La Unión Europea no ha tenido, hasta el momento, información oficial por parte del Gobierno español sobre el gasoducto de Doñana, cuyas obras se han iniciado esta semana en lo referente a uno de sus cuatro proyectos en el entorno del espacio natural, el 'Marismas Occidental'.
Es lo que se desprende de lo que el pasado mes de mayo contestaba el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, a las preguntas de la eurodiputada española por IU, Paloma López Bermejo, que hasta en tres ocasiones se ha dirigido este año a Bruselas para saber si está informada de lo que ahora se ha iniciado en Doñana. La última pregunta fue presentada por escrito este martes.
La primera batería de preguntas la presentaba IU en Europa el 9 de diciembre de 2014, en unas cuestiones en las que se expresaba que “existen dudas fundadas sobre la legalidad de esta autorización, puesto que se resolvió troceando el proyecto en cuatro declaraciones de impacto ambiental distintas”.
Así, se presentaron tres preguntas distintas: ¿conoce la Comisión los proyectos autorizados de almacenamiento y extracción de gas en Doñana?, ¿considera la Comisión que esta autorización podría haber infringido la normativa de la Unión? y ¿qué medidas o investigaciones está llevando a cabo la Comisión en torno a este proyecto?
La respuesta de Valle tardó entonces casi dos meses, y el 6 de febrero de 2015 citaba, casi de forma lacónica, que “la Comisión ha solicitado a las autoridades españolas información sobre la aplicación de la legislación ambiental de la UE en relación con los proyectos de almacenamiento y extracción de gas natural en Doñana a que se refiere Su Señoría”.
Visto que el proyecto avanzaba, el 1 de abril de 2016 se realizaba una nueva tanda de preguntas, en las que se recordaba que una de las autorizaciones que la UE había solicitado fue concedida por el actual Gobierno en funciones el día 15 de marzo. Por eso, y debido a que “numerosas organizaciones han alertado del grave impacto ambiental que tendría esta obra por su cercanía al parque de Doñana, donde se concentran numerosos espacios protegidos por legislación ambiental específica”, se realizaron tres preguntas distintas: ¿considera la Comisión que el proceso de evaluación previa, tramitación y, finalmente, concesión de esta autorización administrativa podría haber infringido la normativa de la Unión?; En particular, ¿requerirá la Comisión un estudio de impacto ambiental conjunto para los cuatro subproyectos gasísticos, dada su evidente conexión? y ¿qué otras medidas tiene previstas o qué investigaciones está llevando a cabo la Comisión en torno a este proyecto?
El 3 de mayo era contestada la pregunta, que admite que “la Comisión no ha recibido ninguna comunicación de las autoridades españolas en lo que concierne a la autorización a la que se refiere su señoría”, aunque tampoco “ninguna indicación de que se hayan incumplido los requisitos de la legislación medioambiental de la UE”.
No obstante, añade que “dado que se trata de una parte de una investigación anterior, tal como señala su señoría, la Comisión solicitará aclaraciones a las autoridades españolas sobre la situación de los proyectos en cuestión, en particular sobre la autorización concedida el 15 de marzo de 2016”. Cuando se contestó esa pregunta habían pasado 48 días desde la concesión de la autorización. La UE no sabía nada todavía.
Vista la situación, este martes 6 de septiembre Izquierda Unida ha presentado una tercera batería de preguntas, en la que se especifica que el asunto fue tratado en julio de 2016 en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo “en atención a su urgencia y especial gravedad”.
Las nuevas preguntas son: ¿considera que se han cometido irregularidades en la autorización del subproyecto de “Marismas Occidental”?, ¿exigirá un nuevo estudio de impacto ambiental que considere el impacto conjunto de los cuatro proyectos gasísticos, incluido el de “Marismas Occidental”? y ¿exigirá, como medida inmediata, la paralización de las obras en “Marismas Occidental”?
Las reacciones en contra del proyecto se han ido sucediendo, y entre ellas, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, recuerda que “Gas Natural lo que tiene es un permiso, pero uno de ellos está recurrido por Ecologistas en Acción. Todavía hay procedimientos en marcha, con lo que el permiso puede ser recurrible y suspendible por un tribunal, ya que no es mentira que tengan permiso, pero de cara a un juzgado puede que haya procedimientos ni empezados y que se anulen”.
De hecho, entiende que la empresa “puede decir, ya tengo el permiso, empiezo a construir, y si existe algún tipo de problema y me tumban el tema por un tema legal, ya lo tengo hecho”, aventura Carmona.
Por su parte, la senadora de Podemos Maribel Mora, pidió este martes la comparecencia del ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos “para que dé explicaciones de cómo han autorizado en funciones los proyectos troceados a Gas Natural en Doñana para almacenar Gas”.
La senadora entiende que no se debería autorizar una obra “con un expediente abierto en la Comisión Europea que le pide evaluación de impacto ambiental acumulativo que no existe, la oposición de la Unesco y la Convención Ramsar y un recurso pendiente de Ecologistas en Acción”, además de entender que “si están en funciones no pueden decidir la política energética de un país vendiendo Doñana a Gas Natural”.
La autorización que ha permitido que Gas Natural comience a trabajar fue una de las últimas gestiones llevadas a cabo por José Manuel Soria como Ministro de Industria, Energía y Turismo de España. Fue concedida el 15 de marzo de 2016, justo un mes antes de que dimitiese a raíz de la publicación de los papeles de Panamá, que hizo que se supiera que mantiene, junto con otros miembros de su familia, una red de sociedades en paraísos fiscales.