“Vamos mal de tiempo”. Así responde Manuel Romero Ortiz, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) cuando se le pregunta si a su juicio es viable el proyecto de dragado del río que defiende el Puerto de Sevilla.
No sólo porque el 31 de diciembre de 2015 expiré el plazo dado por la Unión Europea para poder utilizar sus fondos Feder en la ejecución de la obra, sin los que ésta sería imposible. Sino porque la normativa ambiental aprobada por España y reconocida por Bruselas exige que antes se debe garantizar la calidad de las aguas del Guadalquivir. Cosa que hoy por hoy, la propia CHG pone en duda para antes de esa fecha.
“No es técnicamente viable conseguir los objetivos ambientales dentro del plazo de 2015 para las masas (de agua del estuario) que están actualmente en mal estado”, asegura la CHG en su documento previo para la elaboración del próximo Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG), en fase de información pública desde primeros de año.
Explica que no lo es, porque las medidas propuestas en el PHG actualmente en vigor para lograr mejorar la calidad de las aguas carecen de tiempo suficiente para “mostrar resultados”. Y, sobre todo, porque, explica, “la actual coyuntura económica podría obligar a retrasar algunas de las medidas a escenarios futuros”.
De hecho, el estado de las aguas del estuario es hoy por hoy calificado por la CHG con el eufemismo “peor que bueno” (ver gráfico). Más aún, al identificar a los “sectores y actividades generadores del problema”, la CHG empieza por “la presencia del Puerto de Sevilla” que “ha dado lugar a las sucesivas cortas que han aislado los brazos para dar lugar a un cauce más fácilmente navegable”. El río Guadalquivir ha perdido así sus meandros y con ellos, explica el documento, 51 kilómetros de cauce.
Arroz
Además de garantizar la calidad de las aguas del estuario, la CHG exige asegurar que la profundización del dragado del Guadalquivir, para dar cabida a buques de mayor porte, no dañe el cultivo de las 35.000 hectáreas dedicadas al arroz en el estuario. No sólo se trata de la mayor extensión arrocera de España, sino también la de mayor rendimiento de toda la Unión Europea (8.000 kg/ha de media), de la que sale el 40% del arroz nacional.
“Cualquier solución técnica que se decida, deberá salvaguardar la viabilidad de los aprovechamientos agrarios destinados a la producción de arroz con toma en el estuario, para los que la salinidad constituye una variable crítica”. Asegura el documento de posicionamiento inicial de la CHG.
Eso sí, Manuel Romero tiene un plan para resolver el problema. Separar los arrozales del Guadalquivir y llevarles agua potable desde el pantano de Peñaflor, cuenca arriba, a través del Canal del Bajo Guadalquivir, popularmente conocido como el Canal de los Presos, ya que fue construido durante el franquismo por presos políticos.
De esa manera, además, conseguiría ahorrar nada menos que cien hectómetros cúbicos de agua al año. La tercera parte de la que el arroz consume en la actualidad, y cantidad nada despreciable en una cuenca que es, de hecho, deficitaria.
No ahorraría agua por el regadío, que seguiría saliendo de la cuenca. Sin estar conectados directamente al río para captar agua mediante bombas, la salinidad de sus aguas dejaría de afectar a los arrozales. Por lo tanto, la CHG dejaría de tener que desembalsar esos cien hectómetros anuales (entre los meses de abril y octubre) para diluir la concentración de sal que traen las mareas río arriba desde el mar. Es el llamado 'tapón salino'.
Es más, según los cálculos de los técnicos, el dragado del río exigiría desembalsar entre 12 y 14 hectómetros cúbicos más al año desde la presa de Alcalá del Río para conseguir contener la salinidad del agua. “Circunstancia a evitar dada la situación deficitaria de la cuenca”, dice la CHG, que explica así su “oposición” inicial al dragado, “al no quedar garantizados los regadíos del arroz sin un incremento de los desembalses”.
Mega obra.
Independizar los arrozales del río es pues la propuesta de Manuel Romero. Pero es una obra faraónica. “De mucho calado”, reconoce el propio presidente de la Confederación al explicarla: “El canal del bajo Guadalquivir tiene 60 kilómetros. Habría que mejorarlo y aumentar su capacidad para que trajera también el agua del arroz. Con eso, y nuevos canales secundarios, regaríamos cerca de 12.000 hectáreas que hay en la margen izquierda. Tendríamos que cruzar el río con un sifón y distribuir también el agua por la margen derecha, que suman otras 22.000 hectáreas”.
El coste es similar, dice, al de otras obras de regadío llevadas a cabo por la CHG. “unos 6.000 euros por hectárea”. Pero añade, “lo que pasa es que son 35.000 hectáreas de arroz, y cuando se multiplica…” De hecho, en su primer documento para el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021, la CHG cuantifica la inversión en algo menos de los 210 millones que salen de la multiplicación: El Proyecto de Modernización de la Zona Arrocera “asciende a 182 millones de euros, aproximadamente”.
Romero espera conseguir ese dinero de la remesa de Fondos Feder europeos para el periodo 2014 -2020. Pero Bruselas aún no ha decidido sobre el reparto de dichos fondos. Así que parece difícil que su proyecto esté aprobado, financiado y en marcha antes de que en 2015 termine el plazo máximo con que cuenta el Puerto de Sevilla para iniciar la obra del dragado. Como dice el presidente de la CHG, que hasta ahora tan sólo ha podido ejecutar el 15% de las inversiones del Plan Hidrólogico Vigente ( 2009 -2015), “vamos mal de tiempo”.