La Ley de Farmacia de Andalucía, vigente desde 2008, se modificará para garantizar la dotación de oficinas en todos los municipios, incluidos los de menos de 1.000 habitantes. Mediante un decreto ley aprobado este martes se ha cambiado la mencionada ley para volver a convocar un concurso público y adjudicar seis oficinas que quedaron vacantes de la última licitación, en la que se otorgaron 131 licencias en todo el territorio. Estas vacantes son de municipios de poca población: Cáñar, Pórtugos, Agrón y Turón (Granada), Alicún (Almería) y La Nava (Huelva). Para que no se queden sin este servicio se ha aprobado una nueva convocatoria.
La reapertura del concurso público corresponde a la última fase de un proceso iniciado con la nueva ley para adjudicar farmacias, que se convocó en 2013 y se dirigió en exclusiva a aquellos profesionales que nunca habían sido titulares. Se ofertaron las oficinas del mundo rural que resultaron libres en las anteriores al conseguir sus dueños otras nuevas. Como han quedado seis sin cobertura, por eso se volverá a convocar esta tercera fase.
De las otras dos fases, la primera fue para titulares con más de 10 años de permanencia en municipios o núcleos pequeños o aislados con menos de 1.000 habitantes. Se reservó el 20% del total de farmacias y tuvo como finalidad premiar la dedicación de estos farmacéuticos al ofrecerles la posibilidad de cambiar de establecimiento. La segunda estuvo abierta a todos los farmacéuticos que deseasen ser titulares de oficinas y a aquellos que, ya siéndolo, quisieran cambiar de ubicación. Sumando las tres fases, el concurso público ha permitido la apertura de 313 oficinas de farmacia en la comunidad autónoma desde 2010.
Paralelamente, con el nuevo decreto ley se elimina la caducidad del derecho a la titularidad por motivos de edad cuando el farmacéutico tiene más de 65 años. Con ello se pretende garantizar que alguien se haga cargo de las siempre menos atractivas farmacias del mundo rural por cuanto que tienen un volumen de negocio menor. Para las farmacias de municipios de menos de 1.000 habitantes también se rebaja la superficie útil mínima de las oficinas de nueva apertura o traslado, que será de 60 metros cuadrados y 30 para la planta de acceso a la vía pública, frente a los 85 y 35, respectivamente, que se establece para el resto.