De “feo pero legal” a “aberración urbanística”. El Algarrobico se ha convertido en todo un símbolo de la destrucción de la costa, a la que el nuevo plan de protección del corredor litoral de Andalucía trata ahora de poner remedio.
El decreto, aprobado este martes en el consejo de gobierno andaluz, concede una protección especial al litoral con una zona no urbanizable de 500 metros a partir del dominio marítimo-terrestre. Se mantienen además los 100 metros de servidumbre en los 859 kilómetros que discurren desde la desembocadura del Guadiana hasta Cala Cerrada. Es decir, en todo la costa andaluza.
Los grupos ecologistas consideran que el decreto les ofrece una herramienta útil para proteger las costas y un nuevo as en la manga para derribar el Algarrobico. Los ayuntamientos cuentan a partir de ahora con un nuevo instrumento para diseñar sus planes urbanísticos garantizando una mayor protección del entorno. En caso de que cometan cualquier irregularidad, el decreto no es el que sanciona, sino la ley de costas estatal.
Lo que no ha terminado de convencer ni a expertos ni a ecologistas es que se deje la puerta abierta a la construcción de 143.000 nuevas viviendas que ya estaban proyectadas en los planes urbanísticos de los 62 municipios costeros afectados. Greenpeace, de hecho, considera una “barbaridad” que se pueda seguir construyendo en esos 400 metros restantes que conforman la zona de influencia.
El grupo ecologista tacha la medida de “incongruente” y recuerda que un estudio de la Universidad de Cádiz (UCA) destaca la importancia ecológica de esos 400 metros de barrera natural. “Es una barbaridad, no es este el cambio que necesita Andalucía, la región que, junto a la comunidad valenciana, ha construido más en sus costas”, denuncia Pilar Marcos, responsable de costas de la organización verde.
Desde Ecologistas en Acción subrayan por su parte que, durante el periodo de exposición pública, han presentado alegaciones contra todos los planes urbanísticos que permiten la construcción de dichas viviendas. La Junta ha comunicado que se han recogido 1.650 alegaciones diferentes y que se han tenido en cuenta el 35% de ellas. El plan ve la luz con un gobierno andaluz en funciones y tras un proceso que se ha alargado durante dos años y medio y que hunde sus raíces en la etapa de Fuensanta Coves como consejera de medio ambiente, cuando se aprobó la propuesta de estrategia andaluza de gestión integrada de zonas costeras.
Fragilidad costera
¿Por qué es importante que se protejan esos 500 metros del litoral? Adolfo Chica, investigador de la UCA y coautor de la mencionada estrategia de gestión de zonas costeras, explica que “la zona costera es muy frágil y sus ecosistemas, muy valiosos. Esos 500 metros sirven de amortiguador: no es lo mismo construir a 100 metros de la playa que a 1000”. Aclara, por ejemplo, que, aunque los temporales arrastran la arena, ésta regresa de manera natural. Sin embargo, cuando se construye muy cerca de la playa, ésta no es capaz de regenerarse naturalmente.
Cuando Chica oye el número de viviendas que se podrían llegar a construir a lo largo de todo el litoral andaluz en esa 'zona de amortiguación', sus palabras coinciden con las de Greenpeace: “Me parece una barbaridad”. De hecho, las sugerencias de su estudio iban encaminadas a crear un desarrollo sostenible que “paralizara los crecimientos urbanísticos sobredimensionados” y a un modelo que integrara a las tres administraciones (local, regional y estatal). “Falta diálogo, coordinación y cooperación. El litoral es una franja estrecha en la que cada administración mantiene intereses enfrentados”, precisa Chica.
De hecho, la falta de entendimiento ha llegado hasta el propio Tribunal Constitucional. Hace dos años, la Junta de Andalucía presentó un recurso contra la ley de costas nacional que modificaba la de 1988. El gobierno andaluz denunciaba que se permitía “una mayor ocupación de los espacios próximos al litoral” y que terrenos protegidos fueran “susceptibles de urbanización o de usos perjudiciales para el medio ambiente”. En resumidas cuentas, que la nueva ley facilitaba la destrucción del litoral a favor del desarrollo urbanístico.
Una ayuda para el futuro
De este modo, las organizaciones ecologistas ven que, con sus errores, el nuevo plan puede ser de gran ayuda en un futuro para que la urbanización de la costa no avance más allá del 40% actual y de esas 143.000 viviendas que permanecen en el limbo de los planes urbanísticos municipales. Globalmente aprueban el nuevo instrumento legal. Pilar Marcos insiste en que Andalucía va, junto a Asturias, a la vanguardia, al ser las únicas comunidades que cuentan con una normativa regional que protege el litoral. “Exigimos este plan para todas las comunidades. Asturias y Andalucía son las únicas que lo tienen, situándose así a la avanzadilla”, incide la responsable de costas de Greenpeace. “Si no existiese el plan, los ayuntamientos podrían construir esas 143.000 viviendas y mucho más”, recalca Lola Yllescas de Ecologistas en Acción.
Según la consejera de medio ambiente, María Jesús Serrano, “en ningún caso la protección que aprobamos merma el desarrollo urbanístico de los municipio ni afecta al normal funcionamiento del mercado inmobiliario. Los municipios litorales disponen de suelo urbanizable suficiente para satisfacer las demandas de crecimiento. De hecho el plan permite hasta la construcción de 143.000 nuevas viviendas”.
Ciertos sectores empresariales afectados han mostrado su rechazo al nuevo decreto. Aunque desde la CEA han sido prudentes y tan sólo han indicado que “hay algunas cosas que no nos gustan”, Francisco Martínez, presidente de Fadeco Promotores, ha tachado el nuevo plan de “disparatado” al proteger por igual zonas con desarrollos diferentes como, por ejemplo, Málaga y Almería.
En declaraciones recogidas por EP, el más duro ha sido el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, quien ha afirmado que no entiende “que se apruebe un decreto en este momento sin tener Gobierno andaluz” y ha apuntado que el decreto está diseñado por “un funcionariado vago, que no se ha ocupado de estudiar el litoral punto por punto”.
La consejera de medio ambiente ha subrayado, por su parte, que “el agotamiento del suelo y de los recursos naturales nos empuja al cambio del sistema productivo”. En definitiva, que el turismo, la vivienda y el empleo se han de adaptar a un desarrollo sostenible que tenga en cuenta el medio ambiente como base de la economía.