Unas 250 hectáreas de tierra pública han pasado a manos privadas tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) y la empresa La Atalaya 1272 (Grupo Visasur). El convenio prevé la recuperación de la zona de cultivo en la finca municipal Dehesa de la Atalaya, con una inversión de dos millones de euros y una cesión de uso por 25 años que generará seis empleos fijos y unas 3.000 peonadas anuales. El Gobierno local (PA, PP e independientes) sostiene que reanudar su gestión y cultivo era “inasumible” por la deuda acumulada y la “dejadez de ocho años”. Mientras, la oposición (PSOE e IU) habla de “privatización” de unos terrenos que podrían haberse usado como “cooperativa de agricultores” o “huertos sociales”.
Olivar, árboles frutales, patata, tomate, sandía, melón… Son los cultivos que crearán “actividades de alto valor añadido” con necesidad de “mucha mano de obra”. Y una contrapartida de 30.000 euros anuales para las arcas públicas que el propio Ayuntamiento considera un alquiler “bajo” que incluye la cesión de “las naves y aperos agrícolas existentes”. Arrendamiento escaso porque se prefirió “presionar en la creación de empleo”. Según el alcalde de Coria, Modesto González (PA), “es preferible esta fórmula que mantener abandonada la finca, mejor peonadas y trabajo que dejadez y abandono”.
Para el delegado de Agricultura y Desarrollo Local, Andrés Parrado (PP), el acuerdo establece la colaboración precisa “entre el sector público y privado” que hará estos terrenos de cultivo dejen “de estar abandonados y de ser improductivos”. Coria es, añade, “protagonista de nuevos cambios”. González, de su parte, sostiene que se intentó “explotar la finca desde lo público pero la dejadez de ocho años por el anterior Gobierno del PSOE hace que requiera una inversión inasumible, imposible por el nivel de endeudamiento”. Entonces se buscó la forma de “reflotar el patrimonio público potencialmente generador de empleo”.
“Una privatización en toda regla, una barbaridad”
“Una privatización en toda regla, una barbaridad”La oposición, sin embargo, no presenta las mismas cartas sobre el asunto. La concejal socialista Teresa López, anterior responsable municipal de la Dehesa de la Atalaya, considera que se ha llevado a cabo “una privatización en toda regla, una barbaridad”. “Sólo el olivar”, apunta, ofrecía un rédito de 35.000 euros anuales y la renta por el total cultivable de la finca será “de 17.846,27 euros el primer año, algo más de 26.000 el segundo y a partir de ahí, y hasta 25 años, de 30.000 euros”. La edil califica las 3.000 peonadas anuales prometidas de “milonga”.
En todo caso, el PSOE ha informado “al dueño de la empresa que si la jueza declara ilegal la moción –desbancó a los socialista de la Alcaldía y está inmersa en un proceso judicial– y volvemos a gobernar, este acuerdo se deshace, se rompe el contrato”. López indica que tenían “planificados huertos sociales para el pueblo” que no dio tiempo a poner en marcha. La falta de cultivo de los últimos años en la finca la achaca, a su vez, a las “deudas” heredadas del antiguo mandato andalucista.
Para IU se trata de una “privatización”. El concejal Domingo González Barco entiende que el convenio sobre la finca, cuya duración supone “prácticamente venderla”, se hizo “a la ligera y sin los esfuerzos suficientes” por buscar otras alternativas. IU apostaba por “una cooperativa de agricultores” y ahora, sostiene, siquiera existe “garantía por escrito de que se cumpla el acuerdo”. “Lo que se cobra es muy poco”, por lo que González Barco propuso, “al menos”, un alquiler “por 10 años y 60.000 euros anuales”.
La empresa agrícola municipal se reserva 30 hectáreas para cultivos ecológicos
La empresa agrícola municipal se reserva 30 hectáreas para cultivos ecológicosLa Dehesa de la Atalaya es un terreno situado en el margen izquierdo del río Guadalquivir y catalogado en el Plan de Protección del Medio Físico de Sevilla como área forestal de interés recreativo que ha tenido también un uso tradicional ganadero y agrícola. Por la finca, con una extensión total de 461 hectáreas y refugio de múltiples especies de fauna, cruzan además el Corredor Verde Metropolitano y la Vía Augusta romana.
La gestión recaía hasta ahora en la Empresa Municipal Agrícola y de Desarrollo Local de Coria del Río, que se reserva 30 hectáreas de tierra arable para cultivos ecológicos. En las sujetas a arrendamiento, unas 250 de uso agrícola, la inversión privada servirá para movimiento de tierras de cultivo, limpieza general y de monte y acondicionamiento de instalaciones de riego e infraestructuras, informa el Consistorio ribereño.
Para el resto de la finca, una zona de monte público “que requiere otro tratamiento”, subrayan fuentes municipales, la intención es “ponerla también al servicio de la ciudadanía”. Sería a través de proyectos ligados al turismo, el ocio, el deporte o la educación, entre otras opciones. El Ayuntamiento de Coria, aunque aún no tiene “clara la propuesta”, adelanta que una vez perfilada buscará el acuerdo de colaboración “con la Junta de Andalucía en este sentido”.