Normativa europea, leyes españolas y una larga jurisprudencia: los ecologistas de Greenpeace creen que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha infringido tanto leyes como sentencias a la hora de declarar urbanizable el suelo sobre el que se alza el hotel del Algarrobico, creando así inseguridad jurídica. Por esa razón ha decidido presentar un recurso de casación ante el propio Tribunal Supremo contra el TSJA y lo ha hecho a pesar de que, según los magistrados del tribunal andaluz, contra la sentencia no cabía recurso.
En el escrito judicial se insiste en que la sentencia incumple varias directivas europeas que protegen los ecosistemas, la fauna y la flora a través de 'Zonas de Especial Protección para las Aves' o 'Lugares de Importancia Comunitaria', destacando que en estos “sólo se puede urbanizar por razones de interés público”. Además, subrayan que los terrenos forman parte de la Red Natural 2000 es una Reserva de la Biosfera, la zona norte de este sector es un hábitat prioritario con plantas amenazadas y que se trata, en definitiva, de un espacio protegido por el PORN del Parque Natural Cabo de Gata de 1994, tal y como han venido defendiendo el Supremo, el TSJA o la Audiencia Nacional a través de las veinte resoluciones judiciales que el Algarrobico ha acumulado en su contra. Los ecologistas denuncian que la sentencia es contradictoria con las figuras de protección internacional del Cabo de Gata bajo el amparo de Naciones Unidas como el Convenio Ramsar, el de Barcelona o la Reserva de la Biosfera de la UNESCO.
En el recurso se indica además que el Tribunal Supremo había restablecido “cautelarmente el nivel de protección que tenía en el PORN de 1994 como espacio protegido no urbanizable con nivel C1”, es decir, áreas naturales de interés general. Según los ecologistas, se “supedita el interés público de proteger El Algarrobico” a favor de los intereses privados de la promotora, Azata del Sol, y se hace en contra de lo acordado por el Tribunal Supremo. Se crea así una inseguridad jurídica que impide saber “si los terrenos donde se concedió la licencia son urbanizables o no lo son”.
En ese sentido, recuerdan que en 2008 el propio TSJA paralizó las obras del Algarrobico “por estar en espacio protegido”, no urbanizable. Según Greenpeace, “la sentencia recurrida no cita en ningún momento a la sentencia de fecha 17 de marzo de 2008, ni por tanto rebate los argumentos totalmente contrarios a los de la sentencia que se recurre”.
En cuanto a la legislación nacional, el recurso destaca que la ley de patrimonio natural “sólo permite que en la Red Natura 2000 se desarrollen proyectos por razones imperiosas de interés público de primer orden” y que los terrenos del S-T1 y S-T2 del Algarrobico “solo benefician a sus propietarios, causando un perjuicio de incalculables consecuencias a estos terrenos incluidos en la Red Natura 2000”. Indican además que la ley del suelo “exige que para desproteger los terrenos de espacios naturales protegidos se requiere que hayan sido degradados por causas exclusivamente naturales, científicamente demostradas, pero no por la mano del hombre, como ha sucedió en El Algarrobico”.
Asimismo, el grupo ecologista denuncia la “doble indefensión” que han supuesto irregularidades como el cambio de juez o que se les haya notificado el cambio de sección, fecha de votación y fallo “cuando ya había tenido lugar, haciendo irreversible el cambio de sección y el sentido de la sentencia”. Insisten también en que se ha retrasado de manera injustificada la resolución en el propio TSJA sobre la licencias de obras del hotel, procedimiento que consideran “fundamental pues va a determinar con carácter firme si la licencias de obra es legal o no”.
Por otro lado, Greenpeace recuerda en su nota de prensa que ha tenido que pagar 1.290 euros “debido a la nueva Ley de Tasas judiciales aprobada por el Ministro Gallardón, lo que supone un nuevo escollo por la lucha ecologista en El Algarrobico y encarece notablemente un proceso cuyo final todavía es incierto y que dura 25 años de ilegalidades”.
La responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha declarado que “el hotel ya es ilegal”. “Esta sentencia ratifica que si los políticos de la Junta de Andalucía y del Gobierno siguen esperando a que la justicia desenmarañe el lío creado por la posición ambigua de la Junta, nunca veremos el final de este gigante edificio ilegal de 14 plantas y 411 habitaciones” y ha invitado al nuevo ministro de Medio Ambiente a que proceda a su demolición.