Todos los días comemos. La especie humana tiene esa manía congénita a la que no fallamos tres veces al día. Por eso, decidir qué llevamos a la mesa por encima de los intereses de la agroindustria tiene enormes efectos en nuestra salud, pero también en qué agricultura propiciamos y en la propia pervivencia del mundo rural. Qué, cómo y dónde se producen los alimentos son objeto de una decisión cada vez más ajena a nuestra voluntad con consecuencias nefastas para los consumidores, para los agricultores y para el medio natural. Hay que transitar hacia la soberanía alimentaria para decidir socialmente sobre el qué, el cómo y el dónde se produce.
La agricultura social y profesional ligada al territorio sufre una grave crisis recurrentemente abordada en los medios de comunicación. Los efectos del cambio climático están provocando pérdida de cosechas y jornales, desplazamientos de cultivos y aumento de plagas. También la especulación sobre la tierra y los productos atenaza a los productores. Sin ir más lejos, en estas semanas no se han recogido los limones en el Valle del Guadalhorce por sus precios irrisorios, unos 20 céntimos el kilo, que se pagaban en origen mientras se vendían en los supermercados a unos 2 euros el kilo. Algo tiene que ver también la trampa del comercio internacional porque a pocos kilómetros del Valle del Guadalhorce se descargan cítricos provenientes de Sudáfrica.
En todo caso, crisis climática y especulación son dos grandes amenazas para la agricultura reconocibles por la gente. Sin embargo, poco se pone el foco en los cambios en el modelo agrícola que se está propiciando en esta crisis. En tanto la gente sigue encontrando los productos agrícolas en su mercado de abastos, fruterías del barrio o supermercados no advierte que el qué, el cómo y el dónde está cambiando aceleradamente. Esto es así porque la crisis climática, la especulación y la trampa del comercio internacional están poniendo el sector agrícola en bandeja de plata a la agroindustria y a los fondos de inversión. Se llama ‘uberización’ del campo. Muchas y muchos agricultores y ganaderos, pequeños y medianos productores no están pudiendo aguantar. Esto, unido a la creciente industrialización del campo, está provocando que muchos agricultores pasan de trabajar sus propias tierras a ser empleados de grandes empresas que acaparan las tierras. Es decir, se está dando un proceso de concentración de la tierra en manos de grandes empresas y fondos de inversión mientras se expulsa de las mismas a los pequeños y medianos productores.
Es un sector envejecido con serios problemas para el relevo generacional pero lo que no se denuncia es que muchos jóvenes no pueden acceder a la tierra porque la especulación sobre la misma se lo impide
Poco se habla de esto en los medios de comunicación. La imagen corriente es la de un agricultor mayor clamando por la escasez de agua y la falta de rentabilidad. Y es cierto, es un sector envejecido con serios problemas para el relevo generacional pero lo que no se denuncia es que muchos jóvenes no pueden acceder a la tierra porque la especulación sobre la misma se lo impide, ya que la tierra que debería ser accesible a las jóvenes generaciones está siendo acaparada por los fondos de inversión.
Hace unas semanas Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda del GP Sumar, señalaba en el artículo “¿Por qué debe preocuparnos la presencia de Blackrock en España?” la penetración de los fondos de inversión en los sectores económicos de la economía española. Las consecuencias de este proceso, propio de la financiarización de la economía neoliberal, son particularmente graves en el sector primario y no están encontrando una respuesta a la altura por parte de las administraciones. Muy al contrario, como indican Óscar García y Yayo Herrero en el artículo “Los nuevos señoritos del campo” el Gobierno andaluz del Partido Popular está propiciando que los fondos de inversión se hagan con las tierras agrícolas. Unos fondos que protagonizan la mayoría de las compras de fincas rústicas en Andalucía aprovechándose de la crisis del sector.
En consecuencia, la ‘uberización’ del campo y las consiguientes dificultades para el relevo generacional están empujando a la desaparición de la agricultura social y profesional y consiguiente despoblamiento del mundo rural. Evitarlo debe ser prioritario para el país para que esta crisis no ponga definitivamente el sector en manos de la agroindustria y de los fondos de inversión. Transitar hacia la soberanía alimentaria supone decidir sobre nuestra alimentación cuestionando la concentración de poder en manos de multinacionales que absorben a los pequeños y medianos agricultores.
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