Prevaricación, colusión de empresas y alteración de los precios de concursos públicos. El quinto informe de la policía judicial, del sumario instruido por la jueza María de los Reyes desde el juzgado número 8 de Sevilla, y al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, ahonda en la conexión andaluza del 'cártel nacional del fuego'. Así se conoce ya al amaño que presuntamente han llevado a cabo una decena de empresas españolas para hacerse con los concursos públicos de la lucha contra los incendios forestales.
En el caso de Andalucía, son cuatro las empresas investigadas por la policía. De manera coordinada, los cuerpos de seguridad registraron en enero las sedes de Faasa (Fumigación Aérea Andaluza), Trabajos Aéreos Espejo, Servicios Aéreos Europeos y Tratamiento Agrícola (Saeta) y Sociedad Aeronáutica Peninsular (SAP). Son las empresas que, junto a Inaer, se presentaron a un concurso público de 5 lotes para licitar el “fletamento de medios aéreos para la lucha contra incendios forestales en las campañas Infoca 2015, 2016, 2017 y 2018” por un valor de casi 70 millones de euros.
Los ocho “máximos responsables” de estas empresas fueron detenidos, y figuran ya en el sumario como investigados (la nueva figura jurídica para referirse a los imputados). Sus domicilios, al igual que las sedes de sus empresas, también fueron registrados por la Unidad de delincuencia económica y fiscal (Udef) de manera coordinada en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz.
El informe policial es uno de los últimos documentos que se ha añadido al sumario abierto por el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla. En dicho informe de oficio se detalla tanto la conexión andaluza con la trama nacional, como la operación llevada a cabo en Andalucía en coordinación con el resto de España.
Las cuatro empresas andaluzas conforman, según la policía, “un porcentaje considerable de las empresas investigadas” a nivel nacional bajo la instrucción del juzgado número 2 de Sagunto (Valencia).
Según detalla el informe, el juzgado valenciano instruye la investigación de una “colusión de empresas del sector aeronáutico”, un pacto entre una decena de empresas para repartirse el pastel de los concursos públicos de la lucha contra el fuego en España, Italia y Portugal, y les imputa el delito de alteración de los precios de concursos públicos en contra de los intereses de los consumidores.
La investigación nacional parte de la denuncia interpuesta por un funcionario de la Junta de Andalucía. J.G.D. (esas son sus iniciales) denunció el pasado mes de agosto un presunto de delito de prevaricación “por parte de la mesa de contratación constituida para cubrir las necesidad de fletamiento de aeronaves para el Plan Infoca”.
En la denuncia interpuesta por el funcionario, éste declaraba que durante la celebración de la mesa “se comprobó que en cada uno de los 5 lotes en que se dividía el contrato sólo se había presentado una empresa de las licitadoras, cuando los objetos de los lotes son muy parecidos, y además lo habían hecho por el total del presupuesto base de licitación”.
Según el testimonio del denunciante, el letrado presente comentó “que se estaba produciendo una clara colusión de empresas” y que, por tanto, “había que dar traslado a la Agencia Andaluza de la Competencia”. Dicho traslado nunca se llevó a cabo.
Tres de los cinco lotes terminaron en manos de Faasa (en solitario o en unión temporal de empresas), obteniendo así una concesión de más de 61 millones para proporcionar los medios aéreos para la lucha contra el fuego en Andalucía por un periodo de cuatro años (2015-2018).
En sus declaraciones, el denunciante afirma que comprendió que “si había una colusión de empresas, eso podía suponer un perjuicio para la Administración de muchos millones y una forma de favorecer de forma ilegítima a ciertos particulares”, ya que “no se consiguió rebajar ni un ápice ese presupuesto, puesto que sólo licitó una empresa por lote y además por el máximo del presupuesto. Vamos, una táctica muy descarada”.
Fuentes de Faasa subrayan que se trata de un sector con “muy pocos actores” y “altamente regulado por las autoridades aeronáuticas, que exigen unos altos estándares en materia de seguridad y requerimientos”. Insisten en que tienen que pasar una serie de permisos y autorizaciones muy exigentes.
Concurso público
El delito de presunta prevaricación se investiga contra el jefe de la mesa de contratación, A.M.L., jefe de los servicios de contratación de la Consejería de Medio Ambiente. Según esta unidad policial, “en el marco de esta investigación todo apunta a que las adjudicaciones de dichos concursos no parecían responder a los criterios de libre competencia que debieran imperar”.
En la denuncia que interpuso J.G.D., el funcionario aseveraba que una jefa de sección ya le había advertido que “existía fraude” en el concurso público y que ella ya había tenido que asistir a un concurso “amañado” para contratar los helicópteros del Infoca para el periodo 2013-2014.
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente apuntan que se está aportando toda la información a la jueza y que ésta se encuentra también en el portal de contratos. En un comunicado, la Consejería señala que “la transparencia es el principio que inspira todos los procedimientos de contratación del sector público andaluz, y también, por supuesto, este contrato”. Según indican, la información de la adjudicación es accesible a los ciudadanos desde marzo de 2015, mucho antes de que la juez solicitara esa información“.
Según consta en el sumario, la jueza ha tenido que enviar hasta cuatro escritos para que la Administración de Medio Ambiente aporte el expediente del concurso. El juzgado ha llegado a enviar a la policía nacional en dos ocasiones para obtener la documentación completa.