobierno del Estado. El tratamiento privilegiado al Gobierno vasco constituye también un claro mensaje para que el Gobierno catalán se incorpore al sistema de financiación de conciertos a costa del empobrecimiento y el aumento de la desigualdad del resto. Se trata de recomponer a costa de los demás el pacto entre las élites económicas del Estado central, el País Vasco y Cataluña como si se tratara de un nuevo reparto de los recursos públicos a costa de la marginación social y territorial de las Comunidades con menos capacidad de defensa política y económica.

Hay una alternativa democrática: un nuevo federalismo

Ni centralismo ni privilegios. Andalucía emprendió la interpretación federal del Título VIII de la Constitución y tiene que continuar ese camino. Solo una reforma federal de la Constitución (de derecho y de hecho) puede ofrecer mecanismos institucionales justos para la distribución territorial del poder. Hoy el principio federal es mucho más que una reforma del Estado, es la posibilidad de dotar de coherencia a las distintas escalas del poder público territorial, desde los municipios a la Unión Europea, incluso a la gobernanza global (cada nivel con sus particularidades en función de su naturaleza) y de equilibrar la potencia del poder público frente al poder del capital privado, equilibrio que rompió la globalización y que se ha acentuado con su crisis. Un nuevo federalismo que sea producto de la pluralidad de identidades nacionales que engarce los sentimientos de pertenencia comunitaria con la equidad institucional para fortalecer la lealtad democrática. Solo desde la fortaleza democrática podremos abordar el cambio de modelo económico que necesitamos para encontrar una salida justa y sostenible a la crisis de la globalización.

La llave

El bucle se puede vencer.  Andalucía necesita poder político real para que haya federalismo en España, es decir, estructuras cooperativas para la equidad. Cuando Andalucía ejerza su peso poblacional, político y cultural, por su propia posición, no será para defender intereses particulares sino para defender la equidad y la solidaridad desde la diferencia. Para ello la llave está en construir un sistema de partidos propio que responda a la singularidad de Andalucía. Esta es la disyuntiva entre el cambio o la degradación. De lo contrario, este pacto obsceno solo será el comienzo de más y peor injusticia territorial.

El inicio de otro tipo de confrontación territorial: la de la desigualdad

El anuncio del acuerdo entre el PP y el PNV (y entre el Gobierno vasco y el Estado central) para que los 5 diputados del PNV apoyen los Presupuestos Generales del Estado para 2017 a cambio de ventajas económicas y financieras es mucho más que una indecencia política (apoyar a un Gobierno corrupto a cambio de privilegios) o una injusticia flagrante (prima el poder político de los 5 diputados del PNV frente a cualquier criterio de equidad). Es el preludio de una ruptura del consenso territorial que aún mantenía la opinión pública de los territorios más pobres.