La Junta de Andalucía defenderá que la Política Agrícola Común (PAC) que ahora empieza a negociarse para después de 2020 “sea una herramienta fundamental para el mantenimiento de la soberanía alimentaria y el medio rural, así como del nivel de renta de los agricultores”.
Así lo ha trasladado al Consejo de Gobierno la titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, quien ha recordado que el sector agroalimentario aporta en torno al ocho por ciento del Producto Interior Bruto regional y el diez por ciento del empleo. La consejera también ha subrayado la importancia de las ayudas directas y al desarrollo rural para la comunidad autónoma, con cerca de 1.900 millones de euros al año y más de 45.000 millones recibidos durante las últimas tres décadas.
Como principales objetivos para la negociación del futuro marco, el Gobierno andaluz señala “un presupuesto suficiente y garantizado; el mantenimiento del nivel de renta de los agricultores; la adaptación a la diversidad de los sistemas agrarios de la región; una mayor eficiencia y menor burocracia; la especial atención a evitar la despoblación del medio rural y a las explotaciones de pequeño tamaño; el fomento del equilibrio de la cadena alimentaria, el relevo generacional y la innovación, y el apoyo a la sostenibilidad social, económica y ambiental”.
El Ejecutivo autonómico respaldará al Gobierno en la defensa de estos principios inspiradores de la PAC, un modelo que, según recuerda, “está siendo puesto en duda por algunos estados miembros de la Unión”. La necesidad de mantenerlos será expuesta en la próxima Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural entre la Administración central y las comunidades autónomas, convocada para los próximos días 27 y 28 de marzo.
Por otra parte, la Junta ha creado un grupo de trabajo, con representantes de las organizaciones profesionales agrarias y la entidad Cooperativas Agro-alimentarias, que se encargará de realizar el seguimiento de la negociación con Bruselas y de canalizar las aportaciones del sector.
La Comisión Europea inició el 2 de febrero una consulta pública sobre el futuro de la PAC. Recuerda que el proceso, que estará abierto hasta el 2 de mayo, ya ha recibido más de 12.000 respuestas. Está previsto que a finales de 2017 se presente una comunicación sobre las prioridades futuras y que durante el primer trimestre de 2018 vean la luz las propuestas de reglamentos, que se debatirán hasta 2019. El calendario comunitario incluye también otras citas que, aunque al margen de la negociación de la PAC, afectarán a su diseño. Entre ellas destacan las relacionadas con las elecciones europeas, el nuevo marco financiero plurianual o el 'Brexit'.
El pasado 27 de febrero, en el Consejo Consultivo de Agricultura, Carmen Ortiz ya trasladó a la ministra Isabel García Tejerina el interés del Gobierno andaluz por mantener una PAC fuerte y con presupuesto suficiente para cuatro cuestiones esenciales, como son las de “atender las necesidades del sector en un mercado único abierto a los acuerdos comerciales; favorecer la sostenibilidad y la contribución de las producciones agrarias a la lucha contra el cambio climático; reforzar el relevo generacional, y fomentar las actividades económicas”.
El Gobierno andaluz considera que la PAC, que absorbe en torno al 40 por ciento del presupuesto comunitario, “es fundamental para evitar la despoblación del medio rural, no sólo a través del complemento a la renta, sino también desarrollando el tejido productivo y su efecto multiplicador en la economía”.