La aprobación por el Gobierno de los Planes Hidrológicos (2022-2027) de las cuencas del Tajo y del Segura, entre otras, el pasado 24 de enero, introdujo como novedad la implantación por primera vez, y progresiva hasta 2027, de los caudales ecológicos en la cuenca del Tajo (caudales mínimos que deben circular por el río), como consecuencia de varias Sentencias del Tribunal Supremo que consideró que se incumplía, hasta ahora, lo previsto en la Ley de Aguas. La consecuencia será que se producirá una disminución de los volúmenes trasvasables desde el Tajo al Segura en torno a 80 hm3 anuales.
El Ministerio de Transición Ecológica ha asegurado a los regantes que hay disponibilidad de recursos de agua desalada en estos territorios para suplir la minoración del agua trasvasada
La reacción de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, territorios que reciben las aguas del trasvase Tajo-Segura, y de los regantes afectados ha sido de rechazo, protestas, manifestaciones e intención de recurrir a los tribunales el Plan Hidrológico del Tajo. Se han utilizado argumentos poco contrastados y exagerados, tales como que se perderán miles de empleos (200 mil según los Colegios de Ingenieros de Alicante, Murcia y Almería) y que se producirá la desertificación de estas provincias.
El Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) ha señalado que la inclusión de los caudales ecológicos en el Plan era la única alternativa legalmente posible y ha asegurado a los regantes que hay disponibilidad de recursos de agua desalada en estos territorios para suplir la minoración del agua trasvasada.
Si efectivamente la disminución del volumen de agua a trasvasar puede corregirse con el uso de agua desalada producida en instalaciones construidas por el sector público desde hace años y con un bajo nivel de aprovechamiento, las causas del debate hay que buscarlas en la diferencia del precio que paga el agricultor por ambos recursos: 0,15 €/m3 por el agua procedente del trasvase y 0,4 €/m3 por el agua desalada.
La realidad es que los precios por los servicios del agua que pagan los regantes, y los demás usuarios, son muy inferiores a los que correspondería a la implantación de los principios de la Directiva Marco de Agua europea de recuperación de costes y de quien contamina paga. Nuestra tradición, reflejada en la Ley de Aguas, es muy generosa en la parte de todos los costes públicos que deben trasladarse a los usuarios, pudiéndose estimar que se repercute al usuario entre un 25 y un 50% del total de los costes financieros, siendo prácticamente nula la componente de los costes ambientales. Los demás costes no se repercuten a los usuarios del agua y, por tanto, los paga toda la sociedad a través de sus impuestos. En definitiva, subvenciones encubiertas, de nula transparencia y sin ponderar por cuestiones económicas, sociales, ambientales o territoriales.
Como referencia de estas subvenciones encubiertas, hay que señalar que los costes totales del agua desalada están alrededor de 1 euro por metro cúbico, y quizás más, dada su dependencia del elevado incremento del coste de la energía en el último año
Para paliar el malestar de los agricultores del Levante mediterráneo, el Gobierno aprobó el pasado 21 de febrero una Orden del MITECO por la que se establece una excepción temporal y parcial al principio de recuperación de costes de la ley de Aguas para el uso de agua desalada producida en instalaciones de titularidad pública. En román paladino, establece un marco que otorga subvenciones generalizadas al agua desalada que será utilizada para el regadío durante los tres próximos años y prevé su prórroga hasta una década. Sin justificar, se fija el precio que tendrán que pagar los regantes: entre 0,33 y 0,47 euros por m3 según la desaladora desde la que se abastezcan. Como referencia de estas subvenciones encubiertas, hay que señalar que los costes totales del agua desalada están alrededor de 1 euro por metro cúbico, y quizás más, dada su dependencia del elevado incremento del coste de la energía en el último año.
Facilitar la transición del regadío de Alicante, Murcia y Almería hacia modelos más sostenibles es la única alternativa a promover por el sector público. Entre las medidas debería incluirse la disminución de la dependencia del trasvase Tajo-Segura, impedir la expansión del regadío, la clausura de las captaciones ilegales de agua, y la corrección de la sobreexplotación de la mayoría de los acuíferos de estos territorios, aportando recursos no convencionales como las aguas desaladas o las regeneradas después de su uso urbano.
Pero estas medidas, probablemente, no serán suficientes para equilibrar sosteniblemente la disponibilidad y la demanda de agua, y más aún ante la manifestación progresiva de los impactos del cambio climático, necesitándose una gobernanza de la agricultura y del agua que transmita a los agricultores la imposibilidad de aumentar regadíos y tender progresivamente a reducirlos. El reto consiste en adaptarse o generar serios problemas al sector del regadío intensivo.
La falta de transparencia y la nula participación social no son un buen precedente para suponer que ese apoyo económico a la desalación redunde en los objetivos ambientales de mejorar el estado de nuestros ríos y acuíferos
Nada que objetar, por tanto, a determinadas subvenciones que ayuden a una transición hídrica justa, que deberían adaptarse a la problemática de cada modelo de agricultura de regadío, y a la capacidad económica de los diversos tipos de regantes. Pero un programa de subvenciones con estos fines debe fijar los objetivos buscados de transición hídrica, las cuantías de apoyo que requieren en función de la rentabilidad de los cultivos de regadío y la preferencia por mantener las explotaciones familiares y medianas arraigadas en el territorio frente a las grandes explotaciones con mayor capacidad económica y dependientes en muchos casos de sociedades y fondos de inversión de capital nacional o internacional.
Las subvenciones al agua desalada aprobadas por el MITECO adolecen de estas características, lo que las hacen incompatibles con la transición hídrica justa:
La Orden del MITECO prevé financiar los costes, que no se trasladarán a los usuarios, mediante transferencias de capital a la empresa pública ACUAMED, gestora de estas desaladoras, lo que introduce una mala praxis económica que representa utilizar capital para sufragar pérdidas de explotación.
Desconocemos la cuantía de esta financiación pública, pero puede estimarse partiendo de la base de uso actual de agua desalada para regadío de estas desaladoras (del orden de unos 120 hm3 anuales), junto con el objetivo no declarado de cubrir con agua desalada la disminución de unos 80 hm3 anuales que se producirá en el trasvase Tajo-Segura. En total, unos 200 hm3 anuales que requerirán una subvención de unos 0,6 euros/ m3, lo que representará un coste de unos 120 millones de euros anuales para el sector público.
Es una manifestación más de que nuestras administraciones no son capaces de transmitir a la sociedad y a los agricultores que solo tendremos futuro, en las actividades muy dependientes del agua, si mantenemos en buen estado nuestros ecosistemas hídricos
La falta de transparencia y la nula participación social no son un buen precedente para suponer que ese apoyo económico a la desalación redunde en los objetivos ambientales de mejorar el estado de nuestros ríos y acuíferos y que sea justa en relación con los esfuerzos que tengan que hacer los agricultores de regadío del Levante para adaptarse a los retos de cambio del origen del agua y a los recursos disponibles y que menguarán con el avance del cambio climático.
Es una manifestación más de que nuestras administraciones no son capaces de transmitir a la sociedad y a los agricultores que solo tendremos futuro, en las actividades muy dependientes del agua, si mantenemos en buen estado nuestros ecosistemas hídricos, lo que nos obliga a reducir la presión sobre nuestros ríos y acuíferos, disminuir la contaminación que nuestras actividades les vierten y trasladar los costes de los servicios del agua a los usuarios, sin perjuicio de ayudas motivadas y específicas para determinados usuarios o territorios. La experiencia nos ha demostrado que cuando el precio no refleja los costes y externalidades reales de un recurso, la consecuencia más directa es que provoca un inadecuado uso. Como nos dijo Quevedo “solo el necio confunde valor y precio”.
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