La organización ecologista Greenpeace ha manifestado este viernes que ha formulado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo contra el actual alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (Gicar), así como contra su antecesor, el socialista Cristóbal Fernández, por haber “permitido al Ayuntamiento de Carboneras seguir considerando como legal al hotel de El Algarrobico” pese a que se trata de una “construcción ilegal e ilegalizable”, lo que supone para la entidad “una vulneración del derecho a la tutela judicial”.
La entidad considera que los ediles podrían haber incurrido en hasta cuatro delitos, entre los que figurarían tres de desobediencia y uno prevaricación, ya que el Ayuntamiento de Carboneras mantiene la clasificación de los suelos en los que se asienta el polémico hotel promovido por Azata como “urbanizable” en el PGOU, a pesar de que el TSJA “ha acordado precisamente lo contrario”.
En una nota, la entidad conservacionista ha interesado que se investigue por la vía penal a los responsables del Ayuntamiento carbonero, ya que el Consistorio “se niega a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de septiembre de 2011, la del TSJA de fecha 11 de junio de 2012, y la del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2016” relativas todas ellas a la situación del hotel en parque natural.
Igualmente, han criticado que el Ayuntamiento de Carboneras se “niega” a “cumplir los aprecibimientos del TSJA” sobre la modificación de su plan general al tiempo que “desobedece la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de marzo de 2012 y dos de 18 de julio de 2012 que establecen una servidumbre de protección de 100 metros en El Algarrobico”, con lo que el complejo invade y sobrepasa la línea marítimo-terrestre.
Greenpeace ha criticado la “actitud desafiante” de los regidores ante las “numerosas resoluciones judiciales” en contra del hotel de El Algarrobico, especialmente porque “continúa clasificando los terrenos como urbanizables”. “Los responsables municipales siguen desobedeciendo impunemente de forma consciente, pública y notoria, los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le ordenan lo contrario y continúan sin aplicar las sentencias del Tribunal Supremo”, han remarcado.
“Resulta increíble ver cómo los responsables del Ayuntamiento de Carboneras no respetan los más elementales principios de un Estado de Derecho, desoyendo incluso el mandato de altos tribunales. Al haber agotado Greenpeace todos los recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa se ve obligada a acudir a la vía penal como última alternativa para que el hotel ilegal de El Algarrobico sea demolido”, ha declarado el abogado de Greenpeace, José Manuel Marraco.
Greenpeace espera que la Fiscalía admita a trámite la denuncia y acuerde la apertura de diligencias pertinentes a fin de investigar los hechos expuestos, por si fueran constitutivos de delito.