La frase alemana “Arbeit Macht Frei” -“El trabajo libera”- fue la elegida por el régimen nazi para coronar los portones de acceso a Auswichtz y a otros campos de concentración, trabajo y exterminio. En la España franquista también hubo campos de concentración y de trabajos forzados en los que fueron internados cientos de miles de españoles antifascistas y en los que, a pesar de que no fueran de exterminio, miles de ellos perdieron la salud y la vida. Es cierto que no está documentado que en ninguno de ellos fueran recibidos con una frase tan cínica, pero no es menos cierto que el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo parece inspirado en el lema de la entrada de Auswichtz. Evidentemente esta aparente inspiración no es posible toda vez que la orden ministerial que creó este patronato franquista se publicó el 7 de octubre de 1938, un año, siete meses y dos semanas antes de que -el 20 de mayo de 1940- comenzara a funcionar el campo de exterminio nazi.
La inspiración del modelo fue obra de un jesuita madrileño, José Agustín Pérez del Pulgar, autor de la propuesta y primer director del Patronato. Según él, el sistema de redención “contribuía a aminorar la condena a los presos recuperables” y hacía menos oneroso para el Estado el mantenimiento del sistema penitenciario, al tiempo que fortalecía la recuperación del preso mediante la “combinación de trabajo y adoctrinamiento religioso, moral y patriótico” y establecía auténticas pautas de justicia al hacer «que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a que contribuyeron con su cooperación en la rebelión marxista».
Antes de que el jesuita pusiera la literatura para justificar la mano de obra esclava como método para redimir las penas se había puesto en marcha un sistema por el que los prisioneros de guerra y algunos civiles, sin haber sido juzgados ni condenados, eran internados en cárceles o campos de concentración y adscritos a batallones de trabajadores. El historiador Juan Carlos García Funes, en su obra “Desafectos. Batallones de trabajo forzado en el franquismo”, documenta 290 batallones de trabajadores, aunque posiblemente fueran muchos más, en los que trabajaron un número creciente de prisioneros: de 40.000 en 1938, a mas de 90.000 en 1939. Estaban obligados a trabajar en labores militares -cavar trincheras, construir fortificaciones, carreteras, puentes o vías férreas, desactivar bombas-, civiles -pavimentación de ciudades y pueblos, recuperación de automóviles y tendidos eléctricos- y mixtos -tareas de higiene y limpieza o de extracción de minas-(2). Previamente, dos periodistas, Rafael Torres e Isaias Lafuente, habían abierto un campo de investigación que parecía vedado a la historiografía oficial. Rafael Torres publicó en el año 2000, “Los esclavos de Franco”, y Lafuente sacó en 2002 “Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo”, dos obras claves en el estudio de esta modalidad de la barbarie.
Con la ley que crea el Patronato se establece el sueldo que deberían cobrar los presos, que no siempre se cumple, y que en su mayor parte va destinado al propio Estado o a las empresas para sufragar los gastos de mantenimiento de los reclusos
Con la puesta en marcha del Patronato ideado por Pérez del Pulgar y con la multiplicación de las condenas por parte de los juzgados militares, los presos se distribuyeron en distintas estructuras: Destacamentos Penales, Colonias Penitenciarias Militarizadas, Talleres Penitenciarios, Regiones Devastadas y Destinos dentro de las propias cárceles. Con la ley que crea el Patronato se establece el sueldo que deberían cobrar los presos, que no siempre se cumple, y que en su mayor parte va destinado al propio Estado o a las empresas para sufragar los gastos de mantenimiento de los reclusos. También se fijan los mecanismos de reducción de la condena, que fluctúan entre uno y dos días de reducción, por cada día trabajado.
En este punto es conveniente no olvidar las escasas o nulas garantías con las que se celebran aquellos juicios, como recordamos en el artículo “Sed de justicia” y como muestra cabe destacar que la mayoría de estos presos “recuperables” fueron condenados por el delito de “rebelión contra el Gobierno legítimo de Burgos”, el gobierno constituido por los militares golpistas. Un auténtico dislate por el que decenas de miles compatriotas fueron condenados a muchos años de cárcel y a echar millones de horas de trabajo que enriquecieron a algunos de los vencedores y acabó con la salud y la vida de muchos de los vencidos.
La justificación ideada por el jesuita Pérez del Pulgar no es más que propaganda. El régimen, como en este Noticiario Español, vendía un delirante objetivo de regeneración religiosa y política que ocultaba las verdaderas intenciones de los militares golpistas: reconstruir las infraestructuras destruidas por la guerra, levantar monumentos en honor de los golpistas, realizar transformaciones que beneficiaban a las clases dirigentes y enriquecer a empresarios y terratenientes que habían financiado el golpe de Estado contra la II República.
Mi abuelo Jerónimo Barcenilla era alcalde de Sedano, un pueblo en el norte de Burgos. No hubo disturbios de ningún tipo en el pueblo desde que salió elegido alcalde por IR en febrero de 1936. El 18 de julio, él, su padre y todos sus hermanos, menos uno que hacía la mili en Burgos, fueron detenidos y trasladados a la cárcel de la capital porque el cura intervino y les salvó la vida. Buena parte de su estancia en prisión, mi abuelo y su hermano Aurelio tuvieron que hacer trabajo esclavo en la cantera de Hontoria y en el monte Alcocero, levantando el monumento a Mola, un auténtico delirio en lo alto de un páramo perdido en mitad de la nada.
Monumentos como este o el más conocido Valle de los Caídos en la provincia de Madrid son dos de los ejemplos más destacados de los trabajos forzados para homenajear a los caídos del bando fascista (el monumento de Cuelgamuros se abrió también a los derrotados para cumplir una condición papal para bendecir el lugar y hay que recordar que el traslado de los restos de los republicanos se realizó sin el consentimiento y sin el conocimiento de sus familias). Otros muchos monumentos menores también se realizaron con trabajo esclavo, bien directamente en el lugar, bien con la incorporación de esculturas que se habían elaborado en talleres de las cárceles.
Pero el grueso de las obras acometidas con mano de obra esclava fueron las infraestructuras (carreteras, vías férreas, puentes, puertos, embalses, canales de riego, aeropuertos), bien por reposición de lo destruido durante la guerra, bien por apuesta estratégica del régimen como las obras hidráulicas del Plan Badajoz o la Construcción del Canal del Bajo Guadalquivir. La obra “El Canal de los presos”, escrita por Gonzalo Acosta, José Luis Gutiérrez, Lola Martínez y Ángel del Río, y coordinada por Cecilio Gordillo, fue publicada en editorial Crítica en 2004 y es un trabajo ejemplar, para entender el funcionamiento del sistema y cómo se aprovecharon del trabajo de los presos, las empresas constructoras, en primer término y los propietarios de los miles de hectáreas que pasaron de ser tierras de secano a ser campos de regadío.
A día de hoy es prácticamente incalculable la riqueza que se generó con el trabajo esclavo, ya que ni siquiera hay un censo fiable de todas las obras que se ejecutaron en esos años. Sólo en el entorno de Málaga capital, con los campos de trabajo de Torremolinos y La Aurora, se acometieron las obras del primer aeropuerto civil, que en años posteriores sería el motor del primer desarrollo turístico de la Costa del Sol; se reconstruyó la Alcazaba, hoy en día uno de los monumentos más visitados de Málaga, sin que haya una simple placa que rinda homenaje a los trabajadores, como tampoco hay nada que recuerde a los presos republicanos que reforestaron los montes de Málaga para evitar riadas o construyeron jardines en el entorno del paseo del Parque. Esta relación es incompleta para la capital y no se incluye, por falta de datos, los trabajos que se pudieron desarrollar en las comarcas malagueñas donde también funcionaron campos de concentración y de trabajos forzados.
Aunque el espíritu de la norma ideada por Pérez del Pulgar pudiera dar a entender que el trabajo era desarrollado en condiciones dignas y convenientemente remunerado, la verdad, una vez más, se distancia mucho del relato falsario del jesuita y del Noticiario Español. El hambre, las epidemias –el tifus y la tuberculosis, entre otras- las malas condiciones higiénicas y sanitarias, el frío y los accidentes causaron miles de muertos nunca reconocidos. Voy a poner sólo dos ejemplos que tienen en común el desplazamiento de los penados muy lejos de su lugar de residencia. En primer lugar, un número indeterminado de andaluces fueron llevados a trabajar en la construcción de una carretera en el norte de Navarra, en el valle del Roncal, y murieron de frío, según declararon los familiares de 12 presos que en octubre de 2023 interpusieron en Aoiz la primera querella criminal contra el trabajo esclavo durante el franquismo. O los 80 muertos, de los que 57 eran vascos, que fallecieron en un accidente de tren en la estación de Alanís de la Sierra el 19 de noviembre de 1937, cuando eran trasladados desde Bilbao a campos de trabajo en Sevilla. Entre 2008 y 2009 la productora Basque film rodó un documental, “El largo viaje”, que -a pesar del tiempo pasado desde su estreno (15 años)- hace honor a su título y aún no ha llegado a su destino...
Los campos duraron más de treinta años, una barbaridad sobre todo si tenemos en cuenta que teóricamente estaban pensados para presos “recuperables” ya que los peligrosos o irrecuperables habían sido asesinados por los campos de España sin ningún juicio o con juicios sin ningún tipo de garantías
Es cierto, como dice Nicolás Sánchez Albornoz en “Saña y negocio en el trabajo forzado”, prólogo de la obra “El canal de los presos”, que “todas las guerras modernas han conocido los campos de concentración, unos peores que otros”, pero los campos de concentración franquistas “por su dimensión, duración, aspereza y coste formaron un método de gobierno para el régimen nacido de las armas”. “Al terminar la contienda –continúa Sánchez Albornoz- los vencidos no fueron devueltos a la vida civil en un plazo prudencial. Los campos no fueron cerrados, sino que fueron disfrazados hasta 1970 con escalas y nombres distintos”. El artículo, del profesor de la Universidad de Nueva York es sumamente interesante ya que, por su condición de recluso en el campo de Cualgamuros, puede desmontar y desmonta la supuesta abundancia en la comida y el buen trato que, según la propaganda del régimen, se dispensaba a los reclusos.
Los campos duraron más de treinta años, una barbaridad sobre todo si tenemos en cuenta que teóricamente estaban pensados para presos “recuperables” ya que los peligrosos o irrecuperables habían sido asesinados por los campos de España sin ningún juicio o con juicios sin ningún tipo de garantías. Pero la norma, el concepto que había alumbrado el jesuita en plena guerra, pervivió hasta bien entrada la democracia. En 1944, todas las órdenes y normativas sobre la reducción de penas por el trabajo se consolidan y toman cuerpo en el artículo 100 del Código Penal de ese año. El sistema de Redención de penas se mantuvo, con parecida redacción, en los códigos penales de 1963, 1973, 1983 y en la actualización de 1989, derogándose definitivamente en el Código Penal de 1995, 20 años después de la muerte del dictador.
Además del Ejército, la Iglesia y otras instancias administrativas hubo muchas empresas de la construcción, de la minería, siderometalúrgicas, eléctricas, de transportes, agrícolas… que utilizaron mano de obra esclava para asentarse tras la guerra. Muchas de ellas han seguido siendo punteras hasta bien entrada la democracia y fueron el germen de muchas de las actuales empresas del IBEX 35 y, como recuerdo haber escuchado en muchas ocasiones a Cecilio Gordillo, “nunca han querido saber nada de su responsabilidad”.
He aquí otra diferencia notable entre lo ocurrido en los campos de concentración y trabajo forzado en la Alemania nazi y lo ocurrido en España. En Alemania, al terminar la guerra, las empresas que se habían beneficiado del trabajo esclavo y el estado crearon un fondo de compensación para indemnizar a los trabajadores forzados. En España, al terminar la guerra, las empresas siguieron explotando a trabajadores forzados, al menos 20-25 años. Pero lo que es peor, con la llegada de la democracia, nadie, ni el estado ni las empresas quieren acordarse de nada. Ni siquiera consienten en hacer un homenaje simbólico (hoy en día no tiene sentido otro tipo de reconocimiento) otorgando a los presos forzosos del Franquismo un premio nacional o autonómico de economía. Y quizás dotar ese premio con una cantidad que sirviera al menos para estudiar a fondo la magnitud del problema, para recuperar la memoria de tantos y tantos compatriotas que se dejaron la salud e incluso la vida para enriquecer a unos pocos.
Aunque sea difícil, me sumo a los anhelos de Cecilio Gordillo porque es de justicia. Mientras tenga fuerza no dejaré de luchar para que se consiga conocer la historia y reivindicar las vidas de tantos hombres y mujeres que, como a mi abuelo, lucharon por la libertad y la justicia social. Una osadía que se la hicieron pagar con años de esclavitud para hacerles buenos patriotas y mejores cristianos y, de paso, enriquecer un poco más a ricos y terratenientes.
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