Las cifras señalan que alrededor de un millón de personas y miles de vehículos transitan cada año el Parque Nacional de Doñana y su entorno durante la romería de El Rocío (Huelva). Un discurrir ajeno al paraje natural que deja alteración ecológica, desde el impacto acústico a toneladas de basura. El Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla) pretende poner coto a los gastos que ocasiona este peregrinar por su término municipal y solicita un peaje de 3.000 euros a cada hermandad (a modo de fianza, para prevenir que no se arrojen desperdicios en el camino) y 25 euros por cada coche, todoterreno o carruaje. La Junta de Andalucía estudia si la medida es legal mientras Ecologistas en Acción defiende “el principio de que quien contamina, paga”.
Las 72 hermandades que pasan por Aznalcázar deberán tener autorización expedida por el Ayuntamiento. Para la alcaldesa, Dolores Escalona (PSOE), la decisión –publicada ya en el Boletín Oficial de la Provincia– tiene “carácter disuasorio”, pretende “preservar el patrimonio natural del municipio” y compensará “los gastos que provoca este acontecimiento”. Huellas ambientales ocasionadas por el “elevado número de peregrinos y vehículos a motor” que trasiegan los pinares de Aznalcázar y La Puebla del Río, declarados Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Se trata, señala la regidora, de regular el paso “por unos montes que son de uso público” que casa con disposiciones análogas de otros municipios “colindantes” como Hinojos (Huelva), que propone “una fianza de 9.000 euros de los que se descuentan cantidades por el uso y disfrute del entorno natural”. O en la propia aldea rociera, donde se paga por utilizar “parcelas de suelo” y por aparcamiento de “coches o remolques”.
“No tiene nombre lo que allí se hace”
La Junta, sin embargo, estudia si la ordenanza “puede rayar la ilegalidad”, según el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera. “La zona de los pinares donde acampan y por donde transitan las hermandades no es algo que administre ningún Ayuntamiento sino la Junta de Andalucía”, explica sobre el “problema de competencias” que establece la “impopular” medida. En declaraciones realizadas en Huelva, De Llera entiende que las hermandades “llevan pasando por ahí, transitando y acampando toda la vida y nadie les ha cobrado nada hasta ahora”.
El director de la Estación Biológica de Doñana, Juan José Negro, señala en conversación con eldiario.es/andalucia que el parque nacional vive una “situación insostenible” por el paso de hermandades “durante todo el año”. Aboga por extender el peaje a este territorio de máxima protección “en el que muchas actividades que están prohibidas por ley se incumplen sistemáticamente”. “Si esto pasa por pedir este tipo de medidas a la Junta de Andalucía, las vamos a pedir”, señala al respecto.
El continuo goteo deja “contaminación lumínica, acústica y residuos, queda todo completamente sucio de desperdicios humanos”. Aunque se realizan labores posteriores de limpieza, quedan restos que incluso “luego los animales silvestres esparcen y esto hace imposible retirar todo, al tiempo que entraña una cada vez más peligrosa situación para el parque”. Pide “tolerancia cero con los residuos foráneos, que los hermanos sean conscientes de que tienen que llevarse lo que traen”.
Ecologistas en Acción, por su parte, felicita la decisión de Aznalcázar porque recae, señalan, sobre un “espacio protegido muy vulnerable”. “No tiene nombre lo que allí se hace, la alteración a todo el equilibrio ecológico de la zona va desde la contaminación acústica, el ruido, a la basura y las propias deposiciones”, indica la responsable del área de Residuos de la organización, Leticia Baselga. Parten así, “aunque sea a golpe de tasa”, del principio “de quien contamina, paga”.
“Cada año se tira más basura –continúa Baselga–, la gente no se conciencia e incluso se hacen agujeros, se entierran y se tira tierra encima”. Ecologistas en Acción denunció tras la romería del año 2009 “la existencia de un vertedero ilegal con basuras y residuos” en el propio término de Aznalcázar, en la finca pública Dehesa Tornero. Los hechos fueron denunciados y el comunicado apuntaba cómo “el camión de basuras generadas por las hermandades del Rocío” descargó “varias toneladas de basura en una zona de pinar” para luego enterrarlas “con arena de la zona”.
El Plan Romero movilizó a 6.000 efectivos en 2013
“Si usan esos parajes para temas tradicionales que sea con el más exquisito respeto por la naturaleza”, puntualiza la representante ecologista. Muchas hermandades, sin embargo, han expresado su rechazo a un peaje que entrará en vigor a mediados de abril y recoge la devolución de la fianza caso de no alterar la zona con daños o residuos. Así, el presidente de la hermandad matriz de Almonte (Huelva), Juan Ignacio Reales, califica la normativa –que no afecta a su agrupación– de “despropósito, desvergüenza e ilegalidad”.
En torno a la celebración religiosa se establece un dispositivo especial de prevención y seguridad denominado Plan Romero. El pasado ejercicio movilizó a unos 6.000 efectivos entre servicios sanitarios, bomberos, voluntarios medioambientales y de Protección Civil, técnicos de emergencias del 112 y unidades de la Policía Nacional, Guardia Civil, de la jefatura provincial de Tráfico y de Policía Local. Coordinan además la planificación de itinerarios, los diferentes espacios de acampada y el control veterinario.
Como ratificaba en sede parlamentaria antes de la pasada romería el propio consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, el Plan Romero es “un dispositivo de seguridad para cada uno de los tres caminos, de Sevilla, Huelva y Cádiz” que transitan 112 hermandades. “Es un reto colectivo, por más que establezcamos un dispositivo, que ciertamente es muy potente, necesita la implicación también de los romeros” que deben seguir, continuó, “las instrucciones propias del plan porque redundará en beneficio de su propia seguridad y del espacio natural es que tiene lugar este acontecimiento”.