La Junta de Andalucía va a proceder a la inscripción registral de varias fincas del paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) sobre las que ejerció derecho de retracto en 2006 por 2,3 millones de euros, lo que supone que se “formaliza” la titularidad pública del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol.
Así lo ha anunciado en Cádiz el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, quien ha trasladado que se trata de “la acción definitiva” para poner “ya a disposición de la administración para su demolición esa monstruosidad que nunca debió construirse”.
En una comparecencia junto al presidente de la Diputación gaditana, José Loaiza, para presentar la prueba 'Tarifa Pro Kite Tour 2014', Jiménez Barrios ha revelado que la Junta ya depositó en la Caja Provincial de Depósitos de Almería el montante de 2,3 millones de euros por el que la Junta se hace con la propiedad del suelo en aras de su interés medioambiental y ha concretado que, “en el menor tiempo posible”, se hará efectiva esa inscripción en el registro, tal y como dispuso en sentencia firme desde el pasado mes de enero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El consejero ha enmarcado esta decisión en el contexto generado por las últimas resoluciones judiciales en torno al establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones y al “extraño procedimiento entre uno y otro juzgado” que ha concluido con la reciente sentencia del TSJA que declara conforme a derecho a licencia municipal de obras concedida en 2003 para su construcción.
Cabe recordar que la Junta adquirió el suelo sobre el que se levanta el por 2,3 millones de euros a la promotora en septiembre de 2006 con el objetivo, según indicó el entonces presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, de restaurar la zona para devolverla al estado anterior a su construcción y de hacer “desaparecer” el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
La iniciativa avanzada este martes por Jiménez Barrios supone “formalizar” ese derecho, que ya estaba ejercido sobre los sectores ST-1 y ST-2 del paraje con el depósito en la Caja Provincial de Depósitos de Almería de la cuantía económica, con la inscripción registral como “dominio público” de la Junta.
DEBE HACERLO EL DELEGADO PROVINCIAL
En concreto, y tal y como ha determinado el TSJA en tres sentencias, de las que dos han sido recurridas ante el Tribunal Supremo (TS) por la promotora Azata, debe ser el delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería el que, en nombre de la Junta, “formalice las escrituras de compraventa o, en su defecto, las actas de pago y ocupación”, así como la demás documentación necesaria para la “total inscripción” de las cinco fincas que componer los sectores urbanísticos señalados de El Algarrobico en “los registros pertinentes”.
“Estamos ante un momento muy importante en el devenir de El Algarrobico y esperemos que sea la acción definitiva poniendo a disposición de la administración esa monstruosidad para su derribo”, ha asegurado el consejero, quien ha subrayado que, al tiempo, “corrobora la afirmación por activa y por pasiva de la presidenta, Susana Díaz, de que iba a hacer todo lo posible y lo imposible por demoler un hotel que nunca se debió construir”.
Al hilo de esto, y tras remarcar que se trata de una “decisión firme y trascendente”, ha asegurado que la intención del Gobierno andaluz es que “en el menor tiempo posible se pueda trasladar esa inscripción registral” y la de persistir “en el resto de acciones judiciales”.
SEGURIDAD JURÍDICA
Cabe recordar que el colectivo ecologista 'Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar' interpuso en mayo un incidente de ejecución ante TSJA en el que pedía que se instase desde la sala de lo contencioso-administrativo a la Junta a hacerse con la propiedad del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol.
El escrito solicitaba que se obligase la administración a hacer efectivo el retracto de las fincas conforme a lo dispuesto por el 104.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y para cumplir la sentencia devenida en firme por la que el Alto Tribunal validaba dicho derecho.
El colectivo conservacionista pedía, asimismo, sin perjuicio de lo anterior, que el TSJA instase a ejecutar el protocolo general de colaboración entre la Junta y el Gobierno central para la recuperación de la playa del Algarrobico publicado en el BOE de 6 de diciembre de 2011.
Por su parte, en el marco de este procedimiento, la Junta andaluza contestó que se oponía a hacer efectiva la compra por, entre otros argumentos, quedar “pendiente la firmeza de otras dos sentencias” del propio TSJA referentes al retracto ya que, aunque se pronunciaron en el mismo sentido al confirmar que la adquisición de las fincas fue conforme a derecho, ambas fueron recurridas en casación por Azata y Azata del Sol ante Supremo.
Sostuvo, asimismo, que estas dos sentencias no se podrían ejecutar “ni aún provisionalmente” porque se debe tener en cuenta “la inseguridad jurídica” que crearía “la alteración de la inscripción o la cancelación de asientos en los registros públicos” para modificar la titularidad de suelo “cuando quedan pendientes las decisiones del TS”.
“NOTORIO INTERÉS MEDIOAMBIENTAL”
Cabe recordar que el TSJA declaró el 13 de enero la firmeza de una de las tres sentencias que dan a la Junta la propiedad del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata por un importe de 2,3 millones de euros mientras que las otras dos en el mismo sentido se encuentra en trámite de recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).
La sentencia de la Sección Primera del Alto Tribunal que ya es firme, dictada en octubre de 2013, considera conforme a derecho el retracto ejercido por la Junta sobre cinco fincas propiedad de Azata y establece que el suelo es, por tanto, de titularidad pública.
Apunta, con respecto a la posibilidad o imposibilidad de restaurar los terrenos a su estado primitivo, que el destino que haya de darse a los terrenos objetos de litigio “es una cuestión que se suscitará con posterioridad y a resultas del derecho de retracto”.
El TSJA subrayó en su sentencia que el interés medioambiental del paraje “resulta notorio” por estar bajo hasta seis figuras conservacionistas europeas y aludió a la sentencia que dictó la misma sala en junio de 2012, en la que se revocaba el PORN que entró en vigor en 2008 al entender que había rebajado el nivel de protección con respecto a 1994 y que este podía “hacer factible la realización de nuevas edificaciones o rehabilitación de las ya existentes”.