Es nuestra obligación que sigan siendo niños. Bajo este título, que nos invoca a todos de manera directa, la Oficina del Defensor del Menor de Andalucía y Save the Children Andalucía celebrarán el próximo 14 de junio en Málaga una Jornada sobre la respuesta que el sistema de acogida, protección e integración de nuestro país está ofreciendo a los menores migrantes no acompañados. Aquellos que viajan solos, huyendo de sus países de origen debido al hambre, la pobreza, la violencia… la necesidad, en suma, de buscar y encontrar una vida mejor.
Ellos, que arriesgan sus vidas en el camino, son en ocasiones la punta de lanza de proyectos migratorios que albergan los sueños y la última esperanza de sus propias familias, que pagan a las mafias lo que no tienen para costear dicho viaje. Mafias que, además, se reservan el derecho a explotar a aquellos a los que cobran por realizar las durísimas travesías hasta llegar, supuestamente a la tierra anhelada. Un negocio redondo.
¿Y qué ocurre cuando estos niños llegan a nuestro país, más concretamente a nuestras costas, las andaluzas, puertas de entrada de la gran mayoría de personas que en 2017 entraron de modo irregular a nuestro país? El informe de Save the Children Los más solos, presentado el pasado 21 de mayo, lo desgrana con absoluta claridad.
Lo que ellos consideran el fin del camino, la salvación, el principio de una nueva y mejor vida, no es sino una continuación a su carrera de obstáculos, limitaciones y vulneración de sus derechos.
Para comenzar, los niños sobre los que recaen dudas respecto a su minoría de edad, son sometidos a pruebas médicas de determinación de la edad cuyo resultado, en muchas ocasiones, los convierte en mayores, siendo en realidad menores, y los condena a ingresar, mezclados con adultos, en algún CIE, las cárceles para personas migrantes, cuando no los devuelve en caliente, - procedimiento por el cual España ya ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- , a su país de origen o al último país por dónde pasaron. De esta manera, se vulneran todos sus derechos fundamentales y se desoyen todas las alertas de organismos internacionales acerca de la ilegalidad de muchas de estas prácticas, las que se hacen, y la obligatoriedad y necesidad de las no se hacen y se deberían hacer.
Porque muchas veces no se tiene en cuenta la documentación que aportan de su país de origen y los acredita como menores, no se les ofrece asesoría jurídica individualizada, no se les proporciona un intérprete, no se aborda con un análisis en profundidad los motivos de su trayecto, sus expectativas y necesidades.
Si el menor es declarado menor, bien sea por el resultado de la prueba o porque su minoría de edad es evidente, automáticamente pasa a disposición de la administración autonómica, competente en materia de protección de la infancia. En el caso de la Junta de Andalucia, la obligación es ofrecer al menor, desde el primer momento, una atención integral, anteponiendo el interés superior del niño ante cualquier otro asunto, y priorizando, cuando sea posible, el acogimiento familiar sobre el residencial, estudiando caso por caso y de nuevo atendiendo de modo prioritario a qué es lo mejor para el niño.
Comprobamos que, en ocasiones, esto no se produce, pues los menores no son atendidos como deberían, debido a la escasez de recursos, a que los centros de protección no están preparados para acoger a un número elevado de menores, dado el incremento de llegadas –el número de menores tutelados por la Junta de Andalucía subió un 59% de 2016 a 2017-, a que los profesionales no encuentran soluciones o alternativas a las demandas e idiosincrasia de los niños que están llegando y, en suma, a la respuesta de un sistema de protección que parece que se ha quedado obsoleto, tras tantos años de estar recibiendo a menores migrantes que llegan solos.
Precisamente y, quizás por eso, la débil respuesta que el sistema de protección estatal y autonómico está ofreciendo a estos niños venga dada por la falta de reflexión acerca de que este fenómeno, aunque no es nuevo, es cambiante. Si el sistema no es capaz de adaptarse a esta nueva realidad, promover un compromiso de enfoque conjunto entre Comunidades Autónomas, Gobierno Central y Unión Europea, diseñar y ofrecer una respuesta que atienda los diferentes itinerarios de vida y sueños de estos valientes, dicho sistema va a colapsar de tal modo –de hecho, ya va en camino de ello- que la imprevisión, falta de planificación, coordinación y recursos, provocará daños aún más graves y prácticamente irreversibles en los más vulnerables. Muchos menores se escapan de los centros de protección y permanecen viviendo en la calle expuestos a peligros de diversa índole. En este apartado, las niñas y adolescentes son las más vulnerables, objetivo de las mafias de trata de personas con fines de explotación sexual.
Dicha transformación pasa por primar la defensa de los derechos de la infancia migrante no acompañada por encima de las defensas quasi bélicas de las fronteras; una Europa acogedora e integradora por encima de la Europa fortaleza y agresiva; más y mejores recursos con enfoque de derechos de infancia por encima de afiladas concertinas, hacinados calabozos o falta de atención especializada en las llegadas; oportunidades y respuestas adecuadas e individualizadas para cada niño por encima de sistemas de protección que parchean o se convierten casi en sistemas asistencialistas de emergencia; liderazgo del Gobierno Central para promover mecanismos de solidaridad entre Comunidades Autónomas, reubicando a los menores en diferentes territorios, por encima de hacer oídos sordos y mirar hacia otro lado.
Esto último se debería llevar a cabo cuando se convenga que esta medida es la adecuada, ya que no es aceptable que Andalucía tutele al 34,4% de estos niños mientras 11 comunidades no llegan ni al 2% de menores tutelados.
Los menores de edad van a seguir llegando y muchos de ellos –el 14% el año pasado-, lo harán solos. Save the Children y otras organizaciones e instituciones llevamos tiempo advirtiéndolo. Factores como el cierre de las rutas de Libia y Turquía, el recrudecimiento o alta intensidad de conflictos bélicos –Siria, países de África del Oeste y Central-, tensiones sociales crecientes –Marruecos- y una interminable situación de pobreza extrema y fragilidad política y social en todos los países emisores de población migrante, no auguran un descenso en los flujos migratorios en los próximos años.
Independientemente del trabajo en origen, de la necesidad de fortalecer a los países más empobrecidos con un cambio en los modelos de desarrollo, algo que se aventura complejo y no temprano, la respuesta actual ante un fenómeno actual, que cambia día a día y que va a seguir produciéndose, es un reto para nuestra sociedad en general, así como para los gobiernos y ONG en particular.
Tenemos la obligación de que sigan siendo niños. Estamos a tiempo de revertir esta situación.
Javier Cuenca es director de Save the Children en Andalucía
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