En 2011, como es preceptivo, tres empresas se presentaron a un proceso negociado con publicidad para llevar a cabo las obras de la piscina municipal de La Palma del Condado (Huelva). Hasta ahí, todo normal. Lo que ya no lo es tanto es que el objeto social (que delimita el tipo de actividad de la compañía) de dos de esas sociedades no incluía la realización de ese tipo de trabajos, lo que garantizó la adjudicación para la tercera de ellas. Menos normal aún, es que el administrador de la ganadora fuera el mismo que el de una de las perdedoras. Y todavía menos, que la ganadora fuera accionista de la otra perdedora. Con todo ello, sin embargo, lo que realmente llama la atención no son esas curiosas y ¿sospechosas? coincidencias, sino el nombre de la adjudicataria: Fitonovo, la compañía protagonista de las investigaciones judiciales de las operaciones Madeja Enredadera.
El Ayuntamiento de La Palma del Condado ya apareció mencionado en el marco de ambas investigaciones judiciales por el cobro de supuestos sobornos a cambio de adjudicar contratos públicos, entre otras cosas, porque José Antonio González Baro, que era administrador único de Fitonovo, una de las empresas que se habría beneficiado de esta trama, citó a este consistorio en su declaración ante la jueza Mercedes Alaya la pasada primavera.
Sin embargo, el equipo de gobierno, presidido ahora por Manuel García Félix, que a su vez es secretario de Política Municipal del PP-A, ha negado cualquier vinculación del Ayuntamiento de La Palma del Condado con esta trama. Y tampoco se produjeron registros cuando hace unas semanas la Guardia Civil puso en marcha la operación Enredadera, con numerosas detenciones e incautación de documentación en varias provincias.
Lo que sí ocurrió es que el motivo por el que José Antonio González Baro habló del pago de comisiones en La Palma del Condado -sin revelar quién era el supuesto receptor de las mismas- fue la realización de las obras de la piscina municipal, adjudicadas en 2011 en un proceso en el que, como se ha avanzado arriba, se dan unas circunstancias muy concretas.
Los hechos
Uno. En 2011, siendo alcalde de la Palma del Condado el hoy diputado nacional del PP Juan Carlos Lagares, se adjudicó la segunda fase de la adecuación y ampliación de su complejo deportivo, relativas a la piscina municipal. Dotadas con un presupuesto de más de 500.000 euros, resulto adjudicataria Fitonovo, tras un proceso negociado con publicidad en el que sólo concurrió esta oferta y otras dos de empresas vinculadas a la misma.
Dos. Las tres empresas se presentaron el mismo día, justo aquel en el que vencía el plazo de presentación de ofertas: 16 de agosto de 2011. Como consecuencia de ello, sus ofertas fueron inscritas en el registro municipal con números consecutivos: 4.937, 4.938 y 4.939.
Tres. Como quiera que en el objeto social de las otras dos empresas no figura este tipo de trabajos, ambas se vieron obligadas a retirar su puja. De este modo, la adjudicación a Fitonovo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Huelva el 14 de octubre de 2011.
Cuatro. Junto a Fitonovo, con José Antonio González Baro como administrador hasta su entrada en concurso de acreedores, se presentaron Grantalis y Fiverde. La primera, con sede en La Rinconada (Sevilla) tenía también a José Antonio González Baro como administrador único.
Cinco. Grantalis se retiró de la puja el 22 de agosto de 2011, alegando que no cumplía con el requisito de clasificación. En su objeto social figura: estabilización y protección de taludes y cultivo, explotación y compraventa de todo género de plantas, semillas y productos hortícolas.
Seis. Ese mismo día figura también, y por idénticos motivos, la retirada de Fiverde, que con sede social en Salteras (Sevilla) está siendo investigada dentro de la operación. Con Fitonovo entre sus accionistas, alegó tambien para retirarse que su objeto social estaba, igualmente, alejado de la convocatoria: compra, venta y alquiler de fincas rústicas y urbanas, y comercialización y distribución de productos fitosanitarios y agroalimentarios.
Se da la circunstancia de que Fitonovo había ejecutado la primera fase de este complejo deportivo (dotada con 1,3 millones de euros y publicada en el BOP de Huelva del 9 de diembre de 2010) junto a Aldilop, con la que conformaba una UTE y donde, según confirman desde el Ayuntamiento de La Palma del Condado, fue “la única oferta que se presentó en un procedimiento abierto”.
Curiosamente, pese a haber participado en la primera fase, sólo recibió 12 de los 30 puntos posibles en “conocimiento del proyecto”. Esa misma UTE es la que se adjudicaba por esas fechas (figura en el BOP de Jaén del 26 de octubre de 2010) unas infraestructuras deportivas para el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), que se ha visto salpicado en la Operación Enredadera, con la detención del concejal Cristóbal Pérez quien tras ello ha presentado su dimisión y baja en el PP.
En cualquier caso, desde el gobierno local insisten en negar cualquier tipo de vinculación con esta red, pese a que la aparición del municipio en informaciones de prensa, tras las declaraciones del principal imputado, propiciaron que desde la oposición se pidieran explicaciones al PP. “Todo está suficientemente aclarado”, responden desde el Ayuntamiento de La Palma del Condado.