Faltan tres años para que finalice el periodo de vigencia de la actual PAC (Política Agraria Común), pero 2017 va a a ser un año decisivo para hablar de la próxima, esa que entrará en vigor a partir de 2021. Para ello la Unión Europea y en concreto el comisario de Agricultura europeo, Phil Hogan, quiere escuchar a todos los ciudadanos y no solo al sector. Una consulta pública que se concretará en 30 preguntas y que se abre el 2 de febrero durante 12 semanas.
Al sector no le pilla por sorpresa, porque hace meses que ya hay foros y encuentros donde se habla sobre por dónde debería ir la próxima PAC después del 2020. Simplificación de la burocracia, búsqueda de nuevos mercados, concentración del sector y mayor capacidad de respuesta a las crisis son, en líneas generales, algunos de los retos que se plantean desde el sector a nivel europeo.
COAG: ¿son necesarios tantos cambios?
COAG: ¿son necesarios tantos cambios?Aquí en Andalucía, Miguel López, secretario general de COAG-A, lanza un órdago y se pregunta por qué hay que someter al sector a tantos cambios. Cree que a esto hay que darle una pensada porque “no podemos estar permanentemente modificando la situación para beneficiar a la especulación de los mercados”.
¿Quién es capaz de planificar una política agraria europea para cuatro años y a los dos años ya estamos otra vez con la siguiente? se pregunta, al tiempo que considera que esta situación no da seguridad ninguna al sector.
Con ello no quieren decir que no haya que cambiar las cosas para mejor, pero sí que no hay que pensar en la PAC sólo como un instrumento económico o en la agricultura como productos para enriquecerse.
Se queja de que se ha hablado mucho de que se iba a simplificar la PAC y se iba a hacer más verde, y al final “es una falsedad”. “Lo cierto es que en estos momentos estamos teniendo unos controles que los agricultores a la más mínima equivocación, en lugar de ser un autónomo, un empresario, parecemos presuntos delincuentes”.
“En el campo las cosas son bastante simples” -asegura- “hay que luchar contra la naturaleza”, pero ahora los agricultores “estamos todos los días peleando en los despachos”.
UPA: por el agricultor activo
UPA: por el agricultor activo
Miguel Cobos, secretario general de UPA Andalucía, asegura que van a estar junto al Ministerio de Agricultura y la Consejería andaluza para aportar sus opiniones sobre la nueva PAC.
Concreta sus peticiones de cambios en una mayor potenciación de la figura del agricultor activo, para que las ayudas vayan preferentemente a esos agricultores, a los que el mayor porcentaje de su renta procede de la agricultura. También piden que se aplique un pago redistributivo de las ayudas, de forma que una parte se dediquen a un pago adicional para las primeras hectáreas, dependiendo el tipo de explotación.
También piden una regulación de los mercados, para garantizar unos precios sostenibles, que cubran los gastos de producción, y una revisión en profundidad de las ayudas acopladas, aquellas que se dirigen a explotaciones con mayores problemas, añadiendo por ejemplo el olivar en pendiente o de bajo rendimiento, la remolacha o igualando el caprino al ovino.
Respecto al llamado segundo pilar (el que se refiere a las ayudas al desarrollo rural) piden que se devuelva a Andalucía ese 10 por ciento que se le quitó en la última PAC. Además, solicitan que se pongan topes en las ayudas por explotación, para que el dinero asignado llegue a más gente.
Asaja: simplificar la gestión de ayudas
Asaja: simplificar la gestión de ayudas
Una de las principales quejas de la aplicación de la última PAC ha sido los numerosos problemas que ha habido en la tramitación de las ayudas, de hecho, según aseguraba la organización en uno de sus balances agrarios de 2016, este año ha sido uno de los más complicados en la gestión de las ayudas. Además se han producido retrasos en las aplicaciones informáticas para tramitar las subvenciones, además de coincidir varias en un mismo periodo. Es, por tanto, la simplicación de la burocracia, uno de los puntos que desde la organización consideran que se deben cambiar, aunque aseguran que se mostrarán expectantes para participar en el proceso y aportar mejoras a la política agraria europea.
Junta de Andalucía: en busca de fondos
Junta de Andalucía: en busca de fondos
Para la consejera de Agricultura, Carmen Ortíz, el 2017 va a ser un año decisivo para hablar de la Política Agrícola Común tras el 2020. En este sentido considera necesario para Andalucía recuperar los fondos que se han recortado a la Comunidad Autónoma en la negociación para el próximo marco. Ya que insiste en que Andalucía ha sido la única Comunidad que ha perdido en este marco 2014-2020, en torno a 900 millones de euros, y esperan poder recuperarlos. Además, espera que se diseñe una PAC más redistributiva y que tenga más en cuenta a los pequeños y medianos agricultores.
En el COPA y la COGECACOPA y la COGECA (Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias y la Confederación General de Cooperativas), organización que aglutina al sector a nivel europeo, han empezado ya también su reflexión sobre la nueva PAC. Y aseguran que lo que de verdad necesitan los agricultores europeos es una política sencilla, que les permita ofrecer productos seguros, de alta calidad y de manera sostenible. También piden un presupuesto que se encuentre a la altura de estas políticas, teniendo en cuenta que en estos momentos la PAC representa menos del 1% de gasto público total de la UE.
En resumen, se pide mantener los pagos directos a los agricultores, redes de seguridad en los mercados, gestión de riesgos en el mercado. Mientras que piden más herramientas para gestionar los riesgos del mercado, como puede ser el veto ruso, simplificar las normas de la PAC, y una revisión política europea en materia de agricultura ecológica.
El presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, ya adelantó en diciembre que la simplificación y la modernización serán las palabras clave en la comunicación sobre el futuro de la PAC a partir de 2020.
De momento el 2 de febrero se lanza la consulta pública sobre la reforma de la PAC, que durará 12 semanas, por lo que finalizará el 26 de abril. En otoño se espera una comunicación con las conclusiones de esa consulta y para principios de 2018 las propuestas legislativas.