IU de Níjar presenta a la Fiscalía una denuncia por vertido de aguas fecales

Según informa IU en un comunicado, la denuncia, a la que en breve se sumará Ecologistas en Acción, especifica que en la Rambla de Artal, entre las barriadas de Los Nietos y Atochares, “se forma de manera intermitente un cauce de aguas de origen fecal que produce en muchos momentos del año un incremento de olores en la zona, que pueden ocasionar graves perjuicios para la propia salud de los residentes y la conservación del cauce natural de la ramblal”.

“Esto es una muestra de la desidia, negligencia e inactividad administrativa que han provocado que se estén produciendo vertidos sin la conveniente depuración de aguas residuales en la zona de un cauce ecológico porque la EDAR de El Viso o Depuradora Lagunas de Genival, ha quedado totalmente colapsada y tiene un deficiente e inexistente mantenimiento tanto en sus instalaciones auxiliares como en la propia instalación que presenta un colmatado de fangos que le impide realizar su función de diseño ya de por sí insuficiente, por lo que es necesario una nueva ampliación para garantizar un adecuado tratamiento secundario y terciario de las aguas residuales”, explica Pineda.

Sostiene que se trata de una planta hecha en 1995 con 146.000.000 de pesetas, de tipo lagunaje, para unos 10.000 habitantes y que “hoy resiste la cifra de 20.000 habitantes, ya que San Isidro, Campohermoso, Níjar, El Viso, Atochares, Puebloblanco y Barranquete vierten a esta planta”.

Así, estima que la “deficiente” situación de la depuradora hace que todos los días se vierta sin depurar, a través del bypaseado de la estación misma y por falta de mantenimiento, “más de la mitad como mínimo del volumen vertido a la salida de la EDAR hacia Barranquete”. “No se cumplen los mínimos límites establecidos por la legislación en materia de vertidos a cauces públicos y genera un auténtico foco infeccioso alrededor de una flora y fauna artificial creada a la sombra de estos peligrosos vertidos para la salud de las personas y del ecosistema, a pocos kilómetros de zonas protegidas y emblemáticas como el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar”, ha explicado.

Pero es que, prosigue el dirigente de IU, además “se están perdiendo unos 30 l/s de agua, 24 horas al día, 365 días al año, de un agua que en parte proviene de la desaladora de Carboneras, que cuesta mucho en dinero y en recursos energéticos --el precio para agricultores está en 0,54 €/l de agua Carboneras más el fijo por la red--, y tiene baja conductividad, lo que la haría totalmente aprovechable para las cerca de 1.000 Ha de esa zona (zona calificada agrícola) de la que viven 260 familias, siempre que se dispusiera del necesario tratamiento terciario”, recalca el portavoz nijareño de IULV-CA.

Estos hechos de vertidos de aguas fecales, a su juicio, “son responsabilidad directa de las administraciones competentes, en este caso el Ayuntamiento de Níjar, competente en tratamiento primario y secundario de aguas residuales conforme a la Ley de Bases de Régimen Local, Ley de Autonomía en Andalucía y Ley de Aguas en Andalucía, y, subsidiariamente, de la Junta de Andalucía”.

Desde IU se apunta que es necesario llevar a cabo el proyecto de nueva estación depuradora, “que tiene aparcado la Junta, con una inversión de 20 millones de euros, a lo que los regantes añadirían la amortización de otros cinco o seis millones para un tratamiento terciario que les permitiera recuperar el 100% de esa agua”.

Además, Pineda recuerda que los nijareños están pagando una tasa municipal por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales “cuando realmente este servicio se da de manera ineficiente, cuando no inexistente, lo que constituye un fraude a los usuarios que pagan estas tasas en función de la cantidad de agua que consumen y no en función de los resultados del servicio que pagan”.

Para IU, aunque estos hechos no son producidos directamente por las administraciones competentes, “su inactividad administrativa está produciendo de forma indirecta que se produzcan estos vertidos de aguas fecales en la zona por la mala gestión de aguas residuales”. “Consideramos que estos hechos pueden ser constitutivos del tipo penal de delitos contra la ordenación de los recursos naturales y el medio ambiente. Se están produciendo unos hechos que pueden alterar el equilibrio natural en la zona. Sin obviar, que puede suponer un peligro para la propia salud de las personas”, advierte Pineda.

Asimismo, a su entender, estos hechos suponen una vulneración del marco directiva 92/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales y el RD de 11/1995 sobre tratamiento de aguas residuales y la ley andaluza de Aguas, “que uno de sus principales objetivos es la gestión integral del ciclo de agua en los municipios y la conservación del cauce ecológico de las zonas de dominio público hidráulico”.

“Estos hechos son contrarios a los objetivos medioambientales establecidos en la ley 9/2010 de Aguas de Andalucía de reducir progresivamente la contaminación procedente de vertidos o usos que perjudiquen la calidad las aguas en la fase superficial, conseguir el uso racional y respetuoso con el medio ambiente y asegurar el ciclo integral del agua”, ha zanjado Pineda.