El Proyecto Siroco es un viejo desconocido más allá de Málaga: desde febrero de 2004 (cuando se aprobó) hasta febrero de 2015 habrán pasado once años, y será entonces, si no se produce un vuelco, cuando Repsol empiece a realizar prospecciones ocho kilómetros mar adentro, frente a la Punta de Calaburras que separa los municipios de Mijas y Fuengirola. Buscará hidrocarburos en una bolsa bajo el lecho marino que descubrió en 2005. El movimiento ciudadano contra las prospecciones de hidrocarburos de la Costa del Sol lleva desde ese mismo año intentando que el momento de las catas no llegue nunca y ha conseguido, hasta ahora, retrasarlo. Cuenta con el apoyo de grupos ecologistas y partidos políticos como Equo. Esta semana defendieron sus tesis en el Parlamento Europeo y para este domingo han organizado una flotilla que se dirigirá al punto en el que se realizarán las prospecciones. De ella será parte el Arctic Sunrise, buque de Greenpeace.
El Gobierno de José María Aznar autorizó, allá por febrero 2004, el proyecto Siroco, que sin embargo, aún no ha pasado de su primera fase. El objetivo final es comercializar los hidrocarburos que aparezcan, si es que aparecen, a unos nueve kilómetros mar adentro frente a las costas de Mijas y Fuengirola. La primera etapa, ejecutada en 2005, consistió en realizar un sondeo sísmico con el que determinar que, efectivamente, allí hay algo. La segunda, que se realizará, en principio, entre febrero y abril de 2015, consiste en instalar unas plataformas semisumergibles desde las que realizar varias catas a una profundidad de unos 1.600 metros bajo el lecho marino para determinar con certeza qué es ese “algo”. Las perforaciones se realizarían en un plazo de entre 29 y 41 días. La tercera y última fase consistiría en extraer ese “algo”, si a Repsol le conviene. Pero desde 2012 ya se han producido dos prórrogas a la fecha fijada inicialmente para iniciar los sondeos exploratorios.
Librada Moreno, portavoz del movimiento contrario a las prospecciones, explica que el objetivo no es obtener una nueva prórroga, sino que el proyecto se cancele definitivamente. Los ecologistas alegan que existen razones medioambientales para hacerlo. Según Moreno, no existe la certeza de cuál es el hidrocarburo que aparecería (gas natural, metano, petróleo), aunque la declaración de impacto ambiental se refiere a una “investigación del potencial gasista” de la zona. “Creemos que se habla de gas natural porque es más liviano hablar de gas que de petróleo, que genera más rechazo”, opina la ecologista.
Pero además el movimiento contra las prospecciones esgrime dos criterios económicos: creen que el turismo se resentiría y la pesca también, al situarse la plataforma cerca de uno de los caladeros más importantes de la Costa del Sol. Y da una última razón. En la declaración de impacto ambiental del sondeo exploratorio Siroco (del que la Secretaría de Estado de Cambio Climático informó favorablemente en agosto de 2011), no se incluye un estudio sobre el impacto sismológico. Para Moreno, el hecho de que la Costa del Sol sea una zona de convergencia entre las placas tectónicas Euroasiática y Africana debería motivar la aplicación del principio de precaución. Los ecologistas pidieron en 2013 al Ministerio de Industria que Repsol realice también un estudio de impacto sismológico. “Hemos tenido la callada por respuesta”, dice la portavoz. Esta semana presentaron el caso en el Parlamento Europeo, en unas jornadas contra el fracking organizadas por Izquierda Plural.
El debate político
El debate políticoLa cuestión de los sondeos exploratorios ha generado también una considerable polémica política en la que algunos han preferido adoptar una postura de perfil y otros, adaptar la figura en función del foro. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga y senador, votó en mayo en contra de una iniciativa socialista en la cámara, por la que se pedía la paralización de todas las prospecciones en el Mar Mediterráneo. El regidor no rompió la disciplina de voto impuesta por el PP, que tumbó la iniciativa. Lo que sí hicieron cuatro senadores del PP por Beleares.
Sin embargo, en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga votó a favor de una moción que pedía “transmitir de nuevo [se reiteraba una moción de junio de 2010] al Gobierno de España la necesidad de adoptar un acuerdo que impida en aguas españolas o en aguas internacionales cercanas, la exploración y explotación de recursos petrolíferos en el mar mediterráneo”. La moción instaba al Gobierno a “la suspensión inmediata de los permisos concedidos” a Repsol, “habida cuenta de los importantes riesgos medioambientales, económicos y turísticos que comportan, archivando el expediente sin más trámite”. La moción fue presentada por Carolina España, concejal del PP (hoy diputada) y aprobada por unanimidad. Gobernaba el país el PSOE.
La Diputación Provincial de Málaga, dirigida por el popular Elías Bendodo, también ha tenido un comportamiento errático: en junio aprobó una moción a favor de paralizar las prospecciones. En septiembre, cuando se supo que estas comenzarían en febrero de 2015, rechazó votar una idéntica presentada por la vía de urgencia y Bendodo aludió a la necesidad de buscar el “consenso”. La última institución en intervenir ha sido la Junta de Andalucía: Rafael Rodríguez, consejero de Turismo, declaró la semana pasada que las prospecciones son “incompatibles” con el modelo turístico de la Costa del Sol. El movimiento ciudadano, que no ha variado su postura, insiste en pedir que se archive definitivamente el proyecto, y pide que se apueste por las energías renovables. Este domingo harán visible su postura allí donde en febrero podría instalarse la plataforma.
Esta misma semana se ha conocido el rechazo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al estudio de impacto ambiental del proyecto Chinook, por el que se quería identificar la posible existencia de hidrocarburos entre la costa oriental de Málaga (desde Nerja) y la granadina. El proyecto contemplaba la emisión de ondas (llamadas en la jerga “balas”) acústicas emitidas con dispositivos de aire comprimido. La razón del rechazo ha sido, según Ecologistas en Acción, las alegaciones presentadas alertando de los daños potenciales a la fauna marina. En un comunicado, la agrupación califica de “hito” el hecho de que el Gobierno haya rechazado el estudio alegando los posibles daños ecológicos, y no consideraciones económicas relacionadas con el turismo en la zona. La agrupación recuerda el valor ecológico de zonas como los acantilados de Maro-Cerro Gordo, un paraje natural muy apreciado por los aficionados al buceo.
Ecologistas en Acción presentó alegaciones contra el estudio de impacto ambiental porque entendía que no había tenido en cuenta la realidad natural de la zona ni los efectos de los disparos acústicos. “Se ha demostrado que las balas acústicas provocan graves afecciones tanto en la fisiología de los animales marinos (no sólo cetáceos, sino también peces e invertebrados) como en su comportamiento, pudiendo provocar la muerte masiva de peces (por explosión de su vejiga natatoria) y la huida de animales de ecosistemas de gran valor natural”, señalan los ecologistas, que recuerdan que las ondas acústicas se desplazan con gran facilidad en el medio acuático.