El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de la Junta de Andalucía 9/2013 por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla. Se trata del conflicto número 13 que el Gobierno plantea frente a la Junta después de haberse centrado en los últimos meses en las normativas andaluzas acerca de la función social de la vivienda.
El Gobierno, en este caso, invocará de nuevo el artículo 161.2 de la Constitución, por lo que el decreto ley será suspendido. Según las referencias publicadas tras el Consejo de Ministros, el Ejecutivo impugna también, mediante conflicto positivo de competencias, la convocatoria del concurso para adjudicar las actividades extractivas.
El pasado martes era el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el que acordaba interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, en este caso contra la Ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, que permite al Estado retener recursos de las comunidades para saldar la deuda comercial. Son ya 24 los conflictos de competencias entre las dos administraciones abiertos en el TC, los más recientes desde Andalucía contra la Lomce y contra la reforma de la Administración Local. Otra norma estatal que podría acabar también camino del Constitucional es la de establecer una única licencia deportiva.
De todos los conflictos abiertos, 13 han sido planteados por el PP desde 2006 (cuatro por el grupo parlamentario y nueve por el Gobierno de España), 11 por la Junta de Andalucía (todos ellos en la presente legislatura) y uno por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La decisión del Gobierno de la nación respecto a Aznalcóllar pone en cuestión la decisión de todos los grupos parlamentarios andaluces, incluido el Partido Popular, que apoyaron en julio pasado por unanimidad una Proposición No de Ley para la vuelta a la actividad de la mina a cielo abierto en la localidad sevillana. “La comarca lo merece”, fue la frase esgrimida, aunque la necesidad de ser exquisitos con la protección del medio Ambiente también estuvo presente. No en vano, el recuerdo de 1998, cuando tuvo lugar la mayor catástrofe ambiental en Andalucía, se tradujo el pasado verano en la insistencia por parte de todos los grupos políticos del arco parlamentario en la necesidad de garantizar el respeto al medioambiente y la exigencia de controles máximos para que “no vuelva a suceder”.
Los 80 millones de toneladas de metales en reservas constatadas y recursos probables, la subida del precio de metales como el cobre y el zinc, y la potencial garantía de empleo para 10 años fueron los argumentos esgrimidos en su presentación por el diputado socialista Carmelo Gómez Domínguez. Y respaldados por todas las fuerzas políticas de la región.
Hubo voces discordantes pero desde fuera del arco parlamentario. Desde EQUO Andalucía se manifestaron en contra porque “¿Es necesario volver a recorrer un camino de desarrollo fallido? ¿Estamos condenados a no aprender de los errores?”. Posicionándose claramente en contra de la reapertura de la mina porque supone un cambio del “nunca más” al “puede volver a pasar”, asegura que falta imaginación política para solucionar los problemas. Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción, afirmó: “La experiencia de la minería a cielo abierto ha sido catastrófica y demuestra, que pese a tener condicionantes ambientales restrictivos, es muy difícil de controlar”.