El Parlamento andaluz ha dado este miércoles un nuevo respaldo a la reapertura de la mina de Aznalcóllar. La convalidación por unanimidad del decreto ley aprobado el 17 de diciembre es el último paso antes de que salga el pliego de condiciones del concurso público. Las empresas que quieran hacerse con los derechos para explotar los 80 millones de toneladas estimados de cobre, plomo y zinc (y también algo de oro y plata) sabrán entonces cuáles son las exigencias de seguridad y viabilidad técnica, económica y medioambiental.
Todo comenzó en junio del año pasado cuando el hemiciclo andaluz, con la unanimidad de todas sus fuerzas políticas, dio luz verde a la Junta de Andalucía para reabrir una mina a cielo abierto donde tuvo lugar el mayor desastre ecológico de la historia de Andalucía. En diciembre, el Gobierno andaluz anunciaba que expropiaba por decreto ley los derechos de los permisos de investigación sobre la mina. Por un lado, pesa la alta tasa de paro de la región y el alza de los precios de los metales como oportunidad de reactivar esta fuente de empleo. Del otro lado de la balanza, aún permanece la imagen de los lodos tóxicos llegando a Doñana y el pago de una reparación ambiental que asciende a 90 millones de euros, mientras el litigio entre Boliden, la empresa que explotaba la mina, y la Junta de Andalucía continúa en los tribunales más de 15 años después.
Ecologistas, juristas y geólogos mantienen posiciones encontradas acerca de la oportunidad de la reapertura del yacimiento minero, y mientras unos hablan de riesgo, los otros hablan de oportunidad. Sí coinciden en la importancia del control de esta actividad, para unos a todas luces insuficiente y para otros suficientemente exigente.
Manuel Toscano, profesor del departamento de Geología de la Universidad de Huelva, asegura que le llama la atención “que una mina se abra por decreto” pero no porque no le parezca bien que se reabra sino porque cree que se podrían reactivar otros proyectos mineros de la misma forma. “Creo que es la primera vez que se da esta circunstancia en España. De hecho, hay mucha gente que no entiende que se abra Aznalcóllar por decreto y Riotinto esté en un 'impasse', junto a otros proyectos mineros enquistados en la Faja Pirítica”, asegura.
José Ignacio López, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide, critica, por su parte, que las expropiaciones le van a salir caras al contribuyente. “Desde enero de 2013, la Junta de Andalucía viene proclamando la convocatoria del mayor concurso de derechos mineros de la historia. Ahora, de repente, da un giro de 180 grados y decide la reserva, a favor de la comunidad autónoma, de la actividad extractiva”, destaca el profesor de la UPO.
Aunque llegue tarde, José Ignacio López cree, eso sí, que la decisión es acertada, ya que el Gobierno andaluz consigue “un control mayor sobre la actividad empresarial” y se establecen “mayores garantías desde el punto de vista de la protección ambiental, la ordenación del territorio y la proximidad a Doñana”.
El profesor Toscano cree que la reapertura de la mina sería muy positiva para la región “si se demuestra que no va a haber un impacto ambiental negativo y se va a generar empleo”. A nivel ambiental, el investigador de la universidad onubense cree que el tratamiento de los lodos, la contaminación del agua y la minería a cielo abierto son los puntos clave del futuro proyecto.
Toscano opina que a cielo abierto solo habría una primera fase, pero que la mayor parte de la explotación se haría en galería. “La galería de interior es mucho menos impactante, porque parte de los residuos se vuelven a reintroducir en los túneles abandonados”, subraya.
“Exigencias ambientales suficientemente estrictas”
Toscano destaca que “la Administración no va a permitir que se construya una presa con fluidos, ya que hoy en día se exige pasta seca. Lo que en Aznalcóllar era un barro con muchos fluidos, actualmente se mezcla con cemento y se almacena en las balsas, con lo cual no existe ese riesgo de rotura”.
Respecto a la contaminación del agua, el geólogo explica que las aguas neutras de la lluvia pasan a ser aguas ácidas “al entrar en contacto con los sulfuros”. “El mineral se descompone y libera hierro y cobre. Si llueve en la corta minera, ese agua es tratada en unas plantas de tratamiento especial en las que se retiran los metales pesados y la acidez mediante unos reactivos”, explica.
Tanto por razones administrativas como tecnológicas, Toscano considera “imposible que se repita el vertido de Aznalcóllar, ya que las exigencias ambientales son suficientemente estrictas para que no se vuelvan a repetir errores del pasado. Hoy en día se puede cumplir con una actividad minera sostenible”.
Aunque ecologistas y expertos denuncian la celeridad con la que la Administración Pública quiere reabrir la mina, Toscano recuerda que “ninguna empresa minera llega a un sitio y directamente se pone a explotar”. “Se necesita una tarea de investigación que dura un par de años para comprobar que la documentación previa era la correcta”. Y concluye: “Puede que pasen años hasta que salga el primer kilo de mineral”.
“Faltan medidas de control”
Para Felipe Fuentelsaz, portavoz de WWF en Doñana, se trata de “una temeridad”. Según el ecologista, “el corredor verde del Guadimar nos costó mucho dinero a todos y no queremos que se vea en peligro por la actividad minera”. “El papel lo aguanta todo, pero cuando el proyecto se ejecuta, faltan las medidas de control. Nos preocupa mucho que se tarde en paralizar la actividad si hay algún caso de contaminación”, apunta.
Antonio Ramos, responsable de minas de Ecologistas en Acción, muestra su preocupación por la minería a cielo abierto que se llevaría a cabo en Aznalcóllar. “Es más barato, pero genera un enorme impacto ambiental. El mineral de Aznalcóllar se puede extraer en galería”, asegura el ecologista. Ramos cree además que habría “que transportar y tratar el mineral en Riotinto. No se puede hacer una balsa tipo Boliden ni utilizar la antigua corta como depósito de residuos en el entorno del Guadimar, porque eso afectaría a Doñana”.