Vigilantes de la playas andaluzas: magnífica idea, pésima gestión

Hace un par de semanas recibimos con agrado la idea del presidente de la Junta de Andalucía de contratar a tres mil personas que reforzaran y ayudaran a mantener la seguridad requerida en las playas andaluzas. Estas personas son y serán una ayuda imprescindible este verano para mantener las directrices de la lucha contra el COVID-19 y ayudarán a las maltrechas economías de toda Andalucía. Hasta aquí todo perfecto.

El problema viene cuando Juan Manuel Moreno decide hacerlo en rueda de prensa tras una conferencia de presidentes autonómicos y sin contar con un respaldo técnico y de la parte social adecuado. Promete sacar los trabajadores y trabajadoras de una bolsa de trabajo que no está constituida (ni siquiera se ha sacado la lista de personal admitidos y excluídos y por supuesto, está sin baremar), y además, dice que ganarán 1900 euros netos al mes, siendo un grupo V de la administración andaluza (ojalá fuera así). No contentos con esto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión posterior a estas declaraciones, aprueba el proyecto en los mismos términos a sabiendas que es imposible y aprueba por Decreto Ley 14/2020 las actuaciones. Todo sea por salir en la foto.

A partir de aquí, las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito solicitan explicaciones en la mesa de negociación, donde se deberían haber marcado las directrices consensuadas, no aceptándose ninguna propuesta sindical y haciendo caso omiso de la advertencias y recomendaciones que para el buen funcionamiento del sistema se aportaron.

Luego vino lo que todos conocemos y preveíamos: desinformación, falta de transparencia, improvisación, desorganización y atención a otro tipo de intereses más partidistas que de gestión eficaz. La Junta de Andalucía, lejos de coordinar y homogeneizar el proceso, lo dejó en manos de las delegaciones provinciales de las provincias andaluzas con costa, supuestamente en coordinación con los ayuntamientos,  y cada una hizo el proceso como mejor entendió.

De las bolsas legalmente establecidas han salido poquísimas personas, entre otras cosas, porque solo han tirado de una categoría, la de Vigilante (Personal de Servicios Generales), pudiendo haber tirado de otras del grupo V capacitadas para el trabajo a realizar como se le recomendó desde la parte social. El resto de personal se ha contratado mediante “procedimiento de emergencia”, que quiere decir, por “orden de llegada” de un correo electrónico solicitando los puestos, sin control ni fiscalización alguno (se han pedido los datos, pero hasta la fecha solo la callada por respuesta). La falta de transparencia y la subjetividad y opacidad del proceso está servida. Un procedimiento, consensuado y asumido, que se estableció para que no faltara personal en nuestras residencias de ancianos y en puestos clave durante lo peor de la crisis sanitaria se utiliza para la contratación a destajo de tres mil personas.

Ahora queda por resolver la tercera parte de la historia. El personal, como cualquier otro trabajador o trabajadora, tiene derechos recogidos en convenio que hay que cumplir. Se ha procedido a la asignación de playas sin criterio conocido ninguno, se pretenden establecer “turnos” fijos de mañana o tarde para todo el periodo y sin descanso alguno en fin de semana para los tres meses de contrato, en algunas provincias, pretenden que cada alcalde de cada municipio establezca los horarios como mejor entienda y lo que nos queda por conocer. En alguna provincia se ha dicho al personal que se comprara la ropa de trabajo de su bolsillo, al no tener todavía disponible la uniformidad.  Hablar de negociación, derechos reconocidos o conciliación familiar es una utopía.

Esperamos poder arreglar parte de este entuerto en las mesas de negociación, donde se debería haber tratado a priori para garantizar la transparencia y viabilidad de un proceso que, magnifico en el fondo (tres mil contratos y playas seguras), ha sido pésimo en las formas por interés político y por ser el primero en salir en la foto.

Alguna vez en este país maduraremos políticamente, no hay que perder la esperanza.

Pablo López del Amo, coordinador del Sector Autonómico (FSC) de CCOO de Andalucía

Hace un par de semanas recibimos con agrado la idea del presidente de la Junta de Andalucía de contratar a tres mil personas que reforzaran y ayudaran a mantener la seguridad requerida en las playas andaluzas. Estas personas son y serán una ayuda imprescindible este verano para mantener las directrices de la lucha contra el COVID-19 y ayudarán a las maltrechas economías de toda Andalucía. Hasta aquí todo perfecto.

El problema viene cuando Juan Manuel Moreno decide hacerlo en rueda de prensa tras una conferencia de presidentes autonómicos y sin contar con un respaldo técnico y de la parte social adecuado. Promete sacar los trabajadores y trabajadoras de una bolsa de trabajo que no está constituida (ni siquiera se ha sacado la lista de personal admitidos y excluídos y por supuesto, está sin baremar), y además, dice que ganarán 1900 euros netos al mes, siendo un grupo V de la administración andaluza (ojalá fuera así). No contentos con esto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión posterior a estas declaraciones, aprueba el proyecto en los mismos términos a sabiendas que es imposible y aprueba por Decreto Ley 14/2020 las actuaciones. Todo sea por salir en la foto.