La “querella argentina” ya tiene el respaldo explícito de un pueblo andaluz: Valencina de la Concepción (Sevilla). Una moción sobre Memoria Histórica, aprobada en pleno, rubrica el apoyo y adhesión del Ayuntamiento valencinero al único proceso judicial abierto contra los crímenes del franquismo por delitos de genocidio y contra la humanidad. La localidad del Aljarafe sevillano resulta así pionera en una materia que se trabaja para su debate en el resto de Andalucía.
El texto (que recibió el voto favorable de PSOE e IU –proponente– y la abstención de PP e independientes) condena la “sublevación militar del 36 contra el sistema democrático que se implantó el 14 de abril de 1931, conocido por la II República Española, y el posterior régimen dictatorial franquista implantado al finalizar la Guerra Civil”. Acuerda, además, promover “la adhesión de la ciudadanía” a la citada querella.
Un “ejemplo” para otros pueblos
La propuesta –que recorrerá la mayoría de municipios andaluces, de manera literal o con leves matizaciones– se motiva en el “golpe militar” que desencadenó la Guerra Civil, destruyó el “sistema democrático implantado” e instauró un régimen dictatorial. La “transición” hacia la democracia trajo, critica, una “especie de ley de punto final” y “total impunidad” ante “delitos de lesa humanidad” como “persecución política, represión y anulación de derechos”, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte como “imprescriptibles”.
Otras instituciones tendrán la oportunidad de mostrar su respaldo, toda vez que las fuerzas políticas que conforman el Gobierno andaluz, PSOE e IU –junto al trabajo de la dirección general de Memoria Democrática–, anuncian mociones análogas en el Parlamento de Andalucía, ayuntamientos y diputaciones. La Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina (Paz), que trabaja también en este sentido, espera que la aprobación en Valencina sirva de “ejemplo” para “la mayoría de los gobiernos de nuestros pueblos”.
“No puede evitarse” que otro país investigue
La preconstitucional Ley de Amnistía de 1977 es, según el organismo internacional, contraria a la legislación universal sobre derechos humanos y al articulado de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992. “No puede evitarse que desde otro país se investigue lo ocurrido en España”, subrayó la Defensora del Pueblo de Bosnia y Herzegovina y miembro de la delegación de Naciones Unidas, Jasminka Dzumhur, durante la reunión de la pasada semana con familiares de víctimas y asociaciones andaluzas.
La causa 4591/10, que tramita el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires (Argentina), cuyo titular es la jueza María Servini de Cubría, investiga delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Tras asumir su competencia, Servini ordenó el pasado 18 de septiembre la detención con pedido de extradición de cuatro ex miembros de las fuerzas de seguridad franquistas.