Hay una planta que tiene la hoja de la marihuana, el olor de la marihuana y que parece marihuana, pero no es marihuana. Es cáñamo, tiene una cantidad mínima de THC (el componente psicoactivo, menos del 0,2%) y sus usos industriales son tan diversos que la plantación está subvencionada por la Unión Europea. Y ahora, el problema: si la planta legal y subvencionada (el cáñamo) y la planta cuya venta es ilegal (la marihuana) apenas son diferentes al ojo y el olfato humano, y ni siquiera el primer test es capaz de discriminar: ¿qué ocurre cuando la Guardia Civil o la Policía encuentran una bolsa de cáñamo en un maletero?
Aunque transportar cáñamo sea tan legal como llevar geranios, los cultivadores, distribuidores y vendedores se quejan de que cultivar, poseer o trasladarlo puede suponer el decomiso de la mercancía, su retención durante meses, la clausura cautelar de un local o, en algunos casos, el envío a prisión preventiva, hasta que los análisis realizados por el Ministerio de Sanidad determinen de qué planta se trata. “La apariencia, el olor, todo es igual que la planta ilegal. Es un problemón”, explica el teniente Pablo Cobo, al mando de la unidad antidroga de la Guardia Civil en Algeciras.
Papel, cuerdas, fibras, aceites, tintes, combustibles, dicen que las velas de las primeras carabelas que llegaron a América y los primeros pantalones Levi Strauss se fabricaron con cáñamo. Pero la sustitución por otros productos industriales y la asociación a partir de los años 30 con su primo tóxico, la marihuana, provocaron su declive. También en España. “Es un mercado que hay que ganar de nuevo”, dice Fernando Montero, presidente de la Asociación Española de Productores de Cáñamo.
Hay cultivos incipientes en Callosa de Segura (Alicante), zonas de Cataluña, Galicia, Alicante y La Alpujarra, desde donde contesta este agricultor, que cultiva para el consumo humano. La Alpujarra, una región en la falda sureste de Sierra Nevada, sufrió particularmente el éxodo rural de los años 60 y 70. El campo quedó abandonado, y Montero cree que recuperar cultivos como el cáñamo dinamizaría una economía rural muy precaria. “Pero nos ponen piedras en el camino…”, lamenta.
“Como sabemos que hay similitud, somos muy escrupulosos”, explica un agricultor
Él planta semilla certificada de cannabis sativa sativa, de la variedad Futura 75, con un 0,18% de THC. Hay una veintena de variedades autorizadas por un decreto de 1999 y subvencionadas para el uso industrial. Nada que ver, explica, con la sativa indica, la marihuana. “Si te fumas esto te agarras un dolor de cabeza tremendo. Yo vendo nuestros cogollos, seleccionados, secados y envasados uno a uno, a seis euros por 50 gramos…”. En Francia compra la semilla, que llega en un saco “con matrícula” acompañado de una factura. Después rellena un documento que presenta a la oficina agraria de zona y ante el cuartel de la Guardia Civil. “Como sabemos que hay similitud, somos muy escrupulosos”, explica. Tiene también autorización sanitaria para envasar la hoja y el cogollo. El problema surge con el transporte de la planta: “Metemos fotocopia de facturas, analítica de cada variedad, la trazabilidad. Y aun así lo incauta la Guardia Civil y dice que es marihuana…”.
Eso le ocurrió a Miguel Arrillaga, gerente de De Primera, una empresa con sede en Tarifa que cultiva y envasa cáñamo que luego distribuye a herbolarios, donde se vende para uso alimentario, medicinal o cosmético. Varios de sus envíos han sido interceptados y luego retenidos en un juzgado. El último en Granada, en enero. Un auto sobreseyó la causa el 14 de mayo: “Hice un escrito pidiendo que me lo devolvieran, aportando toda la documentación. Cada día que pasa son pérdidas, pero han tardado casi cuatro meses en hacer los análisis”.
Arrillaga teme que las trabas policiales acaben dando al traste con un cultivo en vías de recuperación y protesta porque observa un problema de “incultura”. Sin embargo, hay también una cuestión técnica en el origen de la confusión. El aparato con el que los agentes realizan el control preliminar detecta trazas de THC con independencia del porcentaje. Para ese aparato el cáñamo es marihuana. El falso positivo es desmentido por un contraanálisis, pero estos resultados se conocen mucho tiempo después.
“En la acción preventiva no se puede discriminar”, razona un mando de la Guardia Civil
El problema no tiene arreglo a corto plazo, según el teniente Cobo: “El agente va a tirar de los instrumentos que tiene. Y si el drogatest da positivo, pone en marcha el dispositivo. El problema es que en la acción preventiva no se puede discriminar”, razona. Un abogado conocedor del problema sugiere que si el afectado presenta la documentación (el certificado de las semillas, con el porcentaje de THC, y las facturas), los agentes deberían abordar el caso con “prudencia”: “Si uno abre un maletero y encuentra un kilo de una sustancia con códigos de barra y papeles en regla, dirigido a una empresa con sus certificados, hay que parar un segundo antes de detener a alguien”. Sin embargo, esa solución tampoco descarta que se retenga la sustancia, que seguiría siendo confundida con la droga.
El teniente Cobo descarta la alternativa de regular su producción al modo que se hace con algunas drogas de uso medicinal: “¿Cómo vamos a montar un sistema de control con algo que es tan libre que se envía por correo?”. Y de la misma forma, deshecha la opción de fiarlo todo a un sistema de certificados (“que cada lote lleve en origen una analítica de THC”, como pide Montero), porque alentaría el fraude de los narcotraficantes. El presidente de los productores sugiere que se aumente el porcentaje mínimo de THC para considerar que la sustancia es ilegal, porque con el actual (0,2%), una polinización accidental puede provocar que el grano supere el límite establecido.
Sin embargo, siempre existirá una barrera que separa lo legal de lo ilegal, y esa barrera seguirá siendo invisible al primer análisis. El mando de la Guardia Civil resume el problema con una frase que podría firmar un personaje de Kafka: “No hay nadie haciendo nada que no le competa, pero por hacer cada uno su función existe un problema”. Cuando reciba el informe emitido por el Ministerio de Sanidad que descarta la presencia de marihuana en lo intervenido en Granada, remitirá un informe a sus superiores comunicando la cuestión.
La solución, parece, está en la ley. “Nosotros somos los más interesados en que no haya nadie que dé gato por liebre. Es tan simple como ponernos una reglamentación”, pide Fernando Montero. Hasta que llegue ese momento, seguirá cruzando los dedos cada vez que esa planta que no es marihuana salga de su finca.
Dos casos recientes muestran la dificultad de trazar la línea que separa el cáñamo de la marihuana. Miguel Arrillaga (De Primera) suministra cáñamo, con su documentación reglada, a un herbolario de Calahorra (La Rioja) precintado desde hace dos semanas por orden de la Guardia Civil. Los agentes intervinieron “1.000 gramos de marihuana, de los que 968 gramos se encontraban envasados y listos para su venta”, según se informó en una nota. Primero comprobaron que varios clientes salían de la tienda con pequeñas bolsas. Los análisis realizados en un laboratorio del Área de Sanidad constataron, según un portavoz, que en esos envases había marihuana. La nota especifica que la supuesta marihuana estaba distribuida en bolsas “con el logotipo y etiqueta del establecimiento”
Begoña Muñiz, que abrió la tienda hace cuatro meses, niega que vendiera marihuana y anuncia acciones legales por el daño económico y moral que dice que le han producido: “Son mentiras y sandeces. Me están poniendo de traficante en el pueblo…”. Ella explica que preparaba envases sellados de un gramo porque sus clientes prefieren las pequeñas cantidades a las bolsas de 50 o 100 gramos que ofrece De Primera, y que así se lo explicó a los agentes. “¡Es que no hay cogollos! ¡Son cañamones y se comen! Lo que pasa es que les mataba recular…”. Dice que lo intervenido es “pura paja”, y que no es responsable de que “ellos no distingan una cosa de otra”. Indignada, insiste que en su tienda no hay nada “bajo manga”, y que si lo intervenido fuera marihuana estaría detenida. El 11 de junio declarará ante un juzgado “para demostrar que eso no es droga”. Arrillaga comprende que hay un riesgo de que un vendedor utilice bolsas con su etiqueta para rellenarlas de marihuana, pero lanza otra cuestión: “¿Tú crees que la gente va a vender marihuana al precio de hierbabuena? ¿Y con un logotipo?”.
El segundo caso es el de Juan Zurita, un agricultor muy conocido en Las Alpujarras por su defensa del cultivo del cáñamo. Dirige la cooperativa Alsativa, y está en prisión preventiva desde hace más de tres meses. Fue detenido en Málaga con una cantidad indeterminada de cáñamo, y él mismo, según la versión de su hermana, condujo a los agentes hasta su finca en Pórtugos (Granada). Allí se intervinieron 150 kilogramos. “Si mi hermano fuera narco no iba a salir en los periódicos proclamando el cáñamo, ni tendría la finca abierta para todo el mundo”, explica Mari Ángeles. Los análisis han tardado dos meses en llegar al juzgado que investiga el caso, y de ellos se desprende que 400 gramos de los 150 kilos intervenidos son de marihuana. La defensa ha pedido un contraanálisis. Juan Zurita ya pasó por los calabozos y fue denunciado por un delito contra la salud pública en 2007. El asunto se sobreseyó porque quedó demostrado que la planta que se le intervino entonces era cáñamo.