El Gobierno de España retirará el recurso interpuesto en el Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias en el concurso público convocado por la Junta de Andalucía para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, proyecto que se pretende reactivar cinco lustros después de su cierre para generar más de 1.000 empleos entre directos e indirectos. Esta decisión se ha adoptado tras la reunión este jueves entre una delegación de la Junta de Andalucía y representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que se ha pactado la continuidad del concurso público, cuyo plazo para presentar ofertas acaba a mediados de abril.
De este modo, el concurso público seguirá adelante y liderado por la Junta de Andalucía a través de la fórmula técnica que establezcan los servicios jurídicos de ambas administraciones. “Estas decisiones se llevarán a cabo de forma inmediata, para mayor seguridad y confianza de las empresas mineras, los trabajadores y el conjunto de la sociedad”, según un comunicado de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Esto permitirá mantener los plazos en la reapertura de la mina, en torno a 2015. En concreto, las dos administraciones han pactado eliminar el conflicto, y el Gobierno de España, a instancia de la Junta de Andalucía, efectará en el Consejo de Ministros la declaración de reserva de los derechos mineros en el lugar.
El consejero del ramo, José Sánchez Maldonado, se ha felicitado por esta noticia, y ha destacado que “la lealtad institucional ha prevalecido en esta ocasión”. Ha incidido en que el desbloqueo de este proyecto es bueno para Andalucía y que “los ciudadanos nos ponen a los políticos para que resolvamos los problemas dialogando entre nosotros”.
La propia presidenta de Andalucía, Susana Díaz, tenía previsto desplazarse a Aznalcóllar la tarde de este jueves para para explicar el contenido del acuerdo al alcalde, Agapito Ramírez (IU) y a los regidores de los municipios del entorno.
El acuerdo lo han cerrado el viceconsejero, Luis Nieto, y el secretario general de Innovación, Vicente Fernández, con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. El pacto pone fin a las diferencias surgidas entre ambas administraciones después de que el Consejo de Ministros autorizase el pasado viernes la interposición de un recurso contra el decreto para reabrir la mina que cerró tras el vertido tóxico por la rotura de su balsa de residuos en 1998.