Unos 300 mariscadores que se dedican, casi esencialmente, a la captura de coquinas en la costa de Huelva, están viendo como el verano va pasando sin que en su casa entre un euro debido a la presencia en el litoral de una toxina llamada DSP que hace que el consumo de coquinas sea perjudicial para el ser humano. Sus responsables hasta le han puesto una cifra: 400.000 euros, que se han perdido en julio y lo que llevamos de agosto por este motivo.
Juan Grao, presidente de la asociación de mariscadores de Canela, en Ayamonte, ha explicado a eldiario.es/andalucia que la situación ya es insostenible, “porque cada pescador ha perdido 50 euros diarios desde que comenzaron los problemas, y somos 300 en toda la costa de Huelva”. Además, se quejan de dos cuestiones distintas que les están dejando en tierra sistemáticamente.
Por un lado, aseguran que los estudios de la Junta de Andalucía sobre la toxina en las coquinas no son reales y, por otro, ponen el acento en el daño que les hacen los turistas cogiendo coquinas en la orilla del mar para su consumo diario. Se trata de un gesto inocente, pero que cada año esquilma un poco más el litoral del golfo de Cádiz, y que se intenta paliar con campañas que no terminan de dar el resultado que todas las partes quieren.
“No nos dejan volver a faenar”
Sobre lo primero, los mariscadores defienden que los últimos análisis realizados por laboratorios independientes han certificado que las coquinas se encuentran en buen estado, con lo que han pedido que se levante la prohibición de capturarlas en toda la costa. Juan Grao explica que esta semana han recibido los resultados del estudio hecho por un laboratorio independiente en Sevilla, “y todo ha dado negativo, de modo que no entendemos por qué no nos dejan volver a faenar”.
La Junta, por su parte, mantiene cerrado todo el caladero del litoral onubense por la presencia de la mencionada DSP, que hace que consumir coquinas sea perjudicial para los humanos, mientras se llevan a cabo análisis periódicos en el laboratorio oficial que se encuentra en Cartaya. Es cierto que el consumo tiene que ser de una alta cantidad para ser perjudicial, pero la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural mantiene hace años el protocolo de cerrar el litoral por zonas ante la más mínima sospecha. Y este verano se encuentran cerradas todas las zonas. Incluso no se puede contar con el sur de Portugal como alternativa, cerrado también a las capturas.
Grao, por su parte, ha enfatizado que los estudios encargados por los mariscadores “son totalmente fiables” y ha pedido a la Junta que los tengan en cuenta “porque en todo el verano hemos trabajado diez días, y esta situación es ya insostenible”.
“Campañas inútiles”
Sobre el otro asunto que trae de cabeza al sector, enfatiza que“los turistas capturan coquinas todos los días a pie de playa, sin prestar atención a los problemas que eso nos supone”, además de criticar que “aunque la Junta ha puesto en marcha una campaña para avisar al turismo, en la zona de Doñana o Matalascañas sí se han visto algunos carteles, pero por la costa occidental muy pocos”.
Se trata de una campaña puesta en marcha por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a pie de playa en Huelva y Cádiz dirigida a preservar los recursos marisqueros del litoral andaluz y especialmente para evitar la extracción ilegal de la coquina por parte de los veraneantes y aficionados. Esta actividad, iniciada a mediados del pasado julio, tiene el lema este año de 'Si te llevas coquinas, te llevas multa', y se desarrollará hasta final de agosto.
Actualmente, ha recordado Juan Grao, está cerrado al marisqueo todo el litoral onubense, así como el sur de Portugal, de modo que “no hay forma humana para el sector de poder trabajar y llevar un sustento a casa”.
Más de 200 denuncias
La Junta de Andalucía, por su parte, defiende la utilidad de la campaña puesta en marcha de nuevo este verano y da un dato: en todo el litoral se han levantado 230 actas de capturas furtivas de marisco. Algunas son de pescadores que carecen de documentación, pero otras corresponden a turistas que se han visto sorprendidos por los agentes pescando ilegalmente.
Se trata de denuncias, cuyo expediente habrá que tramitar ahora, aunque en ese caso la cifra se eleva a 481 desde el pasado 1 de enero hasta el 31 de julio. La cifra se corresponde a denuncias que ya han pasado todo el tramite y que han supuesto multas para los infractores.
Y el asunto no es baladí. Las sanciones por el incumplimiento de estas prohibiciones pueden oscilar entre los 301 y los 60.000 euros para las personas que capturen moluscos bivalvos sin autorización (sanciones graves) y entre los 60.001 y 300.000 euros para quienes desarrollen esta actividad en un caladero cerrado por presencia de toxinas (sanción muy grave).
Desde la Administración autonómica se hace hincapié en el riesgo que el consumo de estas capturas podría suponer para la salud pública y se advierte que velará por el cumplimiento de la normativa aplicando la máxima sanción a aquellas personas que capturen moluscos bivalvos en una zona cerrada por presencia de biotoxinas.