El alcalde de Cartaya (Huelva) levantó un almacén en su finca sin licencia de obras
El alcalde de Cartaya (Huelva), Juan Polo (Independiente en coalición con PP-PA), construyó en 2004 un almacén como complemento a una casa en su finca de la localidad que no contaba con la pertinente licencia de obras, un asunto que ya ha hecho que el PSOE, expartido por cierto del edil, anuncie que va a investigar a fondo para determinar si lo lleva a los tribunales, en función de si es un delito que ya ha prescrito.
Un asunto adelantado por el diario Huelva Información, que tiene su origen en el año 1997, cuando levantó una vivienda de 168 metros cuadrados en una finca de su propiedad, concretamente en una finca de 6.647 metros cuadrados en el mismo municipio cartayero, en un paraje llamado 'La Vasca'.
El terreno no era urbanizable, pero entonces no existía la normativa actual amparada en la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA), que entró en vigor en 2002. Dos años después de su entrada en vigor fue cuando levantó el polémico almacén, cuando, a diferencia de la obra original, ya era miembro del equipo de gobierno municipal del PSOE, del que se fue para formar un grupo independiente.
El asunto, como lo define el propio alcalde a eldiario.es/andalucia, es “alegal”, y se basa para ello en que abonó las tasas correspondientes para levantar el almacén. La curiosidad del caso riza el rizo en el momento en que fue el propio Juan Polo (Teniente de Alcalde) el que notificó a Juan Polo (vecino de Cartaya) las irregularidades que habría cometido. Pero no hubo modificación, y el caso prescribió administrativamente en 2008.
Ahora, esa construcción, definida como “almacén de aperos de labranza” está a la espera de ser regularizada por completo. La clave es que el almacén en ningún momento se dio de alta como residencia, sino como lugar para guardar útiles del campo, lo que el edil justificó, entre otras cosas, con sus escasas dimensiones: 67 metros cuadrados.
Entre los trámites que siguió, pagó 486,46 euros de tasas de obras, en una actuación que presupuestó en 8.838,78 euros, y una vez sellada comenzó a construir. Pero el pago de esa tasa no eximió al ya entonces Teniente de Alcalde de ser objeto de un informe desfavorable de un vigilante municipal, que citó en su informe que, a diferencia de la “obra menor” que se reflejaba en la licencia de obras, había levantado “una obra mayor, al afectar a la estructura del edificio”, en referencia a la vivienda original junto a la que se encuentra.
El Ayuntamiento le requirió para modificarlo, en base, por ejemplo, a un informe favorable del Colegio de Arquitectos, que nunca llegó, pero la obra se terminó sin problemas.
Una situación que ha hecho que el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, haya anunciado que los servicios jurídicos del PSOE van a estudiar las posibles consecuencias legales, ya que se quiere profundizar en que “si ha prescrito el delito administrativo y penal (...) nos podemos llevar una sorpresa con lo que puede hacer ahora que es alcalde”.
Para Ferrera, el anterior alcalde, Juan Antonio Millán (del que Polo era Teniente de Alcalde) “no habría consentido esto”, de modo que ha asegurado que fue una actuación por libre del actual primer edil que el PSOE entiende que tiene que explicar.
“Una auténtica cacería política”
Juan Polo, sin embargo, ha asegurado que el asunto se trata de una “auténtica cacería política sin fundamento alguno y con el único interés de sembrar la duda para desprestigiar y hacer daño político” la denuncia anónima en la que se pone en duda la legalidad de las construcciones que el primer edil posee en el campo.
En este sentido califica como “tremendamente significativo” el hecho de que en 2012 se presentaran dos denuncias anónimas referidas a las citadas construcciones, ante el Seprona y ante la Fiscalía, que dictó auto de archivo “por no ver indicio alguno de ilegalidad en los expedientes, después de analizarlos con detalle y de exigir los pertinentes informes técnicos de los funcionarios públicos”.
El primer edil asegura que “nunca he tenido nada que esconder, ni antes de ser alcalde ni ahora que lo soy, y tengo todos mis papeles en regla, especialmente el de mi vivienda y el del almacén de aperos al que hace referencia la acusación, por el que aboné las correspondientes tasas y he pagado todos los impuestos que me corresponden”.
Polo insiste en señalar que “se encuentran en la misma situación de alegalidad o de irregularidad administrativa en la que se encuentran las construcciones en el campo de la localidad, puesto que en todos los casos se ha seguido siempre el mismo proceso, y en el resto de Andalucía, por el vacío legal que existía al respecto, pero se trata de una situación totalmente regularizable al amparo del Decreto 2/2012 que sacó la Junta de Andalucía precisamente para normalizar la situación de este tipo de edificaciones”.
En este sentido, el Ayuntamiento en la actualidad se encuentra tramitando los expedientes pendientes de este tipo de viviendas en la localidad, que ronda el millar de casos, “para proceder a la regularización de todas las construcciones en el campo, que se encuentran en la misma situación”.
Finalmente, el alcalde insta al autor o autores de estas denuncias y acusaciones anónimas a que “en vez de acudir a los periódicos, con el objetivo de difamar para que quede la duda y el daño, ejerzan las pertinentes acusaciones legales en el juzgado, que es donde hay que demostrar lo que se dice, y donde yo ya he demostrado que siempre me he ajustado a la legalidad vigente y estoy dispuesto a hacerlo cuantas veces sean necesarias”. Para el primer edil es “tremendamente significativo que se acuse de forma anónima, y de una manera tan mezquina y con tan mala fe, y solo con el objetivo de hacer daño político”.
