Este 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, se podía leer ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la orden por la que se aprueba el formulario para la inscripción en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias de Andalucía.
Una regulación que llega después de años de lucha, reuniones y reivindicaciones desde el 2011, año en el que se aprobó la ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. La Orden tiene fecha de 9 de octubre, día en el que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba el Decreto que crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales (REAFA) y el Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT) de los productores, donde se incluye el registro.
Porque el Registro de Titularidad Compartida en Explotaciones Agrarias se encontraba desde hace años en “un limbo” jurídico, algo que se detectó al elaborar el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en la Actividad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía (horizonte 2020), aprobado en enero de 2017.
Desde la Consejería de Agricultura reconocían el año pasado, en declaraciones a eldiario.es/andalucía que era “una pescadilla que se muerde la cola” esperaban que el registro se activase con la inscripción de mujeres pero esta no se producía porque el registro no estaba activado.
Incluso hubo, al menos, cinco mujeres que iniciaron el proceso, que al final se convirtió en una carrera de obstáculos burocráticos, según las organizaciones agrarias, porque los propios funcionarios desconocían los pasos a seguir.
Para solucionar este desaguisado, se decidió incluir el registro de Titularidad Compartida dentro del decreto del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAFA), que se estaba tramitando.
De hecho, como el 3 de marzo de 2017 finalizaba el plazo de participación ciudadana, se creía que el REAFA podría haber estado aprobado en el primer semestre de 2017, antes del verano. Sin embargo, los plazos se han dilatado y finalmente no ha visto la luz hasta el 9 de octubre pasado. Han tenido que pasar siete años y cinco días desde que se aprobara la Ley de Titularidad Compartida (Ley 35/2011, de 4 de octubre).
La administración, según reconocen, lo que tenía que haber hecho es crear el registro pero se dijeron que ya lo harían más adelante cuando hubiera alguna mujer inscrita. “El problema ha sido que no ha habido un aluvión de solicitudes, una gran demanda, por falta de incentivos”, insisten.
La explotación agraria de titularidad compartida se define “como la unidad económica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, que se constituye por un matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de la explotación agraria”. Para que la titularidad compartida surta todos sus efectos jurídicos, además de reunir unos requisitos, es necesaria la inscripción previa en el Registro constituido al efecto por la correspondiente Comunidad Autónoma.
Muchas personas confunden titularidad con propiedad. La titularidad de una explotación agraria o ganadera es de la persona o las personas que se encargan de su gestión, de su trabajo, sean o no dueños de esos terrenos o explotación. Por ejemplo, un hombre hereda una explotación agraria. Es propietario y titular. Está casado en gananciales. La mujer al ser cotitular no sería dueña de ella, sino que el trabajo se realiza por los dos, ambos cotizan a la Seguridad Social, comparten gastos, beneficios y preocupaciones a nivel real, fiscal y social. Por lo que en un hipotético caso de separación, ella tendría derecho no a la mitad de la propiedad, sino a una compensación por los años trabajados o al beneficio de la misma. Si no fuera cotitular de la explotación no tendría derecho a nada porque su trabajo no figura como realizado.
Una explotación agraria registrada con titularidad compartida será considerada como explotación prioritaria y puede beneficiarse de descuentos en las cuotas a la seguridad social. Además, el reparto de los rendimientos de las explotaciones y de las ayudas agrarias serán del 50% y las mujeres inscritas tendrán acceso a pensiones contributivas por la cotización a la seguridad social. Otro beneficio es el descuento del 30% en las cuotas de la Seguridad Social.
Aunque, organizaciones como la Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (CERES) Andalucía considera que esto no es suficiente, y que esas bonificaciones deberían ampliarse en el periodo en que actualmente se aplican, que es de cinco años, como medida de fomento de la incorporación de mujeres a la titularidad. Igualmente, CERES ha pedido en reiteradas ocasiones que estas bonificaciones puedan aplicarse a mujeres que tengan más de 50 años, que es el límite actual.
Desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) Andalucía, han visto con ilusión y optimismo este avance para la mujer y para el medio rural. Y consideran que este registro impulsará el reconocimiento jurídico y de los derechos laborales de muchas mujeres que sólo figuraban como “apoyo familiar” de las explotaciones de sus cónyuges.
La Presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de Jaén (ADEMUR), María Inés Casado, destaca que se trata de una medida ampliamente demandada como parte fundamental de la apuesta por la visibilización de la realidad de las mujeres en las explotaciones agrarias y ganaderas de la provincia. “Satisfacción y confianza” ante la aprobación del Registro de Titularidad Compartida y también esperanza en que sea una herramienta efectiva y eficaz, de ahí que María Inés Casado, haga un llamamiento a todas las mujeres para que se inscriban, en este registro y reafirmen la cotitularidad desde el punto de vista administrativo.
“El Registro corrige una situación de desigualdad e invisibilización del trabajo de las mujeres en el medio rural que ha tenido consecuencias nefastas no sólo para ellas sino para la sociedad en general”, afirma María Inés Casado. Y resalta que la adscripción a la figura de titular superará, finalmente, la desigualdad existente cuando la actividad se realiza en pareja, “ya que de cara a la sociedad, hasta ahora únicamente uno de ellos, generalmente el hombre, era el titular, responsable y representante legal de la actividad agraria o ganadera, mientras que la mujer figuraba como 'ayuda familiar', realizando su trabajo como cónyuges en las explotaciones como una extensión de sus labores domésticas. La titularidad compartida elimina esa discriminación al considerar la explotación como una unidad económica donde la aportación de cada persona que la conforma tiene el mismo valor”.
La presidenta de CERES Andalucía, Inmaculada Idáñez, aplaude que el registro empiece a funcionar y apunta que “ahora lo que es de capital importancia que la Ley se dote del presupuesto necesario para incentivar que las mujeres del medio rural se acojan a ella. Es vital que se trabaje de forma paralela por parte de la Junta de Andalucía, las organizaciones agrarias y las asociaciones de mujeres del medio rural porque toca continuar haciendo una labor de difusión para que llegue al mayor número de mujeres agricultoras y ganaderas posibles”.
“El gran problema de agricultoras y ganaderas es que siempre se ha entendido que su aportación al negocio familiar es una 'ayuda'. Gobierno y CC.AA. deben trabajar para que esa 'ayuda' lleve asociados unos derechos económicos y sociales propios (alta a la Seguridad Social, acceso a prestaciones por las bajas por maternidad y jubilación, etc...) Por ahí se empieza a construir el verdadero empoderamiento de la mujer rural”, ha subrayado Isabel Idañez.
La presidenta de FADEMUR, Teresa López, ha defendido esta titularidad compartida en Bruselas durante la jornada How to improve the lives of assisting spouses in EU rural areas?, o ¿cómo mejorar la vida de los cónyuges colaboradores en las zonas rurales de la UE?“. López ha explicado el caso de la Ley española de Titularidad Compartida como un buen ejemplo de que ”los Gobiernos tienen en su mano crear herramientas para terminar con el trabajo invisible de las mujeres en las explotaciones del sector agrario“. Aunque ha reconocido que la aplicación de esta Ley por parte de las Comunidades Autónomas está siendo ”bastante lenta“.
ANDALUCÍA 0ARAGÓN 23CANARIAS 1CANTABRIA 4C. LA MANCHA 130C.y LEÓN 164CATALUÑA 5NAVARRA 1COMUNIDAD VALENCIANA 11EXTREMADURA 15GALICIA 18ISLAS BALEARES 0MADRID 0MURCIA 1PAIS VASCO 36PRINCIPADO DE ASTURIAS 5RIOJA 33TOTAL 447