Esta planta no es marihuana

Hay una planta que tiene la hoja de la marihuana, el olor de la marihuana y que parece marihuana, pero no es marihuana. Es cáñamo, tiene una cantidad mínima de THC (el componente psicoactivo, menos del 0,2%) y sus usos industriales son tan diversos que la plantación está subvencionada por la Unión Europea. Y ahora, el problema: si la planta legal y subvencionada (el cáñamo) y la planta cuya venta es ilegal (la marihuana) apenas son diferentes al ojo y el olfato humano, y ni siquiera el primer test es capaz de discriminar: ¿qué ocurre cuando la Guardia Civil o la Policía encuentran una bolsa de cáñamo en un maletero?

Aunque transportar cáñamo sea tan legal como llevar geranios, los cultivadores, distribuidores y vendedores se quejan de que cultivar, poseer o trasladarlo puede suponer el decomiso de la mercancía, su retención durante meses, la clausura cautelar de un local o, en algunos casos, el envío a prisión preventiva, hasta que los análisis realizados por el Ministerio de Sanidad determinen de qué planta se trata. “La apariencia, el olor, todo es igual que la planta ilegal. Es un problemón”, explica el teniente Pablo Cobo, al mando de la unidad antidroga de la Guardia Civil en Algeciras.

Papel, cuerdas, fibras, aceites, tintes, combustibles, dicen que las velas de las primeras carabelas que llegaron a América y los primeros pantalones Levi Strauss se fabricaron con cáñamo. Pero la sustitución por otros productos industriales y la asociación a partir de los años 30 con su primo tóxico, la marihuana, provocaron su declive. También en España. “Es un mercado que hay que ganar de nuevo”, dice Fernando Montero, presidente de la Asociación Española de Productores de Cáñamo.

Hay cultivos incipientes en Callosa de Segura (Alicante), zonas de Cataluña, Galicia, Alicante y La Alpujarra, desde donde contesta este agricultor, que cultiva para el consumo humano. La Alpujarra, una región en la falda sureste de Sierra Nevada, sufrió particularmente el éxodo rural de los años 60 y 70. El campo quedó abandonado, y Montero cree que recuperar cultivos como el cáñamo dinamizaría una economía rural muy precaria. “Pero nos ponen piedras en el camino…”, lamenta.

“Como sabemos que hay similitud, somos muy escrupulosos”, explica un agricultor

Él planta semilla certificada de cannabis sativa sativa, de la variedad Futura 75, con un 0,18% de THC. Hay una veintena de variedades autorizadas por un decreto de 1999 y subvencionadas para el uso industrial. Nada que ver, explica, con la sativa indica, la marihuana. “Si te fumas esto te agarras un dolor de cabeza tremendo. Yo vendo nuestros cogollos, seleccionados, secados y envasados uno a uno, a seis euros por 50 gramos…”. En Francia compra la semilla, que llega en un saco “con matrícula” acompañado de una factura. Después rellena un documento que presenta a la oficina agraria de zona y ante el cuartel de la Guardia Civil. “Como sabemos que hay similitud, somos muy escrupulosos”, explica. Tiene también autorización sanitaria para envasar la hoja y el cogollo. El problema surge con el transporte de la planta: “Metemos fotocopia de facturas, analítica de cada variedad, la trazabilidad. Y aun así lo incauta la Guardia Civil y dice que es marihuana…”.

Eso le ocurrió a Miguel Arrillaga, gerente de De Primera, una empresa con sede en Tarifa que cultiva y envasa cáñamo que luego distribuye a herbolarios, donde se vende para uso alimentario, medicinal o cosmético. Varios de sus envíos han sido interceptados y luego retenidos en un juzgado. El último en Granada, en enero. Un auto sobreseyó la causa el 14 de mayo: “Hice un escrito pidiendo que me lo devolvieran, aportando toda la documentación. Cada día que pasa son pérdidas, pero han tardado casi cuatro meses en hacer los análisis”.

Arrillaga teme que las trabas policiales acaben dando al traste con un cultivo en vías de recuperación y protesta porque observa un problema de “incultura”. Sin embargo, hay también una cuestión técnica en el origen de la confusión. El aparato con el que los agentes realizan el control preliminar detecta trazas de THC con independencia del porcentaje. Para ese aparato el cáñamo es marihuana. El falso positivo es desmentido por un contraanálisis, pero estos resultados se conocen mucho tiempo después.

“En la acción preventiva no se puede discriminar”, razona un mando de la Guardia Civil

El problema no tiene arreglo a corto plazo, según el teniente Cobo: “El agente va a tirar de los instrumentos que tiene. Y si el drogatest da positivo, pone en marcha el dispositivo. El problema es que en la acción preventiva no se puede discriminar”, razona. Un abogado conocedor del problema sugiere que si el afectado presenta la documentación (el certificado de las semillas, con el porcentaje de THC, y las facturas), los agentes deberían abordar el caso con “prudencia”: “Si uno abre un maletero y encuentra un kilo de una sustancia con códigos de barra y papeles en regla, dirigido a una empresa con sus certificados, hay que parar un segundo antes de detener a alguien”. Sin embargo, esa solución tampoco descarta que se retenga la sustancia, que seguiría siendo confundida con la droga.

El teniente Cobo descarta la alternativa de regular su producción al modo que se hace con algunas drogas de uso medicinal: “¿Cómo vamos a montar un sistema de control con algo que es tan libre que se envía por correo?”. Y de la misma forma, deshecha la opción de fiarlo todo a un sistema de certificados (“que cada lote lleve en origen una analítica de THC”, como pide Montero), porque alentaría el fraude de los narcotraficantes. El presidente de los productores sugiere que se aumente el porcentaje mínimo de THC para considerar que la sustancia es ilegal, porque con el actual (0,2%), una polinización accidental puede provocar que el grano supere el límite establecido.

Sin embargo, siempre existirá una barrera que separa lo legal de lo ilegal, y esa barrera seguirá siendo invisible al primer análisis. El mando de la Guardia Civil resume el problema con una frase que podría firmar un personaje de Kafka: “No hay nadie haciendo nada que no le competa, pero por hacer cada uno su función existe un problema”. Cuando reciba el informe emitido por el Ministerio de Sanidad que descarta la presencia de marihuana en lo intervenido en Granada, remitirá un informe a sus superiores comunicando la cuestión.

La solución, parece, está en la ley. “Nosotros somos los más interesados en que no haya nadie que dé gato por liebre. Es tan simple como ponernos una reglamentación”, pide Fernando Montero. Hasta que llegue ese momento, seguirá cruzando los dedos cada vez que esa planta que no es marihuana salga de su finca.