Cuando se aprobó la Ley de Titularidad Compartida en el Congreso en 2011 se dijo con entusiasmo que con ella las mujeres del campo rompían oficialmente su techo de cristal y que por fin aparecerían en los papeles permitiéndoles ser copartícipes no solo del trabajo sino de la gestión de la tierra de cara a las administraciones.
De hecho, se estimaba, según las valoraciones que hacían las organizaciones agrarias, que se podrían beneficiar de la ley en España unas 100.000 mujeres. Ahora desde el Ministerio de Agricultura afirman que eran 30.000 las estimaciones de beneficiarias.
En cualquier caso, diez años después de su entrada en vigor, el 5 de enero de 2012, sigue sin cuajar o dar los frutos que se buscaban con esta reivindicación histórica. De “éxito bastante discreto” lo ha calificado Isabel Bombal, actual directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Con datos de marzo de 2022, no llegan ni al millar las explotaciones inscritas en el registro de titularidad compartida. En concreto 953 en toda España, con diferente incidencia según las regiones. Así, mientras en Castilla León hay 404 explotaciones en el registro, en otras comunidades, como Madrid o Baleares, no hay ninguna.
Se podría alegar que son comunidades autónomas con menos territorio, o que el peso de la agricultura es menor respecto a otras, pero entonces saltan a la vista los datos de Andalucía, que aporta el 36% de la renta nacional agraria, y tiene 29 explotaciones inscritas. En algunas de sus provincias, como Córdoba, ninguna. Unacifra que sigue sin reflejar la realidad del trabajo de las mujeres en las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares.
Para Remedios Peña, responsable de la Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural CERES en Jaén, esta ley es “la gran olvidada”. “Se hizo, se metió en un cajón y no se rectificó ningún error”. Ella, algodonera ahora jubilada, fue una pionera y aún se emociona al mencionar a su abuela, su madre, y a todas las mujeres que trabajaron en el campo y sacaron adelante a sus familias. Esas mujeres que llegaban cansadas del campo y tenían que seguir trabajando en la casa. Precisamente esta Ley pretendía darles visibilidad.
Las organizaciones de agricultoras y ganaderas apuntan a varias razones por las que esta reivindicación histórica no ha conseguido los objetivos buscados cuando se aprobó. Desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) aseguran que en muchos lugares se produce por una falta de apuesta por la ley por parte de las administraciones autonómicas, barreras administrativas, falta de incentivos, falta de información, lo que se une a la baja rentabilidad de las explotaciones.
María Inés Casado, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de Jaén (ADEMUR), explica que la situación es complicada para pequeñas explotaciones porque tienen que pagar dos “sellos” de la Seguridad Social, y ante el dilema de pagar uno de ellos, siempre recae en el tradicional “cabeza de familia”. Además, es una ley, asegura, que no se acaba de entender. Las mujeres cobran porque las contratan para ir al campo en la recolección de la aceituna, pero no se plantean ser cotitulares de las explotaciones. “Quizás más en las mujeres jóvenes”, pero hay que tener en cuenta el envejecimiento del sector.
Las once explotaciones que hay inscritas en Almería “han costado la misma vida”, explica Inmaculada Idáñez, responsable estatal del Área de la Mujer de COAG y presidenta de la Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES), agricultora de Almería, especializada en el cultivo de tomate raf. “Mucha burocracia y falta de formación; las que lo han hecho ha sido a fuerza de golpes y tener mucha fe, han sido las primeras abriendo camino”. Además hay que tener en cuenta la baja rentabilidad de las explotaciones y que los precios “son regulares”.
Uno de los principales escollos durante años para que esta ley sea una realidad en Andalucía ha sido la existencia del registro donde deben inscribirse estas explotaciones. Hasta el 9 de octubre de 2018, seis años después de entrar en vigor la Ley, no aprobó el Gobierno andaluz el decreto que creaba y regulaba el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales (REAFA). Hasta entonces era como una pescadilla que se muerde la cola. El registro se encontraba en una especie de “limbo”, de forma que esperaban que el registro se activase con la inscripción de mujeres pero esta no se producía porque el registro no estaba activado.
Por otro lado, en los últimos años se ha incrementado la formación sobre la Titularidad Compartida, con jornadas, manuales, e incluso desde marzo de 2018, el Ministerio de Agricultura publica un boletín trimestral con datos y noticias al respecto.
En 2021 se aprobó una línea de subvenciones para las explotaciones inscritas en el registro, de hasta un máximo de 1.500 euros, para ayudar a pagar la Seguridad Social. Una reivindicación de las organizaciones agrarias desde que se aprobó la Ley. En esta convocatoria han podido acogerse 780 de las 904 explotaciones que había registradas. Para 2022 se espera ampliar el presupuesto, para que puedan acogerse más.
No obstante, cuando se habla de la Titularidad Compartida no hay que confundirla con propiedad. Lo que se busca es que agricultoras y ganaderas, que trabajan en las explotaciones familiares, no sean consideradas como ayuda. Sino que tengan el reconocimiento jurídico, social y económico que merecen. Hacer visible un papel que siempre desempeñaron en el mundo rural pero que ha sido invisible y que al final de su vida, o si decidían separarse de su pareja, no les reportaba ningún beneficio. Mujeres que después de una vida trabajando mano a mano en el campo, no tenían derecho a ningún tipo de pensión.
En España hay más de cinco millones de mujeres viviendo en el mundo rural, donde según un estudio realizado recientemente por el Ministerio, continúan los estereotipos, las mujeres sufren una mayor precariedad laboral, es mayor la brecha social, salarial, y las dificultades para conciliar son mayores.
En Andalucía, a fecha de febrero de 2022, había un total de 36.808 personas inscritas en el SETA, Régimen Especial del Autónomo Agrario. De ellas solo un 32 %, 11.866, son mujeres. En España del total de personas titulares de explotaciones agrarias, el 69,53 % son hombres y el 30,47 % son mujeres. En cambio, del total de cónyuges de titulares de explotaciones, el 30,59 % son hombres frente al 69,41 % que son mujeres.
La titularidad compartida es una opción voluntaria que tienen esos matrimonios, parejas de hecho o personas con una relación análoga, de gestionar de manera conjunta la explotación agraria. Las personas cotitulares comparten no solo el trabajo en la explotación, sino también la gestión, los derechos, las cuotas y las subvenciones. Pero se preguntan algunas de las mujeres más mayores, “¿cómo se puede poner en marcha la Ley si para tener acceso a los derechos de la PAC te tiene que firmar tu marido, que es el dueño; si hay que aumentar los costes, pagando un sello más a la Seguridad Social, y sin necesidad de ello, según algunos hombres?”.
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