El testimonio de Luz Marina Bernal no tiene desperdicio. Es una de las llamadas 'madres de Soacha', un municipio de Bogotá (Colombia) desde donde unas cuantas mujeres se empecinaron en investigar la misteriosa desaparición de sus hijos. La verdad no podía ser más terrible: con la falsa promesa de una vida mejor, los asesinaron y los hacieron pasar por guerrilleros muertos para engrosar el casillero de bajas legales de combate del Ejército. Son los denominados 'falsos positivos'.
Fue en septiembre de 2008 cuando salió a la luz uno de los escándalos más sonados dentro del conflicto colombiano. Esta semana se conocía precisamente la condena a un coronel, un capitán, dos suboficiales y 18 soldados por las ejecuciones extrajudiciales de cinco de aquellos jóvenes desaparecidos de un día para otro. Al hijo de Luz Marina Bernal, un joven de 26 años de educación especial, le acusaron de ser el jefe de una organización narcoterrorista. Le asesinaron cuatro días después de llevárselo de su casa, de su pequeño pueblo al sur de la capital. Aún faltan muchos casos por resolverse. “Mientras yo hable, mi hijo estará vivo, estará en la memoria de todo el mundo. Yo parí a mi hijo, pero mi hijo me parió para una lucha, para toda la lucha de un país”, dice esta madre.
Lleva años siendo defensora incansable de los Derechos Humanos, una labor que le ha valido haber estado postulada recientemente al premio Nobel de la Paz junto a otras cuatro víctimas. Premio Constructores de Paz 2012, hace unos meses participó en los diálogos de Paz en La Habana y respaldó, junto a 101 víctimas, el acuerdo alcanzado el 12 de noviembre. Atiende en Sevilla a eldiario.es Andalucía horas antes del segundo acuerdo de paz firmado por Santos y Timochenko. Ella quiere seguir visibilizando la dimensión de la impunidad en Colombia en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación.
¿Qué son los 'falsos positivos'?
El asesinato de jóvenes inocentes que no tenían inclinación política ni eran militantes de ningún grupo insurgente. Es un sistema que venía ocurriendo con gente indígena, afrocampesina, raizal, pero que posteriormente se amplió a ciudades, municipios o o barrios desafavorecidos donde, lamentablemente, el Gobierno colombiano no es generador de oportunidades ni de estudio ni de trabajo ni de techo digno para las familias.
Estos chicos fueron desaparecidos y llevados a 18 horas de su casa con el propósito de asesinarlos, vestirlos de guerrilleros y presentarlos como bajas legales en combate. Es vergonzoso porque son hechos cometidos por miembros armados del Estado colombiano como el Ejército nacional.
¿Cón funcionaba ese sistema? ¿Los militares recibían alguna recompensa por presentar estas bajas?
El 17 de noviembre de 2005, el entonces presidente Álvaro Uribe creó la Directiva Ministerial 029 que invitaba a los militares a que presentaran grandes resultados de bajas en combate con la guerrilla. Los jóvenes fueron llevados por el Ejército con el pretexto de darles un buen empleo, de ganar un buen dinero y ellos confiaron en esas personas. Se los llevaron y los asesinaron. Era una mentira y les hacían creer que les iban a dar cartas de felicitaciones, medallas, ascensos...
¿Qué pasó en concreto con su hijo?
Se lo llevaron el 8 de enero de 2008 a las 13:30 de la tarde y lo asesinaron cuatro días después. Tenía 26 años pero era un niño en un cuerpo grande. Recibía educación especial. Nunca pudo aprender a leer ni escribir ni a identificar el valor del dinero. Fue llevado hasta Ocaña Norte de Santander y fue asesinado por la Brigada Móvil número 15, donde le señalaron de ser el jefe de una organización de narcoterrorismo. Aquello fue parte de los grandes resultados que presentaron en ocho años el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y del ministerio de Juan Manuel Santos (2006-2009), nuestro actual presidente, en esa época.
A mi hijo le colocaron un arma de 9mm en su mano derecha pero el tenía una discapacidad en su brazo y pierna derecha. ¿Cómo iba a manipular un arma si mi hijo toda la vida fue zurdo? Después de matarlos, los vestían con uniformes nuevos. Yo les preguntaba ¿por dónde entraron las balas? Cometían una serie de arbitraridades, porque ellos mismos hacían los levantamientos y no pasaba nada, hasta que las madres de Soacha señalaron al Ejército como los asesinos de sus hijos.
¿Cómo se beneficiaban de esas “bajas”?
Nuestro país tiene el Plan Colombia, donde todos los países del mundo inyectan dinero para acabar con el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla. Álvaro Uribe extraditó a sus principales cabezas en Estados Unidos. Para él presentar más resultados, le empezó a pagar a los militares para que esos resultados fueran cada día mayores y empezaron a matar gente inocente que no tenía absolutamente nada que ver ni con partidos ni sindicatos ni nada. Lo que les afanaba era presentar grandes resultados para recibir grandes beneficios.
¿De cuántos jóvenes estamos hablando en todo el país?
Después de trascender el caso Soacha se empezó a hacer una investigación ardua, entre 1980 y 2012, y se vio que en los gobiernos de Betancourt, Pastrana, Samper o Gaviria tambien hubo falsos positivos, pero fueron 45, 75, 120, algo así, pero no con la misma masividad que en el gobierno de Uribe, con más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales a lo largo y ancho del país. En el campo incluso no les importaba la edad: hubo personas con 65 ó 70 años que fueron victimas de falsos positivos. También de regiones completamente olvidades del Estado colombiano, en un país totalmente militarizado donde la gente campesina es manipulable. Además de eso, hay siete bases americanas con impunidad diplomática que así ellos violen y vulneren los derechos humanos en Colombia no se pueden juzgar allí aunque estén prostituyendo a las niñas de cuatro a catorce años que están filmando para vídeos de pornografía, y eso también es lo que ha afectado en cierta forma el proceso en Colombia.
Tenemos una guerra de más de 60 años que ha generado mucho daño a muchas familias. Estamos hablando de ocho millones de víctimas en el país de grupos insurgentes, paramilitares, guerrilla y, sobre todo, las fuerzas estatales, los miembros armados del Estado colombiano, la Policía, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Caballería,...que se supone que son los que juran proteger y salvaguardar la vida del ciudadano colombiano.
¿Qué resultados se han obtenido de las investigaciones de los 'falsos positivos'?
De los gobiernos anteriores, como el desconocimiento de lo que estaba pasando era total, no se dijo nada y hubo exterminio total a familias completas porque el Ejército los amenazaba y los eliminaban para que no hablaran. Para poder descubrir toda esta política sistemática que viene ocurriendo en todo el país, a partir de 2007 empezaron a desaparecer jóvenes en Soacha. Se los llevaban de acuerdo a lo que necesitara el Ejército (de dos en dos, de tres en tres, etc.) porque creyeron que llevándoselos a 20 horas de sus casas, las madres no íbamos a reclamar porque no tenemos recursos.
La mayoría son madres cabeza de hogar y pensaron que nunca buscaríamos a nuestros hijos porque no teníamos cómo. Pero el caso Soacha se convirtió en emblemático porque destapó una olla podrida dentro del Estado colombiano, de las cúpulas militares, y este sistema ocurre en todo el país. Las madres de Soacha logramos encontrar a nuestros hijos en diferentes partes del país, porque nos dimos cuenta de que nuestros hijos fueron abatidos en un supuesto combate y que los hicieron pasar por guerrilleros.
¿Cuántas condenas ha habido por todo ello?
Dentro del caso Soacha, en 2012 condenaron a ocho militares en la ciudad de Bucaramanga. El segundo caso condenado fue el caso de mi hijo, Fair Leonardo Porras Bernal. Fue algo histórico porque fue el primer caso condenado de falso positivo a 54 años de cárcel y reconocido como crimen de lesa humanidad. Los otros casos han sufrido procesos dilatorios. Los militares no quieren asistir a las audiencias y mucho menos ahora en el proceso de paz porque dicen que es un desgaste ir a un juzgado. Prefieren entrar por la justicia transicional que los va a cubrir y condenar a cinco años a ser condenados por la justicia ordinaria a más de 50 años.
Usted fue nominada al Premio Nobel de la Paz de este año, concedido finalmente al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. ¿Cómo ha vivido este proceso?Juan Manuel Santos
La postulación nos cogió de sorpresa. Las víctimas tuvimos que pelear dos años, desde 2012, para que nuestra voz se escuchara y fuéramos tenidas en cuenta en la negociación, que al principio sólo era un proceso entre el Gobierno de Colombia y las FARC. ¿Cómo se iba a hacer un proceso de paz si no estaba la voz de las ocho millones de víctimas en Colombia? Me hubiese gustado que los ocho millones de víctimas pudieran haber llegado a La Habana, pero fue imposible y eligieron 60 personas para cinco delegaciones. Yo representé a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Para la postulacion, además de Santos y Timochenko, eligieron a cinco víctimas (José Antequera por el genocidio de la Unión Patriótica; Constanza Turbai como única superviviente de su familia asesinada; Ginel Bedoya, periodista, secuestrada y violada, que representó a las mujeres agredidas sexualmente en Colombia; y Leiner Palacios, que representó a las víctimas de la masacre de Bojayá).
¿Qué le parece que se premiara a su presidente?
Eramos siete personas las postuladas pero, al haber perdido el plebiscito y haber ganado el “no”, lo premiaron solamente a él. Creo que el Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos es una forma de presionarle para que sus acuerdos con las FARC lleguen a un feliz término e iniciar un proceso de paz largo y duradero.
¿Confía ahora en ello con el nuevo acuerdo de paz?
Bueno, yo sé que Juan Manuel Santos es uno de los responsables de tantos jóvenes desaparecidos y asesinados en el país. Como ministro de Defensa tuvo una responsabilidad muy grande, pero creo que su estrategia en su gobierno ha sido que creía que las FARC le iban a pedir indulto y amnistía, para él y para sus hombres. El error que cometió fue haber firmado el acuerdo de La Habana y hacer después el plebiscito. Fue el error más grande que él pudo haber cometido. Primero debió haber sido el plebiscito y después la firma de los acuerdos. Creo que nunca debió poner un plebiscito para que personas que no conocen realmente el proceso y que no fueron afectadas por una guerra absurda tomaran la decisión.
Ahora, en esta segunda vuelta, puede haber un feliz término. Preferimos unos malos acuerdos pero que haya realmente un proceso de paz por el daño causado en 60 años y el exterminio total. Para nosotros es muy triste ver, a pesar de la presión que hemos hecho, que no hay un reconocimiento pleno y amplio de parte del Estado y de las cúpulas militares por haber cometido los falsos positivos. No están plenamente visibilizados dentro de los acuerdos, pero tenemos que empezar por algo.
Su lucha no le sale gratis, porque ha recibido amenazas, ¿verdad?
Las amenazas empezaron en 2009 muy fuertes. Hay una madre a la que asesinaron un segundo hijo por investigar quién se llevó a su hermano. A mí me han perseguido, y a mi hijo mayor, que tiene 35 años. Las amenazas me obligaron a sacar a mis hjos de mi casa. Una ruptura total de un núcleo familiar. Me dijeron que la muerte de mi hijo iba a ser en vano y que me tenía que callar, pero ellos decidieron protegerse y apoyarme. Se fueron de la casa y me pidieron que no desistiera. Es una oportunidad que la vida me ha dado. A pesar de las amenazas, la persecución, el seguimiento, ni la Fiscalía ni el Ministerio han jugado un papel fundamental en la protección de las madres de Soacha.
¿Merece la pena esta lucha hasta el final?
Hemos visibilizado el caso a nivel nacional e internacional, y hemos dejado constancia en La Haya y en muchos países donde hemos advertido la responsabilidad del Estado colombiano si a alguna madre de Soacha o de otro lugar le ocurre algo parecido. No somos víctimas de la insurgencia sino de crímenes de Estado directamente. La lucha no ha sido fácil, pero como madres tenemos la fortaleza y ese amor que nos queda de ellos para seguir luchando, no solamente por nosotras sino por miles de madres, hermanas, esposas, hijas, que están sufriendo este problema en todo el país y que por miedo, por amenazas o porque no encuentran la forma de cómo hacerlo. Mínimanente hacemos una denuncia de lo que está ocurriendo en todo el país.
A su hijo no se lo devolverá nadie pero ¿cuándo sentirá que su lucha ha acabado?
Lo que nosotros esperamos es saber la verdad, que haya una reparación integral para todas las víctimas que han sufrido esta violación a los derechos humanos, que haya una garantía de no repetición y que haya justicia social. En el caso de mi hijo ya se condenaron los hechos y se tiene que utilizar como precedente en todos los casos, pero la lucha de nosotros, la lucha mía, continuará hasta que tenga el último aliento de mi vida. Ese día dejaré de luchar. El día que yo me calle será porque ya no tenga fuerzas. Mientras yo hable, mi hijo estará vivo, estará en la memoria de todo el mundo. Yo parí a mi hijo, pero mi hijo me parió para una lucha, para toda la lucha de un país.