Tablada, la gran infraestructura verde para Sevilla

Tablada, la enorme llanura aluvial junto al Guadalquivir, lo que durante siglos fueran terrenos propiedad del concejo de Sevilla antes de convertirse en uno de los primeros aeródromos de España, sigue hoy en un limbo urbano. Allí la situó en 1997 su venta al mejor postor por parte de un Estado desagradecido con la ciudad, con la connivencia del Ayuntamiento de la época. Es el mercado, amigos. Afortunadamente, en la década posterior, la presión ciudadana y una nueva perspectiva de las autoridades estableció para Tablada un destino totalmente diferente: como suelo no urbanizable de especial protección y parque metropolitano. Los propietarios, en defensa de sus intereses urbanísticos, activaron la maquinaria judicial, con un rosario de juicios, sentencias y recursos que han durado más de dos décadas.

La última sentencia del Supremo de 2020 parece establecer un punto final a este largo recorrido judicial. En ella se les quita la razón a los actuales propietarios en su pretensión final de revertir la operación de compra y la devolución por parte del Ministerio de Defensa del dinero pagado. Independientemente de los entresijos de la sentencia (se califica la operación directamente como especulativa) lo más importante de la misma es que revela que el objetivo de la propiedad ha cambiado: ya no pleitean para conseguir el desarrollo urbanístico de estos suelos, sino el reintegro de la cantidad pagada por los mismos, que cifran en 36,7 millones de euros. Esto supone un escenario nuevo y en principio menos conflictivo que el anterior y abre la puerta a una vuelta final de Tablada a la propiedad pública.

Podemos decir que estamos en el momento clave. De la misma manera que el valor urbanístico-especulativo de Tablada ha desaparecido en estos 20 años, el valor socio-ambiental se ha multiplicado. La lucha contra el cambio climático, la necesidad de revegetalizar y naturalizar las ciudades, el protagonismo creciente de los espacios libres y de un urbanismo sostenible han sido el paradigma que de manera creciente ha ido marcando el devenir del pensamiento urbano de las últimas décadas. Lo verde ha pasado de ser considerado un complemento para el equilibrio necesario de la ciudad, a entenderse como elemento central y definitorio del desarrollo urbano.

En este contexto, en los últimos años la Unión Europea ha establecido una estrategia para el desarrollo de infraestructuras verdes, que suponen una manera nueva, inteligente e integrada de gestión del capital natural. El concepto de infraestructura verde eleva el de la conservación de los ecosistemas y sus funciones ecológicas al reconocerlos también como responsables de suministrarnos múltiples y valiosos servicios. En ese sentido, tendrían al menos la misma importancia socioeconómica que las ahora llamadas “infraestructuras grises” (las infraestructuras clásicas).

Los beneficios medioambientales y sociales de una infraestructura verde son cuantificables económicamente. En un proyecto desarrollado en Alemania se estimó el retorno en 50 años de la inversión multiplicada por 10

Esto supone un importante cambio de perspectiva: el medio natural pasa de ser un ámbito residual y segregado del desarrollo humano, a convertirse en un elemento clave e integrado en el mismo. Una infraestructura verde produce valiosos bienes y servicios ecosistémicos que revierten en la sociedad en forma, por ejemplo, de aire limpio, lucha contra el cambio climático, sumideros de carbono, protección contra inundaciones, ocio, cultura, salud, empleo, imagen urbana, bienestar... Los beneficios medioambientales y sociales de una infraestructura verde son cuantificables económicamente. En un proyecto desarrollado en Alemania se estimó el retorno en 50 años de la inversión realizada multiplicada por 10.

Tablada cumple absolutamente con los criterios establecidos para el desarrollo de infraestructuras verdes metropolitanas, tanto por la política europea en materia de infraestructura verde como por Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, aprobada el pasado año, cuyos objetivos se han trasladado al Plan de Recuperación y a la Agenda Urbana 2030.

Tablada está ante la oportunidad de pasar a ser de titularidad pública y acometer su desarrollo como gran infraestructura verde metropolitana, conectada con Doñana y con el interior mediante el corredor del Guadalquivir. Un proyecto de referencia a escala continental, y con una financiación pública adecuada, principalmente por parte de fondos europeos. Y nosotros también estamos ante una gran oportunidad: la de legar a las futuras generaciones de sevillanos y sevillanas un extraordinario patrimonio verde que será definitorio de la Sevilla venidera.

Tablada, la enorme llanura aluvial junto al Guadalquivir, lo que durante siglos fueran terrenos propiedad del concejo de Sevilla antes de convertirse en uno de los primeros aeródromos de España, sigue hoy en un limbo urbano. Allí la situó en 1997 su venta al mejor postor por parte de un Estado desagradecido con la ciudad, con la connivencia del Ayuntamiento de la época. Es el mercado, amigos. Afortunadamente, en la década posterior, la presión ciudadana y una nueva perspectiva de las autoridades estableció para Tablada un destino totalmente diferente: como suelo no urbanizable de especial protección y parque metropolitano. Los propietarios, en defensa de sus intereses urbanísticos, activaron la maquinaria judicial, con un rosario de juicios, sentencias y recursos que han durado más de dos décadas.

La última sentencia del Supremo de 2020 parece establecer un punto final a este largo recorrido judicial. En ella se les quita la razón a los actuales propietarios en su pretensión final de revertir la operación de compra y la devolución por parte del Ministerio de Defensa del dinero pagado. Independientemente de los entresijos de la sentencia (se califica la operación directamente como especulativa) lo más importante de la misma es que revela que el objetivo de la propiedad ha cambiado: ya no pleitean para conseguir el desarrollo urbanístico de estos suelos, sino el reintegro de la cantidad pagada por los mismos, que cifran en 36,7 millones de euros. Esto supone un escenario nuevo y en principio menos conflictivo que el anterior y abre la puerta a una vuelta final de Tablada a la propiedad pública.