Los vecinos de la localidad onubense de Galaroza pasaron este domingo una jornada distinta al resto de España y fue una jornada de participación y consulta democrática local. Unos 1.200 cachoneros, los que tienen derecho a voto, estaban convocados a un referéndum autorizado meses atrás por el Gobierno central, en el que se tenía que pulsar la opinión del pueblo en torno a la posibilidad de que el agua de la localidad deje de estar gestionada por la empresa pública GIAHSA y que la gestión del agua pase a manos del Consistorio directamente. Y, finalmente, el sí de los vecinos ha salido adelante.
No obstante, es un resultado con muchos matices. Para empezar, no es vinculante, a pesar de que de 688 votos emitidos legalmente, 493 se mostraron a favor y 195 en contra. El Ayuntamiento está obligado a tomar nota, y de hecho lo hará, pero no está obligado a cumplir con la voluntad popular expresada en las urnas.
Y eso que el PSOE, que controla en Huelva la empresa pública GIAHSA, es quien gobierna Galaroza con mayoría absoluta, con cinco de los nueve concejales del Ayuntamiento. Los cuatro restantes se los reparten a partes iguales el PP y un grupo independiente.
A pesar de esa mayoría expresada en las urnas hace tres años, este domingo el pueblo apoyó la opinión de la oposición municipal y de la plataforma creada en el pueblo para forzar al Ayuntamiento a recuperar la gestión.
Curiosamente, toda la génesis de esta historia está en una plataforma que fue creada en su día por un grupo de vecinos que logró que el Ayuntamiento la aprobara, a pesar de tener ya transferido el servicio a la empresa. En su petición recogieron las firmas de 495 personas, solo dos menos de los apoyos que han obtenido en el referéndum.
Era el 26 de noviembre de 2012 cuando se aprobaba en pleno encauzar la voluntad popular hacia una consulta popular, y tras recibir el visto bueno del Gobierno, el Ayuntamiento destinó 10.000 euros de su presupuesto a la cita consultiva. Al ser una idea local la que había que discutir el Estado no es quien paga los gastos, así que todo lo que ha supuesto la cita lo han pagado los propios vecinos.
Y como toda cita electoral, esta ha contado con su campaña previa, aunque en este caso ha sido informativa y sólo ha durado diez días. Con el pueblo lleno de carteles que pedían un voto u otro, ahora eran los vecinos los que tenían que darle la razón al alcalde, Antonio Sosa, o a la oposición.
El alcalde asegura que tras este referéndum no hay una idea democrática de rescatar el servicio, sino la intención de privatizar la gestión. La oposición, por su parte, asegura que no hay intención de buscar una empresa privada, sino de que el Ayuntamiento sea quien gestione el servicio, tesis que defiende el independiente Pedro García. Eso sí, García ha dado casi en el clavo, ya que su cálculo previo era que fuesen 700 personas las que participasen, y sólo ha fallado por 12.